Década Infame (Argentina)

Ruptura del orden institucional en Argentina

Esa es una crisis estructural, nacional, orgánica y, en consecuencia, de legitimidad, de participación, de identidad, de distribución y de dependencia, que deteriora valores básicos de la sociedad y altera las mentalidades colectivas. El golpe de Estado de 1930 es más una respuesta a la frustración de expectativas, que a una situación de miseria profunda. La existencia de una crisis integral, es decir, la generalización de tendencias disruptivas en los diversos ámbitos de la vida nacional, no únicamente el económico.

En el ámbito político, la intervención federal de la que hace uso el yrigoyenismo como instrumento de convivencia política para oponer la causa al régimen a través de la reparación, la recurrencia al ejército para aplicar esa política reparadora, la reacción del Presidente Hipólito Yrigoyen frente a la interpelación parlamentaria, generan los efectos no queridos por la democracia puesta en práctica por un movimiento político que representa esencialmente a los sectores medios de la sociedad argentina.

Suelen reconocerse dos tendencias o líneas dentro del movimiento revolucionario que derrocó a Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930. Ambas coincidían en el objetivo prioritario: eliminar los vicios propios de una democracia demagógica y corrupta, encarnada en la figura del caudillo radical. Las separaba fundamentalmente su proyecto político.

El sector que acompañaba a Uriburu, si bien minoritario, estaba constituido por hombres que representaban el conservadurismo tradicional y militantes del nacionalismo. Antiliberales, admiradores de autoritarismos europeos, proyectaban la reforma de la Constitución, la disolución de los partidos políticos, la imposición de un sistema de voto calificado en lugar de la Ley Saenz Peña; organizar un sistema corporativo de representación funcional.

El 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe de estado. El general José Felix Uriburu al frente del Poder Ejecutivo, asesorado por nacionalistas de derecha y acompañado por un vicepresidente y un gabinete integrado por hombres del conservadurismo tradicional.

En un primer momento, las promesas de Uriburu le habían granjeado la buena voluntad de partidos que incluso se habían manifestado contrarios a la intervención militar. Socialistas y demócrata-progresistas se habían dispuesto a convivir con el nuevo régimen. Sin embargo, la decisión de promover una serie de reformas constitucionales que modificaría el sistema electoral y representativo, precipitó un proceso de división política. El apoyo de Uriburu se redujo con el tiempo a los militares, los nacionalistas y los pequeños grupos conservadores.

A los pocos meses comenzó la reorganización de la oposición. A comienzos de 1931 el radicalismo se reorganizaba y se convertía en el principal opositor del gobierno de facto.

Sin rumbo fijo, el presidente aceptó la estrategia de su ministro del Interior, Sánchez Sorondo, de llamar a elecciones provinciales sin recurrir a la proscripción del radicalismo. Esa táctica, destinada a legitimar al gobernó surgido del golpe, se sustentaba en la creencia de falta de popularidad así como de la debilidad del radicalismo. Los radicales unieron sus fuerzas y conformaron la fórmula Honorario Pueyrredón (yrigoyenista)- Mario Guido (anti personalista), que realizó una importante campaña electoral. El 5 de abril de 1931 se llevaron a cabo las elecciones en Buenos Aires y triunfó la fórmula radical.

El resultado de los comicios marcó el principio del fin del gobierno de Uriburu y el comienzo de una larga década marcada por el frauda electoral. Se anulan las elecciones y Alvear es obligado a marchar al exilio. Sin apoyos, Uriburu convocaba a elecciones generales para el mes de noviembre.

Socialistas y Demócrata-Progresistas constituyen la Alianza Civil, compuesta por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Los grupos conservadores, junto con el socialismo independiente y el radicalismo anti personalista conformaron la Concordancia. Esta coalición eligió como candidato presidencial al general Agustín P. Justo, acompañado por Julio A. Roca. Justo contaba con el apoyo del Ejército, grandes exportadores y los medios de prensa. El radicalismo había elegido como candidatos a Alvear-Güemes pero el gobierno de Uriburu impidió la presentación de la fórmula. Ante este acto de proscripción la UCR volvió a recurrir a la abstención electoral. La Concordancia gana las fraudulentas elecciones.

Se produce la restauración conservadora. El Presidente encabeza un Estado jerarquizado y antiliberal. El presidente Justo quiere un ejército apolítico, profesionalista, al servicio del gobierno constitucional.

