La Historia Y El Pensamiento Militar Venezolano

LA HISTORIA Y EL PENSAMIENTO MILITAR VENEZOLANO

LA CRISIS HISTÓRICA ACTUAL DE LA HUMANIDAD.

La realidad actual del sociosistema lo coloca en una situación que el filósofo español José

Ortega y Gasset califica como “crisis histórica”. Es un momento en el movimiento de

cambio de la humanidad en el cual los valores y las relaciones que estos generaron pierden

su significado sin que se encuentren sustitutos que permitan delinear una nueva estructura

que ordene la vida del hombre en el planeta. Como en anteriores circunstancias han sido los

avances en el campo del conocimiento, con el correspondiente desarrollo de nuevas

tecnologías, lo que perturbó significativamente desde principios del Siglo XX, el orden

mundial. Indudablemente el desarrollo de la física quántica, que implicó la implantación de un

nuevo paradigma científico, ocasionó una revolución de similares consecuencias a las que

tuvo la revolución científica del Renacimiento Europeo. Si éste desarrolló la mecánica con la

consiguiente aparición de las máquinas, la nueva revolución generó la tecnología digital, la

informática y la genética, que le han dado al hombre un control casi absoluto sobre toda

forma de vida. Las técnicas derivadas de estas tecnologías han originado transformaciones

profundas en la política, en la economía, en la ética y en la religión que han desestabilizado

no solamente el sociosistema, sino también el sistema ecológico, base de la vida humana.

Es tal el desbalance que se ha producido que la brecha existente en el Siglo XVIII entre

países ricos y pobres que era equivalente a cinco veces sus ingresos, para el año 2000

alcanzó a trescientas noventa veces. La población mundial en el año 1800 estimada en

1.000 millones, pasó en el año 2000 a 6.000 millones. Y se han duplicado las expectativas

de vida que pasaron de treinta años para 1800, a sesenta y cinco años para el año 2000.

Desde luego, todo con un impacto negativo en los recursos renovables y no renovables que

ofrece el ecosistema.

LA CRISIS HISTÓRICA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

En esta coyuntura de incertidumbre se origina en Venezuela, en 1992, la Revolución

Bolivariana, que lleva al control del poder público a los sectores indómitos que resistían

activa o pasivamente el esquema de dominación ejercido directamente por los miembros de

los enclaves de desarrollo secundario, agregados en la llamada “sociedad civil” e

indirectamente por la elite globalizada que domina la política internacional (unos 1.000

millones de personas, que configuran lo conocido como “economías intervinculadas”). Este

movimiento expresa a lo interno del país una aspiración del sistema político nacional de

recuperación de su equilibrio, perturbado severamente durante la década de los setenta por

la crisis petrolera internacional. Refleja el viejo dilema que mueve la historia en el cual a la

fuerza de la inercia que tiende a mantener las estructuras, se le enfrenta el deseo de

diferenciación del estado existente materializado en un nuevo estado. En cierta forma, la

dinámica generada ha permitido un renacimiento del pensamiento humanista renovador

contenido en el ideal independentista, que está enfrentando a las fuerzas conservadoras

nacionales e internacionales con su orientación darwinista. Se contrapone a la visión

simplista de la universalización de una cultura única con la óptica compleja del pluralismo

cultural que respeta la riqueza de la variedad. En el plano netamente estratégico la actual

situación venezolana ha establecido una relación dialéctica entre el poder concentrado en los

actores políticos dominantes y el poder difuso distribuido en las organizaciones sociales

populares, nacionales y transnacionales. Es una interacción que se realiza dentro del marco

de las ya mencionadas “guerras de cuarta generación”. Esta nueva concepción de la confrontación militar, resultado de la crisis histórica en la cual

se vive, reemplaza casi totalmente las viejas nociones de la acción bélica, específicamente

las ideas que informan sobre esta conducta en la era moderna. En esta etapa histórica –la

modernidad- la lógica de la guerra, utilizando la máquina como herramienta fundamental

para su realización, conducía a tres categorías de acciones: la destinada a la destrucción o

neutralización de las fuerzas militares enemigas; la ocupación del territorio del adversario; y,

la acción política de la imposición de la voluntad del vencedor sobre el vencido a través de la

