JUSTICIA TRANCISIONAL EN SUDAFRICA

La Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, diez años después

Julia Madariaga V.

La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica se ha convertido tal vez  en una de las más reconocidas en la última década. Diversos países, entre ellos la Republica Democrática del Congo la han considerado un modelo a seguir. Sudáfrica se ha convertido en líder en justicia transicional y expertos sudafricanos han sido consultados para asesorar comisiones de naturaleza semejante alrededor del globo. Adicionalmente, Sudáfrica cumple hoy un rol fundamental apoyando en la prevención y resolución de conflictos en el continente africano. Sin embargo, luego de diez años de la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en el país aún queda mucho por hacer.

El proceso

Luego de cinco décadas de apartheid y siglos de discriminación, Sudáfrica enfrentó el desafío de crear un Estado incluyente y pluriétnico, una nueva Constitución que reconociese la diversidad de todos sus integrantes, lenguas y prácticas religiosas, aplicar una redistribución de tierras que garantizara el acceso a la misma a quienes habían sido despojados y un sistema político y económico que ofreciera a los ciudadanos la realización de derechos y la  puesta en marcha de acciones afirmativas dirigidas a compensar años de marginación y pobreza.

Así mismo, fue creada una Comisión de Verdad y Reconciliación presidida por el Arzobispo Desmond Tutu, al interior de la Comisión funcionaron de manera simultánea el Comité de Amnistías, el Comité de Reparación y Rehabilitación y el Comité de Violación a Derechos Humanos, estos son algunos de sus principales resultados:

1. La Comisión desarrollo 140 audiencias por todo el país, registró como saldo del período del apartheid un total de 30.384 graves violaciones a los derechos humanos, 2.400 víctimas rindieron testimonio y al menos

27.000 más fueron registradas.

1. La Comisión realizó una investigación consistente dando cuenta de las graves y masivas violaciones de derechos humanos de las que fue encontrado responsable el Estado Sudafricano, por acción omisión y/o aquiescencia, así como los demás grupos armados y obtuvo una clara conciencia del funcionamiento de las instituciones que alimentaron el sistema de discriminación.

1. La Comisión adelantó alrededor de 15.000 investigaciones y recomendó al gobierno como proceder en términos jurídicos en cada uno de los casos.

1. La gran mayoría de los perpetradores asistieron a las sesiones de la comisión y confesaron su participación en atrocidades de toda índole cometidas durante el apartheid.

En este sentido fue procesado incluso, Frederik Willem de Klerk (1) ex presidente de la República de Sudáfrica (Septiembre de 1989 a Mayo de 1994) y representante del Partido Nacional, quien fue acusado de omitir información importante sobre graves violaciones de derechos humanos (bombardeos de Khotso).

Es importante resaltar que esta acusación formal tuvo lugar luego que la Comisión consideró que en las audiencias el acusado omitió deliberadamente información sobre dichos bombardeos y al no divulgar la información ni emprender las respectivas acciones legales frente a los perpetradores, el Ministro Vlok y el General Johann van der Merwe quienes actuaban con el beneplácito del entonces presidente PW Botha (2), se convirtió en cómplice. A pesar de la solidez de las evidencias el ex Presidente demandó a la Comisión, alegando que las acusaciones eran infundadas e imprecisas y en el informe final hay pocas referencias a su caso. Actualmente el ex Presidente De Klerk respalda a las multinacionales y bancos suizos que están siendo demandados  por la organización Jubilee, pues obtuvieron beneficios económicos gracias a la economía del apartheid.

En esta dirección algunos de quienes se encontraban al frente del Estado o de sus fuerzas militares y los encargados de ordenar y aplicar torturas,  ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas entre otros, como el ex presidente PW. Botha fueron calificados como infractores de DIH, sin embargo aun no tienen ningún tipo de medida de aseguramiento. Otros funcionarios militares que no fueron condenados trabajan hoy en empresas de Seguridad Privada y algunos miembros de policía siguen activos en el servicio, en otras localidades.

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