Controversias Y Veredicto Constitucional

La división territorial ocasionó discrepancias locales que se manifestaron en la prensa, aunque le correspondía la responsabilidad al Congreso de la Unión del pronunciamiento definitivo. Los periódicos de la ciudad de México acogieron artículos remitidos en favor y en contra de la creación de un nuevo estado. La dirección del problema se puso en manos, como correspondía, de los diputados federales que resultaron electos en 1861, cuyos nombres se publicaron el 10 de febrero: por el primer distrito electoral, Tomás Aznar Barbachano, propietario y, suplente, Rafael Dondé; por el segundo, Juan Carbó, propietario, y, suplente, Joaquín Gutiérrez de Estrada. Sin embargo, conforme a la ley electoral vigente las diputaciones de Campeche eran el cuarto y el quinto distritos del estado de Yucatán, y no primero y segundo de Campeche. Esta cuestión fue la primera dificultad, pues el 30 de mayo de 1861 se aprobaron sus credenciales; y en la sesión del 1º de junio Aznar Barbachano solicitó a la asamblea la rectificación de la mención que se hacía de su persona como diputado por Yucatán, cuando lo era por Campeche. De inmediato el diputado Suárez Navarro señaló que la Constitución Federal no reconocía al estado de Campeche, por lo que no había lugar a la corrección solicitada. Aznar Barbachano replicó que la separación de Campeche era un hecho consumado que el gobierno mismo había reconocido en distintas ocasiones, y, a mayor abundamiento, indicó que los representantes populares no lo eran del estado, sino del pueblo del distrito que les había otorgado el voto. También dijo que ya que no se le reconocía como diputado por Campeche, no se dijera que lo era por Yucatán.

Aznar Barbachano no esperó mucho tiempo para obtener respuesta. La Secretaria de la Cámara procedió a dar lectura al dictamen de la Comisión de Poderes por el que se aprobó su elección, pero como representante por el estado de Yucatán. Nuevamente subió a la tribuna Suárez Navarro para decir que el gobierno no tenía facultad constitucional para admitir nuevos estados en la Federación y expuso que la erección del de Campeche había sido obra del gobierno conservador de Félix Zuloaga. El presidente de la Cámara, Gabino Bustamante, dio por terminada la discusión y se aprobó el acta de la sesión del 30 de mayo de 1861, por la que la diputación campechana pertenecía formalmente a la representación yucateca. En la sesión del 5 de julio, los diputados Aznar Barbachano y Carbó hicieron una proposición, también suscrita por las diputaciones de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, solicitando se erigiese en estado el distrito de Campeche, iniciativa que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Parecidas gestiones siguió realizando la diputación de Campeche para agrupar simpatías en busca de un dictamen favorable. Pero la representación yucateca, formada por los diputados Nicolín, Suárez Navarro y Arredondo, hacía gestiones diferentes, y en la sesión del 19 de julio presentó una proposición para que se hiciera una proclamación declarando anticonstitucional y violenta la escisión de Campeche del estado de Yucatán. Consecuencia de todo lo anterior fue que en la sesión del 30 de julio, al nombrarse la diputación permanente con un representante por cada estado, se excluyó a Campeche.

El segundo periodo de sesiones ordinarias se inició el 30 de agosto de 1861. Para ese entonces el Ministerio de Gobernación tenía en su poder una obra compilada por Aznar Barbachano y Carbó: Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en estado de la confederación mexicana al antiguo distrito de Campeche. Fue un trabajo de carácter histórico y esencia política sobre las diferencias que desde la época colonial habían tenido los dos estados, sustentado en 59 documentos. Tuvo tendencia orientadora, aunque tampoco fue tomado como testimonio único, por lo que el secretario de Gobernación, Francisco Zarco, solicitó el 9 de marzo de 1861 al general y diputado Juan Suárez y Navarro que formulara un estudio sobre el problema peninsular según tres consideraciones: la escisión, las causas de los frecuentes cambios políticos y la venta de indígenas a Cuba como esclavos. El siguiente 12 de abril Suárez entregó al ministro Zarco un Informe sobre las causas y carácter de los frecuentes cambios políticos ocurridos en el Estado de Yucatán y medios que el gobierno de la Unión debe emplear para la unión del territorio yucateco, la restauración del orden constitucional en la Península y para la cesación del tráfico de indios enviados como esclavos a la isla de Cuba. Fue un punto de vista diferente, pero que tampoco satisfizo al gobierno de la Federación, pues lo estimó como unilateral. Por ello, en un intento de agotar las fuentes de consulta, el Ministerio de Gobernación pidió el 12 de julio de 1861 la opinión de la Legislatura de Yucatán, la que respondió el 2 de agosto reprobando el reconocimiento, pues además de que Campeche no reunía el censo poblacional que exigía la Constitución,

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