ENSAYO SOBRE LAS FARC 2

ENSAYO SOBRE LAS FARC 2

Es sabido por muchos que las Negociaciones de Paz en la Habana no han transitado un camino fácil, y que ambas partes, tanto Gobierno como FARC, limaron sus asperezas durante los últimos cinco años, y discutieron acerca de las inmensas discrepancias que existen incluso desde la fundación de la República y que no han podido, hasta ahora, ser discutidas en un ambiente de diálogo y tolerancia. Sin embargo, el Punto 5° de los Acuerdos, referente a las Víctimas del Conflicto, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y en específico, a las penas que deberán purgar los participantes  del conflicto por los crímenes cometidos, representa el mayor obstáculo para el establecimiento de la Paz en Colombia, que lleva casi 200 años de retraso.

En primer lugar debe resaltarse que el marco de Justicia Transicional es una alternativa nunca antes utilizada en Colombia  que se compone de muchas ideas discutidas entre ambas partes, que se apoya en el Bloque de Constitucionalidad de Colombia y sus Tratados Internacionales, que busca dar un trato diferencial acorde al papel de los diversos actores del conflicto y que pretende, al menos desde el papel, dar la mayor dosis de justicia posible para las víctimas del conflicto.

Los objetivos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -en adelante el SIVJRNR- son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos (Gobierno de Colombia – FARC-EP. 2016)

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que en Colombia las FARC no son los únicos responsables de que exista un conflicto armado. A través de la historia se han contrapuesto muchos otros grupos con tendencias políticas muy distantes que nunca consideraron la alternativa del diálogo por encima de la lucha armada: Liberales y Conservadores, Quintín Lame y EPL, ELN y M-19, y los mismos gobernantes de Colombia. Miembros tanto de las Fuerzas Estatales como de las Insurgentes.

En caso de que con posterioridad a la firma del acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, se aprobaran leyes o normas que al otorgar tratamientos diferenciados a agentes del Estado o a otras personas por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, fueran combatientes o no combatientes, provocaren que los anteriores sean excluidos de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, o tuvieren como resultado la inaplicación de dicha jurisdicción o la inaplicación de las condiciones referidas a las sanciones que se recogen en el presente texto respecto de dichas personas, el Tribunal Especial para la Paz ejercerá su jurisdicción preferente en las materias de su competencia conforme a lo establecido en este documento (Gobierno de Colombia – FARC-EP. 2016)

De la manera mencionada, se pretende que la Jurisdicción Especial para la Paz juzgue todos los crímenes contemplados en el Marco del Conflicto Armado, basándose en la legislación internacional pertinente a los crímenes de guerra, como es el Estatuto de Roma y la Convención Americana sobre DD.HH. Pero incluso con todas sus bondades, el sistema que busca implementarse podría suponer un arma de doble filo, ya que la Justicia nunca está libre de que los injustos se aprovechen de su ceguera y roben su espada.

Hasta hace 5 años, cuando iniciaron las Negociaciones, las FARC habían perdido casi totalmente su estatus político. Sus actividades consistían mayoritariamente en el sabotaje de los servicios proveídos por el Estado, los atentados terroristas y el narcotráfico. Principalmente esta última actividad fue el motor que permitió a este grupo beligerante permanecer en pie hasta el día de hoy. Según datos de la Revista Forbes, las FARC son el tercer cártel de la droga en el mundo, con una fortuna superior a los 10000 millones de USD, dinero que han ido reuniendo desde el estallido del narcotráfico a finales de los años 70’, y cuya suma fue acrecentándose a medida que los guerrilleros fueron desplazando a la población civil de sus tierras para aprovecharlas en actividades ilícitas como la síntesis de cocaína y la extorsión. Esta situación se agravó con la Zona de Distensión en el Gobierno de Andrés Pastrana.

Durante los cinco años de Negociación, las FARC  mantuvieron un discurso discreto y orientado a la Paz, donde se muestraban como un grupo perseguido, sin dinero y únicamente con ideales políticos, un panorama bastante contradictorio con su condición actual. Según datos extraídos de la revista The Economist, las FARC tienen una fortuna de 33 billones de pesos (COP). Aun así Iván Márquez, el 2° al mando de las FARC, asegura lo contrario.

Las FARC no tienen dinero. En la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. Pero es que nosotros no tenemos.

Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en los territorios en conflicto con las FARC, más de 6 millones de personas fueron despojadas de sus tierras, propiedades y animales de cría (como el ganado), y los que aún se les permitió conservar sus propiedades, fueron cargados con un costo extorsivo para conservar lo poco que les quedaba (y sus vidas).

Esto causa una sustancial inconformidad en la opinión pública, ya que es sabido por todos los colombianos que las FARC han acumulado una enorme riqueza a través del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, y el arrebato de tierras. No parece justo que el dinero manchado de sangre de esas actividades pase a engrosar las arcas de los cabecillas a desmovilizarse, ya que podría ser utilizado de manera ilícita para financiar las campañas del Partido Político que surja de las FARC una vez establecida la “Paz Estable y Duradera”

Máxime considerando que el Posconflicto requiere de miles de millones de pesos para la implementación de los Acuerdos, y todo ese dinero, se espera, saldrá de los bolsillos de los colombianos, a través de la Reforma Tributaria Estructural que se tramitó en el Congreso el  10 de Octubre de 2016. Según El Espectador, en su columna económica del 21 de junio del 2016, el aumento del IVA al 19% es la piedra angular del nuevo esquema tributario del país, que financiará los costos del posconflicto. Considerando que el IVA es el impuesto regresivo por excelencia, es decir, tanto los más ricos como los más pobres deben pagarlo sin excepción, esta medida resulta inequitativa y contraproducente, ya que afecta directamente la capacidad adquisitiva de los estratos más bajos.

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