Derechos de los pueblos originarios
Enviado por kioshi • 25 de Julio de 2021 • Informes • 1.328 Palabras (6 Páginas) • 246 Visitas
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FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD POLITICA
DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
INDICE
1 Introducción 3
2 Derechos de los pueblos originarios. 4
3 Análisis 6
4 conclusión. 7
5 bibliografía 8
Introducción
En este informe se hablará sobre los derechos humanos de los pueblos originarios quienes cuentas con muy pocas leyes o derechos a diferencia con la sociedad, estas personas buscan igualdad para el pueblo y las creencias originarios. Se realizará un análisis sobre este tema de los pueblos originarios y sobre la Ley N° 19.253 de 1993 sobre “fomento, protección y desarrollo de los indígenas”, que aun sigue vigente.
Derechos de los pueblos originarios.
Los pueblos indígenas de Chile son los pueblos amerindios y uno polinesio que habitan o habitaron el actual territorio de ese país desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. De estos pueblos prehispánicos, varios han seguido existiendo hasta el siglo XXI, pero otros se han extinguido o han sufrido disminuciones irreversibles en sus poblaciones porque sus miembros abandonaron su cultura y se integraron a la cultura dominante, o porque murieron a causa de nuevas enfermedades, guerras y genocidio. En la actualidad, el Estado chileno reconoce oficialmente la existencia de diez pueblos aborígenes. En el censo de 2017, 2.185.792 personas se declararon indígenas, lo que correspondió al 12,8% de la población total chilena. El más numeroso grupo es el mapuche, seguido de los pueblos aimara, diaguita, atacameño, quechua, rapanui, kolla, kawésqar, chango y yagán.
Los integrantes de los pueblos indígenas se enfrentan a distintas formas de discriminación racial y social. en promedio son más pobres y tienen mayores tasas de desempleo y analfabetismo que el conjunto de la población chilena.
Los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en Chile tratan de derechos humanos que son diversos, uno de ellos es el desconocimiento jurídico-político del que son objeto como pueblos en constitución política de 1980. Aprobada en dictadura, la cual esta carta ha sido objeto de numerosas reformas introducidas desde la recuperación de las democracias en 1990. Aun así, esta sigue sin considerar la existencia de la pluralidad de pueblos que habitan en el país y, menos aún, los derechos colectivos que les corresponden como tales. Se trata de una problemática central que, en el marco del proceso constituyente hoy en marcha, ha motivado la reivindicación del reconocimiento del Estado chileno como plurinacional de manera transversal en las organizaciones representativas de estos pueblos.
En el plano legislativo, la Ley N° 19.253 de 1993 sobre “fomento, protección y desarrollo de los indígenas”, sigue vigente, a pesar de no condecirse con el estándar del derecho internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio, los recursos naturales –como el agua y los recursos del subsuelo– y en materia de participación y autonomía política.
En cuanto a la Ley N° 20.249 de 2008 sobre “espacios marinos costeros de los pueblos originarios”, su implementación sigue siendo mínima manteniéndose la desprotección frente al uso industrial de dichos espacios por empresas pesqueras.
Chile ha sido durante las últimas dos décadas la economía que mayor inversión externa ha recibido en la región en proporción a su población, inversión que se ha canalizado mayoritariamente en industria relacionada a la explotación de recursos naturales. Demostrativo de ello es el hecho que un 74.6% de las exportaciones de Chile al 2014 se concentraban en tres rubros relacionados con dichos recursos; minería con el 62% del total exportado, industria celulosa y madera con el 8% de dichas exportaciones, y salmonicultura con el 4.6% del total. Ello ha tenido enormes implicaciones ambientales y sociales para los territorios en que tales actividades se desarrollan, los que se sobreponen de manera sustancial con aquellos de ocupación y habitación tradicional indígena, y que por lo mismo, son reivindicados por sus comunidades
todo ello, como era previsible, ha generado serios conflictos con pueblos indígenas. Tal como constata el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su Mapa de Conflictos Socio Ambientales, al 2015 existían un total de 102 conflictos socioambientales, mayoritariamente vinculados a proyectos de inversión en energía (28) y minería (18). De ellos más de un tercio (39) involucraban territorios indígenas. Entre los derechos humanos que dichas inversiones o proyectos afectaban se encuentra el derecho al medio ambiente (95), el derecho al agua (50), y el derecho a la participación y consulta indígena (35).
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