En 1936, el gobierno justista se consolida, y cuando el radicalismo se apresta a colaborar con el régimen, ante la oposición de la FORJA. Los radicales alvearistas obtienen varias bancas en perjuicio de la Concordancia, comienza su trabajo por una sucesión presidencial que le permita retornar al poder. El hombre elegido es un ex radical: Roberto M Ortiz acompañado por Ramón S. Castillo.

La crisis de la economía agroexportadora, el sistema financiero y el intervencionismo de Estado

El Estado de los raños treinta replantea su papel en busca constante del equilibrio social y económico en una sociedad. Dirigismo estatal e industrialización son las características de esta década que recibe el impacto de la crisis internacional y suma sus efectos a las dificultades internas vinculadas con el agotamiento de la frontera agropecuaria.

La Argentina, como todos los países agroexportadores de bienes primarios, al depender su economía precisamente de las exportaciones, demostró escasa capacidad para superar rápidamente la crisis. Uno de los problemas que radicaba durante los años de la depresión el movimiento internacional de capitales se había reducido. Esta reducción desembocó en la quiebra del sistema multilateral y la adopción de políticas dirigistas y proteccionistas con un rol fundamental por parte del Estado.

La brusca caída de los precios internacionales agrícolas (desde 1926) afecta negativamente el sector rural. Se produce un retraso en la tasa de crecimiento; pérdida de importancia de las exportaciones; reducción de la tasa de inversión, aumento de la desocupación; reducción en las importaciones y desarticulación del comercio exterior que se liga ahora al bilateralismo.

El Estado toma intervención directa en las finanzas y en la economía. En 1931, se implanta el control de cambios en la Argentina; un instrumento selectivo para frenar las importaciones.

La ambigüedad de la política económica justista. Entre 1935 y 1945 el valor de la producción industrial se triplica, al amparo de las medidas tomadas por el Estado. Entre 1930 y 1934 la agricultura de exportación sufre los efectos más fuertes de la crisis en un contexto de estancamiento rural que no afecta el volumen de producción pero sí los precios.

Como parte de diversas medidas estatales que procuran aumentar la eficiencia agraria, reduciendo costos e incrementando rindes, se promueve la construcción de una Red General de Elevadores de granos, se alienta la tipificación de los cereales sobre standard y se organiza el crédito agrario.

En 1933 se hace evidente la sostenida declinación en los precios de los granos. Justo crea la Junta Reguladora de Granos con el propósito de tonificar el mercado agrícola y adecuar la producción a la demanda. Creación de un número importante de organismos reguladores de la producción, con amplísimas funciones. Estos organismos podían controlar la elaboración y comercialización de los productos, almacenarlos, fijar precios, limitar la producción, limitar la superficie cultivable, fijar épocas de cosecha, etc. Se construyeron para la defensa de los grandes productores, utilizando el mecanismo de restringir la oferta para mantener el nivel de los precios, y no para garantizar el abastecimiento de la población.

Entre 1933 y 1934 las exportaciones de carne congelada y en conserva aumentan. Aumento de consumo interno y la mejora en la calidad de los novillos acompañan el proceso ganadero. A partir de este año se inicia la recuperación en el sector agrario a causa de los mejores precios internacionales de los productos agrícolas y las medidas internas de ajuste económico. En 1935, el Banco de la Nación Argentina, insiste en la importancia del crédito agrario para lograr la subdivisión de la tierra en parcelas accesibles al productor, mediante el préstamo hipotecario y la protección del crédito habilitador.

El gobierno nacional se empeña en el fomento del cooperativismo agrario. El Banco de la Nación les otorga dos tipos de préstamos.

La etapa próspera de la agricultura se mantiene hasta 1937, cuando se reitera nuevamente una época recesiva. Período 1933-1938 el agro recibe subsidios estatales para su sostén y recuperación. Con el estallido de la segunda guerra, la agricultura cereal es afectada.

En 1940 se sanciona la ley de colonización nacional que incorpora la concepción de que la tierra tiene una función social. Esa ley rige las condiciones de colonización nacional con un propósito esencial: ejecutar un plan agrario destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores. El Consejo Agrario Nacional es creado para hacer posible la aplicación de esta ley.

En 1942 se dicta la ley de emergencia que dispone la reducción obligatoria de los arriendos en dinero y en especie, así como la suspensión de desalojos,

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