CONSTITUCION

El ideario de la Constitución de 1863 no ha muerto

El 8 de mayo de 1863, se promulgó en Rionegro (Antioquia) la Constitución de 1863.

“La Constitución de Rionegro ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la Humareda”, dijo el 10 de septiembre de 1885, desde el balcón del Palacio Presidencial, el entonces presidente Rafael Núñez.

Esta conocida frase sintetizó el triunfo de la Regeneración sobre el Liberalismo Radical, tras la Batalla de la Humareda de 1885. De paso, supuso un cambio de paradigma constitucional a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1886, que rigió los destinos de nuestro país –con algunas reformas– hasta la reciente Constitución de 1991.

Ese cambio de paradigma amerita reflexión, porque es enriquecedor mirar hoy, en pleno siglo XXI, dos Constituciones que, aunque derogadas, expresan el péndulo en el que se ha movido nuestra historia. Sin caer en el fundamentalismo de considerar que la historia constitucional de nuestro país debió haberse estancado en 1863, máxime porque todas las Constituciones del siglo XIX reproducían la lógica de los vencedores contra los vencidos –a diferencia de lo que ocurrió con la CP de 1991–, sí se debe recordar que los cambios constitucionales del siglo XIX suponían concepciones diferentes del ser humano, de la organización estatal, del ejercicio de derechos y libertades, de las relaciones centro-periferia, las cuales siguen siendo en nuestros días fuente de posiciones disímiles y de debates dentro de la sociedad civil.

Luego de la guerra civil de 1860-1861 se propició el escenario para un ambiente constitucional más apropiado para impulsar la llamada Revolución Liberal de medio siglo iniciada en 1849. La Constitución de 1843 era conservadora y las de 1853 y 1858 no eran lo suficientemente liberales. Mediante la Constitución de 1863 o Constitución de Rionegro, proclamada en esa ciudad el 8 de mayo de ese año, se avanzó en la consagración del ideario liberal.

Entre 1863 y 1991, es decir durante 128 años, Colombia tuvo dos Constituciones, la primera –la de 1863– por 23 años y la segunda –la de 1886– por un espacio de 105 años. No en vano el tiempo marca improntas muy profundas: la Constitución de 1863 perduró durante menos de una generación y la de 1886 por cerca de cuatro. ¿Qué se dispuso en 1863 y que se abolió en 1886? ¿Hasta dónde la concepción de nación formulada por la Constitución de 1886 que perduró por más de un siglo cegó y segó principios fundamentales que se consagraron en 1863 y que ahora vuelven a estar a la orden del día? ¿Cómo es posible que lastres anacrónicos impidan o debiliten conquistas sociales y políticas de diferente tipo que el país ya había logrado desde hace más de 150 años?

La Constitución de 1886, cuyos padres fueron Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, trajo a nuestro país los principios del Movimiento de la Regeneración: un Estado centralista, autoritario, vinculado orgánicamente con la Iglesia católica y restrictivo de las libertades públicas. En efecto, los Estados soberanos pasaron a ser departamentos sometidos al férreo centralismo administrativo en donde los gobernadores eran nombrados por el presidente; se permitió el uso indiscriminado y permanente de los estados de excepción en los cuales el presidente adquiría plenos poderes en desmedro del poder Legislativo; se dispuso que la religión católica era “la de la nación” y se le otorgaron a esa iglesia todas las prerrogativas, aumentadas poco después con el Concordato de 1887; este esquema se llevó a la educación pública, de manera que se eliminó la lectura de autores modernos para la época como Spencer y se retornó a la tomística y escolástica coloniales, hasta el punto que en la Universidad Nacional se impartió obligatoriamente la clase de religión; se impuso la censura de prensa y el exilio para los críticos del Gobierno.

Al contrario, la Constitución de 1863, tuvo un carácter liberal, laico y federal. Los Estados Unidos de Colombia, como se llamó el país a partir de 1863, establecieron una confederación de nueve Estados soberanos con una gran autonomía en la cual pocas funciones correspondían al Gobierno Central y las demás a los Estados que integraban la federación. Cada Estado tenía rentas, potestad legislativa y gobierno propio debiendo ser, eso sí, “popular, electivo, representativo, alternativo y responsable”. Los nombramientos de los secretarios de Estado (hoy ministros), de los agentes diplomáticos y de los jefes militares se sometían a la aprobación del Senado, que también elaboraba una lista de candidatos para que el Presidente eligiera el General en Jefe del Ejército nacional. En un tema que es de vital importancia en nuestros días, los Estados tenían a su cargo la conservación de la paz en sus territorios, y para ello podían tener fuerza pública, permitiéndose la existencia de políticas regionales de paz, lo cual en estos momentos parece impensable, incluso subversivo. Se consagró un Estado laico respetuoso de la libertad religiosa, totalmente separado de la autoridad de la Iglesia católica; se estableció un catálogo de libertades individuales que situó a Colombia a la vanguardia jurídica y política de la época en donde, por ejemplo, se consagró la libertad de palabra, la libertad “absoluta” de prensa, la de pensamiento; se incorporó el derecho de gentes a la legislación nacional para poner término a las guerras civiles por medio de tratados entre los beligerantes –no se les llamaba delincuentes o enemigos–, con la advertencia de que “deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas”; se eliminaron privilegios y distinciones como la del fuero para los sacerdotes; se abolió la pena de muerte; se consagró la libertad de enseñanza bajo criterios científicos y modernos y se creó en este periodo la Universidad Nacional; se contempló la abolición de monopolios y se instauró el libre cambio económico.

Para ilustrar la diferencia del escenario constitucional y del talante presidencial entre los radicales de 1863 y los regeneradores de 1886, valga este ejemplo: en 1872 un amigo preocupado le informó al presidente Murillo Toro sobre la aparición de un periódico de oposición. Su respuesta fue la de disponer la compra de cien suscripciones de ese periódico para los principales funcionarios públicos, porque, expresó, “siempre he creído que la prensa libre es un poderoso auxiliar de los gobiernos democráticos y que los consejos que callan los amigos, los dicen los adversarios”. A diferencia de esta actitud pluralista y tolerante, durante los gobiernos de Rafael Núñez y Miguel Antonio

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