Convencionalidad De Las Personas Con Discapacidad

1. Introducción:

Este ensayo analiza de manera breve un instrumento internacional en materia de derecho humanos celebrado por el estado mexicano, la finalidades de este ensayo, es entender como como un instrumento internacional puede modificar las vidas de las personas que protege; a raíz de las reformas constitucionales en materia de derecho humanos y juicio de amparo, han aparecido groupies, en la feliz expresión de Rodrigo Díez, descrita en su artículo que se publicó en el portal de noticias Animal Político el día 29 de Agosto del presente año, la cual le tomaremos prestada, esta expresión se toma para identificar a todos las personas que opinan fervientemente sobre las forma en que se debe de interpretar en especial la nueva reforma en materia de derecho, ya sea en redes sociales, foros o bien desde artículos en revistas del medio jurídico, pero en pocas ocasiones las opciones y los análisis versan sobre la aplicabilidad de estos instrumentos internacionales en el Estado Mexicano, Por lo cual esta es la finalidad de este ensayo, bajo la premisa de que si un Instrumento Internacional NO puede ser aplicado, o dicha vagamente aterrizado a la realidad, todos los derechos reconocidos a la población del Estado Mexicano por medio del Instrumento Internacional , por mejores reformas constitucionales realizadas, solo contribuiría a la llamada obesidad legislativa, y por lo tanto en una inoperancia jurisdiccional y administrativa.

Respecto a este punto es necesario dejar claro que el estado mexicano no es solo su función jurisdiccional, ya que en este BUM de derechos humanos (recordando al gran movimiento Latinoamérica de literatura) , solo se habla de un control de convencionalidad en el sentido jurisdiccional, de manera personal considero que también existe un control de convencionalidad en materia de Administración Pública, ya que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro independientemente de los tipos de hermenéuticas que puedan llegar a existir:

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACION DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY.

Y como autoridades deben de entenderse todos los integrantes de los poderes públicos, ya sea poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, por lo cual yo considero que debe existir un control de convencionalidad en la Administración Publica, y que sea esto un equilibro entre las facultades de la autoridad y los gobernados, siempre respetando los derecho humanos, por lo cual este ensayo busca identificar las acciones y obligaciones que tiene que cumplir las autoridades administrativas en base a los instrumentos internacionales.

Bajo esta premisa, en la medida que se puedan o no aterrizar al diario de las personas los derechos humanos, no tienen ningún sentido, por lo cual apegado a esto y forzándome a realizar un ensayo apegado a la realidad, el instrumento internacional a analizar es la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacitadas.

¿Porque la elección de esta convención? creo que es relevante responder esta interrogante, en meses anteriores le he dado seguimiento al Caso Ricardo Adair, el cual consiste en lo siguiente:

¨Ricardo en un joven mexicano de 24 años de edad que fue diagnosticado con síndrome de Asperger (discapacidad intelectual) en 2007, y que vive bajo la tutela de sus padres debido a que hace cinco años fue sometido a un juicio de interdicción por considerarlo “incapaz” de tomar sus propias decisiones , Por esa razón, en 2011, Ricardo Adair, sus padres, la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. y el Centro Estratégico de Impacto Social, A.C., promovieron ante el juez de primera instancia una demanda de amparo para que se declarara inconstitucional los artículos 23 y 450 del Código Civil del Distrito Federal, que regulan el juicio de interdicción. Específicamente alegaron que el referido juicio y, por ende, la tutela, restringen casi por completo la capacidad de Ricardo para hacer valer sus derechos por sí mismo e inhibe al máximo el goce de su personalidad.

El

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