capitulación. Correspondía este proceso, a una acción social en la cual era posible

diferenciar los combatientes militares de los civiles no combatientes y el espacio del Teatro

de Operaciones, donde se realizaban los encuentros y la batalla, de los espacios dedicados

a la actividad civil. Se trataba de un juego con reglas establecidas expresadas por el

derecho a la guerra y el derecho en la guerra, integrantes del cuerpo de normas que

regulan las relaciones entre los estados y conforman el derecho internacional público. Esas

ideas fueron las que orientaron el Pensamiento Militar venezolano, en particular, y en general

la filosofía de la guerra a escala global. Se incluía dentro de las operaciones militares tanto

las acciones llamadas convencionales como aquellas denominadas irregulares, siempre que

ellas estuviesen dirigidas contra los combatientes enemigos. Las acciones realizadas contra

objetivos civiles, constituían actos de “lessa humanidad” y eran por lo menos objeto de

sanciones morales. La Segunda Guerra Mundial sentó el precedente de la sanción judicial a

quienes aplicaban el terrorismo bélico, término con el cual se designó los actos inhumanos

realizados contra la población civil e incluso, contra los combatientes heridos o capturados.

De manera general, aún con los horrores implícitos en el uso de la violencia, las guerras que

preceden la actual contenían elementos fundamentales del pensamiento humanista.

EL PENSAMIENTO HUMANISTA Y EL EFECTO DEL POSITIVISMO EN LA

METAESTRATEGIA NACIONAL.

Este pensamiento humanista que orientó la acción militar venezolana, incluyendo las

realizadas en el marco de las confrontaciones civiles internas, sufrió una muy importante

variación a principios del Siglo XX, con el advenimiento de lo que ha sido conocido como la

hegemonía andina. De una concepción que reflejaba la idea de la movilización en masa,

muy claramente señalada en el documento transcrito en el Capítulo I de esta obra, en la cual

era obligación de todo ciudadano el participar en la función de defensa estratégica del

Estado, que incluía “el tomar banderas” en las contiendas internas según la conciencia

individual, se pasó a la conformación de un estamento militar profesionalizado a quien se la

adjudicó el señorío de las actividades de defensa. Esto a pesar de que los instrumentos

legales que se promulgaron durante ese lapso, mantenían las disposiciones que regulaban la

organización de las reservas militares que hacían práctica la participación ciudadana en la

defensa militar del Estado. De hecho, las milicias que tradicionalmente se conformaban

dentro de las jurisdicciones de los estados que constituían la Federación, desaparecieron de

la organización militar de la República.

Esta tradición histórica y constitucional, cambió como consecuencia del Imperio del

pensamiento positivista en la orientación del régimen andino (1899-1945). Dentro de esta

aproximación filosófica, por cierto con algún contenido racista, el valor fundamental de la

acción pública del gobierno del Estado era el progreso, en términos concretos identificado

con la industrialización, dependiente del orden tanto en el entorno interno como en el ámbito

internacional. De allí que para esta última finalidad, se consideraba a las Fuerzas Armadas,

dirigida por una elite profesional, parte de una ilustrada que le correspondía el gobierno de la

nación, como responsable del logro del orden interno y la seguridad de las fronteras como

condiciones indispensables para el progreso de la comunidad política. No es de extrañar

entonces, que las primeras decisiones en el terreno de la defensa militar del país, estuviesen

9dirigidas a neutralizar las fuerzas irregulares indómitas, que competían por el logro del

poder a escala regional o nacional y a organizar un centro académico de formación de

Oficiales destinados a configurar esa élite militar. Esta última decisión contravenía la

tradición implantada desde la época colonial cuando la formación académica del cuerpo de

oficiales se realizaba en la Real y Pontificia Universidad de Caracas o en los cuerpos de

milicias criollas o pardas que constituían las fuerzas locales que complementaban el Ejército

Español. Además, como parte de esa política, el problema de la delimitación del territorio fue

central como componente del aseguramiento de la estabilidad de las fronteras. Este

pensamiento positivista fue mantenido invariable durante todo el Siglo XX, hasta el momento

actual cuando la situación existente en el sistema internacional obliga a su revisión. Durante

ese largo período se mantuvo la situación estamental del sector militar de la sociedad

venezolana con los privilegios positivos en la consideración social, fundados en su modo de

vida y, en consecuencia, en maneras formales de educación y en prestigio profesional.

