Garantias Individuales

LAS GARANTIAS INDIVIDUALES

INTRODUCCIÓN

Las garantías individuales son los alcances legales que tiene cada individuo sin afectar directamente la de los demás, motivo por el cual sea posible el desarrollo de una vida en común, para que puedan establecerse las relaciones sociales.

Por tal razón la importancia de que estas, encuadren un marco de regulación jurídico bien plasmado en disposiciones legislativas expedidas por órganos determinados.

La autoridad de un Estado tiene un papel fundamental dado a que constituye una forma de organización no solo política sino también jurídica dentro de la sociedad, pueblo o nación.

El poder social juega una importante misión dentro del Estado, en un entorno de organización formal y soberano.

La soberanía es la conjunción de los poderes de un Estado para la tranquilidad y equilibrio de la de la sociedad, ya que tiene una personalidad jurídica y política sui generis, Sin embargo la soberanía no es ilimitada es sujeta a restricciones, no provienen de una imposición o de un poder ajeno, sino que obedecen a su propia naturaleza.

Pues bien es importante mencionar a detalle la fundamentación real de la soberanía, como poder social supremo, que ficticiamente se imputa al Estado, en sentido claro de una forma política, social y jurídica, tal y como lo menciona el artículo 39 constitucional, que dice LA SOBERANIA NACIONAL RECIDE ESENCIAL Y ORIGINALMENTE EN EL PUEBLO. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

En sentido claro las garantías individuales prevalece dentro del marco de la soberanía en el entorno de una sociedad organizada.

DIVERSAS ACEPCIONES DEL CONCEPTO “GARANTIA”

Parece ser que la palabra “garantía” proviene del término anglosajón “warranty” o warantie”, que significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar, por lo que tiene una connotación muy amplia.

El concepto “garantía” en derecho público ha significado diversos tipos de seguridades o protecciones a favor de los gobernados dentro de un estado de derecho, es decir, dentro de una entidad política estructurada y organizada jurídicamente, en que la actividad del gobierno está sometida a normas pre-establecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional.

Jurídicamente, el vocablo y el concepto “garantía” se originaron en el derecho privado, teniendo en el las acepciones apuntadas.

Fix Zamudio sostiene que “solo pueden estimarse como verdaderas garantías los medios jurídicos de hacer efectivos los mandatos constitucionales”, aclarando que para el existen dos especies de garantías las fundamentales (individuales, sociales e institucionales) y las de la Constitución (“para los métodos procesales, represivos y reparadores, que dan efectividad a los mandatos fundamentales, cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre respecto de su forma o contenido”).

Atendiendo a la ejemplificación, agrega dicho autor que “garantías fundamentales son las establecidas por los primeros 28 artículos de nuestra carta fundamental, las cuales, unas tienen el carácter de individuales, otra pueden estimarse sociales, y finalmente también están reguladas por determinadas instituciones y entre estas últimas merecen destacarse las establecidas por los artículos 14 y 16 que pueden designarse genéricamente como “garantías de justicia”. “Por el contrario, continua, las garantías de la Constitución mexicana son los procesos establecidos por los artículos 103 y 107 (amparo), 105 (conflictos entre los estados y la federación, o los estados entre si) y 111 (proceso de responsabilidad de funcionarios), que ya son normas estrictamente procesales, de carácter represivo y reparador.

SUJETOS DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES

La relación jurídica de supra a subordinación en que se manifiesta la garantía individual consta de dos sujetos, a saber, el activo o gobernado y el pasivo, constituido por el Estado y sus órganos de autoridad.

Es evidente que las garantías consignadas constitucionalmente fueron establecidas para tutelar los derechos o la esfera jurídica en general del individuo frente a los actos del poder público.

Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los órganos del estado, por una parte, y en ejercicio del poder público traducido en diversos actos de autoridad, y por la otra, los sujetos en cuya esfera jurídica operen tales actos, mismos que tienen como atributos definitivos, según es bien sabido, la unilateralidad, la imperativita y la coercitividad.

Sujeto activo (idea de gobernado) Este concepto está íntimamente ligado al acto de autoridad. La idea de gobernado, a cuyo concepto equivale la idea errónea de “individuo”.

Dentro de la condición de “gobernado”, como centro de imputación de las normas jurídicas que regulan las relaciones de supra a subordinación, se encuentran las personas físicas o individuos, las personas males de derecho privado, las entidades de derecho social, las empresas de participación estatal y los organismos descentralizados, puesto que todos estos sujetos son susceptibles de ser afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad.

Las relaciones de supra a subordinación están regidas primordialmente y fundamentalmente por los preceptos de vuestra constitución que establecen el cauce normativo por donde debe desarrollarse la conducta o actividad de los órganos del Estado en ejercicio del poder público o de la función de los órganos del estado en ejercicio del poder público o de la función imperativa de autoridad. Por consiguiente, todos los actos autoritarios que dichos órganos realicen, frente a cualquier tipo de sujeto de los ya enunciados, es decir, frente a cualquier gobernado, deben de observar las exigencias, las prohibiciones, los requisitos o las condiciones consignadas en dichos preceptos constitucionales. De lo anterior, se infiere que tales preceptos son susceptibles de violarse por cualquier acto de autoridad, en perjuicio de todo sujeto o ente que se encuentre en la situación de gobernado, o sea, en detrimento de la persona física o individuo, de la persona moral de derecho privado, de las entidades de derecho social, de las empresas de participación estatal, de los organismos descentralizados e, inclusive de las personas morales oficiales o de derecho público, cuando estas, frente a algún otro órgano del estado, hayan asumido el carácter de gobernado.

Ahora bien, los preceptos

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