EL CASO DE PINICHE
MANUEL09108017 de Noviembre de 2012
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El juicio a Pinochet
Jorge Arrate, presidente del Partido Socialista de Chile y ministro en varios gobiernos
post-Pinochet; presidente de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales de Chile (LA
VANGUARDIA, 12/01/05)
Acaba de llegar a su fin la batalla judicial acerca de si condenar o no al ex dictador
de Chile, Augusto Pinochet. Tras estudiar largamente los informes médicos sobre la salud de
Pinochet, el juez Juan Guzmán determinó que está mentalmente apto para ser enjuiciado
por nueve secuestros y un homicidio. La Corte Suprema chilena ha respaldado esa
resolución. Todos esos crímenes se cometieron durante la operación Cóndor, un plan de
coordinación entre los dictadores latinoamericanos para eliminar físicamente a sus
opositores de izquierda.
El juez Guzmán también dictaminó que el ex dictador no está demente y que puede
discernir entre el bien y el mal. Esto tiene una importancia fundamental, ya que Pinochet ha
tratado de negar su capacidad intelectual para ser juzgado. El reciente accidente vascular
que lo envió a un hospital militar, donde recobró la conciencia y las facultades motoras,
dará excusas para solicitar nuevos exámenes médicos y demoras, a medida que avance el
procesamiento judicial.
Pero los esfuerzos de Guzmán por hacer que el dictador se presente ante la justicia
no deben quedar aislados. Otros jueces y entes oficiales deben sostener la presión sobre
Pinochet.
Por ejemplo, es mucho lo que aún queda por saber en casos como el asesinato del
general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires en 1974. Más aún, las investigaciones del
Congreso de Estados Unidos al Banco Riggs han puesto al descubierto los sospechosos
métodos mediante los cuales Pinochet y su familia se enriquecieron. Es necesario que a
estas investigaciones les sigan acciones judiciales.
La investigación acerca de la muerte en 1980 del ex presidente Frei Montalva, el
principal opositor a la dictadura, ha tenido avances, pero se debe impulsar vigorosamente
en los tribunales. La muerte de Frei implica al aparato represivo que Pinochet y Manuel
Contreras, su mano derecha, manejaron férreamente.
La operación Cóndor, las cuentas en el Banco Riggs y las muertes de Frei y Prats, al
igual que muchos otros crímenes, se encuentran documentados en el reciente informe sobre
tortura y prisión política escrito por una comisión especial creada por el presidente Ricardo
Lagos. El informe, que ha visto la luz treinta años después del golpe militar que llevó a
Pinochet al poder, ha estremecido y fortalecido a los chilenos.
Aparentemente invencible durante muchos años, el colapso final del ex dictador
comenzó en Londres en octubre de 1998, cuando abogados españoles, el juez Baltasar
Garzón de España y Scotland Yard levantaron cargos contra él. Pinochet respondió con
arrogancia, generando una enorme sensación de vergüenza para la joven democracia
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chilena. La habilidad de Pinochet de evadir a la justicia proyectó una oscura sombra sobre
las instituciones militares del país e hizo que muchos chilenos se preguntaran cuánto había
avanzado realmente Chile en su transición a la democracia.
Sin la insistencia del juez Garzón, habría sido casi imposible enjuiciar a Pinochet,
debido a la poderosa oposición por parte de chilenos adinerados y con influencia en los
medios de comunicación. La excesiva cautela del Gobierno chileno (basada en el temor a
una inestabilidad que pudiera afectar los derechos básicos recobrados tras la dictadura)
también ayudó a que Pinochet evadiera a la justicia.
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