Durante el fenecido régimen “puntofijista”, en el reparto de poder que se realizó entre las

cúpulas de los partidos y los sectores sociales venezolanos, se mantuvo esta orientación al

adjudicarle al estamento militar el señorío sobre los asuntos fronterizos, el propio

equipamiento, la administración financiera y de recursos humanos de la Institución.

LA GUERRA COMO PARTE INTEGRAL DE LA POLÍTICA.

No obstante, no se puede considerar la guerra como un fenómeno aislado dentro del

esquema simple amigo-enemigo en el cual se suele analizar. Incluso el autor mencionado

como paradigmático en el análisis de la guerra moderna, a pesar de vincularla con la política,

y de alguna manera con la economía al desarrollar la idea de la logística, no abarca la

complejidad del conflicto humano y en particular, la de los conflictos intersocietales –

conflictos entre formaciones sociales-. En ese particular, referidos a nuestra propia historia

militar, las acciones bélicas desarrolladas principalmente a lo largo del Siglo XIX, reflejaban

variadas contradicciones presentes en la sociedad venezolana, cuya consideración es

necesaria, no solamente para conocerlos sino para tener bases para la realización de

proyecciones prospectivas. Desde la guerra de independencia hasta la actual confrontación,

han actuado, con peso variable, distintas fuerzas que expresan las ideas y los intereses de

factores internos o externos de poder. No se puede hablar por ejemplo, de la gesta

emancipadora como un enfrentamiento simple entre la nación venezolana y el Imperio

Español, aún cuando fueron estos factores los que dominaron políticamente su desarrollo.

Una circunstancia que es la que permite identificar la coyuntura. En ella, estuvieron

presentes conflictos centro-periferia, que enfrentaban las provincias con la capital, donde

se tendía a concentrar el poder desde el establecimiento de la Capitanía General en 1777.

También allí, subyacían conflictos étnicos derivados de la extrema acumulación, producto

de un orden estamental, con componentes raciales, que separaban las corporaciones con

privilegios positivos de aquellas negativamente privilegiadas. Tampoco estuvieron ausentes

los diferendos entre sectores conservadores, que pretendían mantener la estructura

estamental original, en contra de los que favorecían una estructura de clases que

correspondía a la modernidad. Esto sin faltar las diferencias religiosas entre los

fundamentalistas católicos y los partidarios de la sociedad laica. Lógicamente, la

injerencia externa, motivada por las aspiraciones de las grandes potencias, por la

primacía o la hegemonía mundial, fue evidente. Particularmente la participación de la Gran

Bretaña, formaba parte de la aspiración imperial de este centro de poder, que lograda la

victoria por la causa liberadora, pasó a tutorear el régimen político, dentro del esquema

neocolonial. Una configuración donde el dominio del terreno perdía significado, para que el

control de los mercados lo ganaran. En ese marco, perdieron valor las acciones de las

guerras terrestres, en favor de la guerra naval.

10El tipo de consideración anterior se podría hacer para todas las campañas militares que se

desarrollaron en nuestro pasado. Por ejemplo, en la guerra federal (1859-1863) lo notorio era

el enfrentamiento de clases, pues ya se había realizado un desarrollo urbano y las

propiedades rurales habían introducido herramientas y tecnologías que alteraban su carácter

tradicional. Pero allí, en esa confrontación, estaban presentes la mayoría de las

contradicciones que se mencionaron en el párrafo anterior, incluyendo la injerencia externa,

en este caso particular, la de Francia. Esta complejidad plantea aún hoy en día, problemas

políticos que eventualmente originan situaciones de crisis, incluso cuando el Estado enfrenta

enemigos externos. Y ella tiene un particular impacto en los esquemas organizativos de las

sociedades orientados hacia su defensa estratégica. Son variables que afectan la unidad y la

coherencia de las fuerzas castrenses, llegando hasta su división y la materialización de la

guerra civil. La respuesta a este problema en la modernidad, ha sido la creación del

sentimiento de lo que se conoce como “patriotismo republicano”. Una idea no vinculada a

las nociones clásicas de patria común y patria propia, sino derivada de la noción de

“patriotismo constitucional”, acuñada por los enciclopedistas y en concreto por Juan Jacobo

Rousseau y Voltaire. Ese es un concepto que se fundamenta en la imagen del contrato

social (constitución), mediante el cual los ciudadanos por nacimiento o naturalización,

ocupan un territorio (la patria) para su disfrute, con el cual tienen una relación de

interdependencia. Es sobre esa idea, que se pudo conformar el Ejército Libertador que actuó

de manera coherente y unificada en la guerra de liberación.

