Despegue Cafereto

La Guerra de los Mil Días, con la cual se abrió Colombia al siglo XX, fue sin duda la conflagración civil más larga y cruenta y la de más devastadores efectos para la economía nacional. Don Jorge Holguín, seguramente exagerando, estimaba en 180.000 el número de muertos y en 25 millones de pesos oro los costos ocasionados por la contienda, aparte de lo que significaba para la producción la leva de hombres, la interrupción de los transportes y el abandono de los campos en las regiones azotadas por la guerra.

La todavía incipiente economía cafetera, que desde 1870 había empezado a prosperar, especialmente en Cundinamarca y los Santanderes, que a fines del siglo XIX producían poco más del 80% del café colombiano, se vio particularmente afectada, justamente porque fueron aquellas regiones las que se convirtieron en el principal escenario de las actividades bélicas. Ello se sumó a la severa depresión del sector externo iniciada poco antes del comienzo de las hostilidades y ocasionada por el deterioro en el precio de las exportaciones, lo que por supuesto arrastró consigo las finanzas del Estado, que dependían básicamente de los ingresos aduaneros, colocando al gobierno ante una situación fiscal que el propio Ministro de Hacienda de entonces calificaba de “aterradora”.

No menos gravosa fue la forma de financiar la guerra. El gobierno emitió un decreto que autorizaba a la junta de emisión “para que emita y ponga a disposición del gobierno las cantidades que el gobierno necesite para atender el restablecimiento del orden público”. En poco más de dos años se emitieron más de mil millones de pesos, lo que llevó el cambio extranjero a proporciones descomunales: desde el 412% a comienzos de la guerra al 18.900% en octubre de 19021. Por supuesto, los precios de los víveres y artículos de primera necesidad se desbordaron, a tal punto que en 1901 el gobierno decretó la importación de víveres durante la contienda, hasta 60 días después en su terminación. Se encarecieron también las tarifas de transporte, en el de mulas por su escasez, en el fluvial por la pérdida de barcos (de 40 barcos existentes en el río Magdalena al comenzar las acciones, sólo quedaban 18 en 1902) y por supuesto las del ferrocarril. Las haciendas cafeteras, que habían constituido el núcleo más dinámico del incipiente desarrollo del país durante los últimos treinta años del siglo XIX, y entre 1896 y 1899 debieron soportar el descenso de precios del café a la mitad de lo que habían sido durante los primeros cinco años de la década, se vieron agobiadas aún más por el conflicto: la interrupción de los transportes, el encarecimiento de los fletes, el reclutamiento forzoso de trabajadores para formar los ejércitos o el abandono de los campos para eludir aquel reclutamiento, acabaron afectando no sólo las cosechas sino la organización misma de las haciendas, apoyadas sustantivamente sobre la fuerza de trabajo. Las haciendas comenzaron a producir a pérdida y en muchos casos la producción de café se volvió puramente marginal. Al término de la guerra, pues, el país quedó en ruinas, con una economía cafetera agobiada tanto por la crisis externa como por el propio conflicto, con un sistema de transporte, de por sí precario, desvertebrado casi por completo, deshechas las finanzas públicas, el cambio exterior y la circulación monetaria, y desbordados por entero los precios.

Merced a este caos, las escasas fábricas de manufacturas, que habían logrado prosperar en Bogotá y en Tunja, lo mismo que las industrias textiles de Santander, prácticamente desaparecieron, o quedaron semiparalizadas. Sin embargo, a la destrucción escapó la mayor parte de la región occidental del país y en particular Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca. Será preciso retener este hecho, ya que en adelante el eje de la producción cafetera se desplazaría paulatinamente de Cundinamarca y Santander a la región occidental, al tiempo que Antioquia vería el surgimiento de una vigorosa industria textil.

La reconstrucción económica y política del país no era fácil. El Congreso de 1903, abocado a esta tarea, comenzó por reformar el sistema monetario adoptando el patrón oro, creó la junta de amortización, encargada de fijar periódicamente la tasa de cambio del papel moneda, reordenó el presupuesto público y la dispersa y confusa legislación aduanera y arancelaria e inició algunos intentos proteccionistas que, aunque tímidos, insinuaban ya las nuevas orientaciones del país para los años siguientes. Sin embargo, la gran meta de la reconstrucción estuvo a cargo de Rafael Reyes, quien adoptó una nueva política económica sustentada sobre la centralización fiscal, el proteccionismo y el impulso estatal a las actividades empresariales.

Imbuido de un espíritu más pragmático que el de sus antecesores y apoyado por sectores sociales que comenzaban a consolidarse alrededor del comercio exterior y, por supuesto, con un espacio de acción más amplio, fruto del cambio en las relaciones de los partidos y de la “paz negociada” con que concluyó la guerra, Reyes operó un cambio marcado en la atmósfera del país, no sólo al colocar en un plano distinto la pugna política sino al suscitar interés por las empresas de vuelo. “En cierta manera se había invertido la fórmula de los radicales: no se trataba de que la libertad nos trajera el progreso sino más bien de que el progreso nos trajera la libertad”;2 en otros términos, se trataba de un proyecto político en el que se esperaba que el desarrollo económico fuera lo suficientemente sólido como para que modificara las instituciones políticas que más de medio siglo de guerras civiles no habían sido capaces de modificar.

Además de las reformas políticas y administrativas tendientes en parte a debilitar los centros regionales de poder y a institucionalizar la representación del liberalismo en el gobierno, Reyes encaminó la gestión estatal a la búsqueda de una sana administración fiscal, la estabilización del sistema monetario y el regreso al patrón oro, la restauración del crédito de Colombia en el exterior y la atracción del capital extranjero, al tiempo que mejoraba el sistema de transportes y estimulaba la agricultura de exportación, no sólo de café sino de otros productos como el azúcar y el banano. Sin duda, la prioridad de la reconstrucción debía empezar por el orden monetario. La Ley 33 de 1903, que había establecido el peso oro como unidad monetaria, fue complementada con la Ley 59 de 1905, que fijó el tipo de cambio del papel moneda en 10.000%, estabilizando así su valor. La conversión del papel moneda, sin embargo, fue lenta y sólo vino a conseguirse cabalmente en 1923 con la creación del Banco de la República. Con todo, los pasos acometidos

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