EL PARÉNTESIS DEL AUTORITARISMO BUROCRÁTICO.

Es observable un inciso, donde hubo un cambio general de la dirección de la acción pública,

durante ese largo siglo de lo que pudiésemos llamar una “paz armada en Venezuela”,

impuesta por una Fuerza Armada pretoriana. Fue el lapso 1948-1958, cuando esa

institución, transformada en casta, decidió asumir directamente el control del poder,

abandonando a sus patronos: los estamentos privilegiados de la sociedad.

Incuestionablemente esa decisión se tradujo en una acción de fuerza enmarcada en lo que la

teoría sociológica denomina “violencia conspirativa”. Un tipo de violencia política, con un

uso mínimo de la fuerza, realizada por segmentos de la élite – en este caso un sector de

“oficiales académicos” asociados con un sector de la tecnocracia profesional – que se

manifiesta normalmente mediante los llamados “golpes de estado”. Como es característico

en estas situaciones, la acción respondía a una profunda insatisfacción de esos grupos por

su falta de influencia política y su participación restringida en la distribución de los valores

sociales, especialmente económicos. Son actos que suelen producirse al margen de las

masas, cuya participación es extremadamente limitada, como ocurrió ese 24 de Noviembre

de 1948 cuando se depuso el gobierno del Presidente Rómulo Gallegos.

Obviamente, como la propia denominación de este tipo de violencia lo indica, ese golpe de

estado fue un acto deliberado al cual se convocaron todos esos factores descontentos,

incluyendo la presencia de miembros de la Misión Militar estadounidense establecida en

Venezuela, junto con una apatía generalizada de las masas populares frustradas por la falta

de eficacia del gobierno para atender sus demandas. Y, más por el hecho de su origen

primario, derivado de otro golpe de estado sin participación popular. En efecto, la teoría

señala que el punto débil de los gobiernos así constituidos reside en que al no tener raíces

en el pueblo o carecer de su apoyo concreto, pueden ser eliminados por el mismo método,

sin provocar la reacción general, a menos que incurran en una represión indiscriminada. Sin

dudas, los conspiradores apreciaron la debilidad del gobierno para realizar esa represión.

Con un proyecto “revolucionario”, frente a la coyuntura interna e internacional que le era

adversa, dado el prestigio de sus opositores, no sólo sustentado en el éxito del modelo

capitalista, sino porque también prometen cumplir dentro de este una función de reconciliación social, el régimen no tenía la fortaleza ideológica para amalgamar los sectores

sociales no privilegiados. Al mismo tiempo, valoraron sus propias capacidades basadas en el

dominio del poder real, incluyendo en ellas el control de las industrias petroleras, en manos

de la tecnocracia transnacional y, su asociación con los EE.UU., consolidadas como una

superpotencia después del triunfo en la II Guerra Mundial. Y, como resultado de ese análisis,

concluyeron, correctamente, estimando que tenían una relación de poder extremadamente

asimétrica con las fuerzas de un gobierno carente de voluntad política y de una estrategia

para enfrentar la amenaza. En otras palabras, sin el poder duro y las fuerzas morales para

organizar una resistencia frente a la amenaza que casi era pública. De modo que

prácticamente la acción fue incruenta, si se le compara con la similar ocurrida tres años

antes, el 18 de Octubre de 1945, cuando el régimen andino, esta vez sorprendido por el

golpe de estado, pudo dar una respuesta improvisada fallida, con una porción significativa

de la Fuerza Armada, en conjunción con elementos populares.

No se trata de una reposición de las típicas tiranías militares impuestas por los EE.UU. en el

marco del Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, como las que estaban presentes en

Nicaragua con el “clan de los Somozas” o en República Dominicana con Rafael Leonidas

Trujillo. Era un nuevo modelo – el burocratismo autoritario – con un contenido nacionalista,

cuyo componente ideológico fundamental estaba ligado a la seguridad estratégica del

Estado, “amenazada” por la acción agresiva del “comunismo internacional”. Un

planteamiento político que encajaba perfectamente dentro de los intereses de los elementos

dominantes, transformados en clase, por la acción combinada de la industrialización del

petróleo que creo un proletariado organizado en sindicatos (una clase obrera) y la actividad

política de los “adecos” (socialdemócratas), que ubicó el juego en el marco de la lucha de

clases propio del materialismo histórico. Pero también se ajustaba al marco de la “estrategia

de contención” ideada y puesta en práctica desde su posición como Director de

Planificación Política del Departamento de Estado por George Kennan en lo que en 1952 se

convertiría oficialmente en el Corolario Kennan a la Doctrina Monroe. Dentro de esa

metaestratégia, que respondía al temor temprano a los “shatterbelts” fronterizos (enclaves franceses, británicos, holandeses y españoles situados en el hemisferio) asociados a las comunidades mestizas de la región, sentido por la sociedad anglosajona-

protestante del norte, el proyecto del régimen militar instaurado en Venezuela caía “como

anillo al dedo”. En ese sentido, en aquel momento era necesario contener la posibilidad del

establecimiento de un “shatterbelt” soviético, representado por diversos enclaves

perturbadores en el hemisferio, producto de su asociación con fuerzas políticas locales, tal

como lo ha sido Cuba desde la década de los 60. Pero en esa concepción la contención iba

a realizarse fundamentalmente en Euroasia –tal como ocurre en la actualidad. Hacía allá se

dirigieron todos los recursos económicos (Plan Marshal para Europa y la Ayuda para la

reconstrucción de Japón en Asia) y militares (Tratado del Atlántico Norte y Tratado para el

Sureste Asiático). La contención en América Latina y el Caribe se la dejarían – como se la siguen dejando – a los gobiernos de la región o, a las “quintas columnas” que, como la

dirigida por el Coronel Castillo Armas, en representación de los intereses de las clases

privilegiadas de Guatemala, asociadas a las empresas bananeras norteamericanas

establecidas en el país y con el beneplácito de la Casa Blanca, depusieron el gobierno

reformista de Jacobo Arbenz, acusado, además de “comunista” de belicista, por una

importación de fusiles de Checoslovaquia para mejorar las defensas militares de su país.

Desde la perspectiva geopolítica de Kennan, las Américas del Sur y Central quedaban

automáticamente subordinadas a la América del Norte, después de haber anulado las

capacidades de las grandes potencias para mantener el orden neocolonial impuesto

después de las guerras napoleónicas. Estos espacios, como él mismo los denominó, se

convertirían en el “patio trasero” de los EE.UU., conjuntamente con la transformación de El

Caribe en “el Mediterráneo de este hemisferio” y, junto con África, serían simples

proveedores de materias primas. En ese marco la seguridad hemisférica estadounidense

dependería del mantenimiento de la pirámide del poder regional en la cual ese país se

colocaba en la cúspide, secundado por potencias intermedias de segundo orden como

Brasil, Argentina, México y Venezuela, teniendo en la base las pequeñas potencias y los

estados fallidos. Un poder sustentado fundamentalmente en las fuerzas de las armas, con

capacidad para vencer la resistencia que podrían desarrollar las pequeñas potencias –como

es el caso de los estados centroamericanos y caribeños frecuentemente invadidos por

fuerzas combinadas de los EE.UU., asociados con otros estados de la región- y las

generadas por los sectores internos no privilegiados.

Desde luego, la eficacia de los poderes intermedios dentro de ese esquema, dependía de su

fortalecimiento. Una variable que esta en función del desarrollo de sus capacidades militares

y de las fuerzas morales que las hagan efectivas. Y, para ese propósito, en primer lugar, se

recurrió a la potenciación de las fuerzas militares de la región con programas de ayuda que

permitían la introducción de nuevas tecnologías, asociadas a las estrategias y tácticas

norteamericanas, para en segundo lugar, lograr la cohesión social y la unidad del país por la

vía del nacionalismo que fortalecería la voluntad de resistencia ante la amenaza externa. El

efecto inmediato fue la activación de una carrera armamentista moderada en América del

Sur – si se le compara con la existente en la región geoestratégica euroasiática – con la

consecuente potenciación de los diferendos internacionales existentes entre los estados de

la región, en nuestro caso con Colombia. Lograba así la aplicación del Corolario Kennan, la

contención del avance del “comunismo” en la región sin el uso masivo de recursos

norteamericanos, mediante la represión de los movimientos populares contestatarios y la

aplicación de una “estrategia del balance de poder en ultramar” que impedía alianzas

entre los poderes intermedios regionales que pudiesen compensar la hegemonía

estadounidense en el hemisferio. Un temor, advertido por el geopolítico Nicolás J. Spykman

a principios de la década de los 40, quien colocaba como amenaza una posible coalición

entre Brasil y Argentina durante el desarrollo de la II Guerra Mundial. Fue dentro de ese contexto donde se desarrollo el paréntesis en la aplicación del ideario

positivista dentro de la cual la Fuerza Armada, actuando con un criterio estamental, estuvo al

servicio de la oligarquía dominante y, a través de ella, y dentro de la pirámide del poder

hemisférica, en la defensa estratégica de la zona de seguridad norteamericana en el marco

del TIAR. En ese lapso se inició una repotenciación del aparato de defensa de la nación

sustentada en un reequipamiento de la Fuerza Armada con una tecnología de punta en el

campo de las armas convencionales; la creación de una base industrial, conjuntamente con

el desarrollo de capacidades en el ámbito de la investigación científica y tecnológica,

incluyendo el campo nuclear, para buscar la autonomía estratégica del Estado; y, el cambio

del concepto estratégico militar, mediante la colocación de una reserva, constituida por los

excedentes de cada contingente del servicio militar obligatorio, como el elemento

fundamental para la defensa de la nación, mientras unas fuerzas activas, reducidas a una

organización de reacción rápida, se encargaba de disuadir las agresiones provenientes de

sus competidores regionales. La eficacia de esta concepción, se puso de manifiesto durante

la crisis colombo-venezolana de Los Monjes de 1952, cuando la primera intentó ocupar ese

archipiélago militarmente, con cooperación estadounidense, siendo disuadida en su intento

por la acción de la aviación nacional. El vínculo entre este fortalecimiento del poder duro,

con la vigorización del blando, exaltado por el nacionalismo a través de la reivindicación de

las tradiciones populares, fue justamente el establecimiento de la reserva que encuadraría a

la totalidad de los sectores jóvenes del país. Mediante su entrenamiento y organización se

pensó, erradamente, en desarrollar una base social disciplinada en apoyo del régimen, con

un sentido nacionalista basado en la idea de la patria propia.

13Se trato de una acción de gobierno en la cual había elementos revolucionarios,

especialmente en lo concerniente a la política militar, necesariamente asociada a la creación

de infraestructuras que soportaran la metaestratégia que constituía la superestructura del

régimen de carácter militarista. Sin dudas, el paisaje geográfico del país se modificó

drásticamente, incluyendo en ese cambio aspectos demográficos y sociológicos.

Ciertamente se transformó el sistema vial y de comunicaciones contribuyendo a la

unificación del país y a la aceleración del urbanismo como tendencia propia de la

modernidad, conjuntamente con el incremento cualitativo y cuantitativo de una clase media

fuerte. Pero la represión del “comunismo”, que frenaba los movimientos sociales destinados

a reducir las profundas asimetrías existentes, que hacían de la comunidad política nacional

una sociedad dual, lo convertía en un régimen autocrático que incluía a amplios sectores de

la sociedad de la participación política, colocándolo de hecho en el campo conservador. Un

terreno en el cual la Fuerza Armada, como institución, siguió mantenimiento su carácter

pretoriano. No obstante los elementos revolucionarios de esa política – la activación de

nuevas fuerzas productivas, la idea de la defensa popular, el desarrollo de la ciencia y la

tecnología, entre otras – se internalizaron en la mente de muchos de los componentes del

aparato de defensa, quienes constituirían una fuerza de resistencia al retorno de la

corporación militar al papel de custodio de los intereses de la oligarquía dominante.

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