La Reforma A La Justicia

La Reforma A La Justicia

La reforma a la justicia y su caída conforman uno de los episodios más bochornosos y contro- versiales de la historia del Derecho Público en Colombia. Las múltiples críticas de que ha sido objeto por gran parte de la doctrina y el gremio de los abogados y periodistas de nuestro país así permiten evidenciarlo. Este tema ha sido abordado por distintos puntos de vista, siendo el enfoque meramente político el más predominante, a veces ausente de fundamento jurídico. Este supuesto hace necesario el estudio de la fallida reforma a la luz de las herramientas propias del Derecho Constitucional, siendo estas el fundamento del desacertado contenido del acto legislativo, pero también de su hundimiento

En sus inicios, la reforma a la justicia hacía parte de los proyectos insignia del presidente JUAN MANUEL SANTOS. Éste la promovía como una herramienta para descongestionar los despachos judiciales, evitar los choques de trenes causados por las tutelas interpuestas contra sentencias, implementar el uso de tecnologías modernas y suministrar más recursos económicos a la rama judicial, enalteciendo así la autonomía e independencia de la rama. Sin embargo, todos estos ideales perdieron sentido a lo largo de los debates y la reunión de conciliación de la reforma. El Acto Legislativo se convirtió en un medio para blindar a los congresistas frente a investigaciones y sanciones, evitando, por ejemplo, que se les aplicara la sanción de la muerte política al violar el régimen constitucional de inhabilidades. Por otro lado, al instituir la doble instancia para funcionarios aforados, conllevaba a la suspensión de aproximadamente 1.300 investigaciones a cargo de la Fiscalía. El Acto Legislativo restablecía también la figura de la cooptación plena en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y buscaba aumentar el periodo de los actuales magistrados de ocho a doce años. En conclusión, la reforma pasó de promover la eficacia de la rama judicial a sentenciar su parálisis y pérdida de legitimidad.

El contenido del Acto y las modificaciones hechas en sede de conciliación configuraron uno de los mayores atentados conocidos en contra de la Constitución. Un ataque completamente operado en sede política, sin que los jueces -por el carácter posterior de su intervención- pudieran hacer nada para evitarlo.

A esta reforma se opusieron políticos, académicos y periodistas, pero la voz más opuesta fue la voz del nutrido grupo de colombianos, quienes expresaron su descontento y enfado a través de una contundente campaña en las redes sociales. Los esfuerzos del pueblo por derrocar la reforma no terminaron con manifestaciones, sino que elogiaron la democracia participativa en el art 1°. El primer artículo de la carta y las atribuciones que confiere a los ciudadanos. El 20 de junio, el director de la Red de Supervisión Ciudadana y el director de la Misión de Observación Electoral (MOE) anunciaron el inicio de un referendo con miras a revocarlo. La oposición llevó al presidente Juan Manuel Santos a tomar medidas que lo llevaron a su caída. El 22 de junio de este año, Santos devolvió la "Ley de Legislación" al Congreso por inconvenientes y motivos inconstitucionales.

El presidente constató que existe sustento legal para sus acciones, principalmente en la Ley No. 5 de 1992, que establece en su artículo 227 que las mismas normas procesales que el derecho común también pueden aplicarse a la reforma constitucional impulsada por el Congreso (URREGO, 2012). ). A pesar de este apoyo, la mayoría de los dogmáticos y juristas creen que el jefe de Estado no tiene este poder y que utiliza cifras no consideradas en la Constitución para socavar la reforma. En palabras de Juan Carlos Lancheros, el fracaso de la reforma es una "ironía satírica" ​​porque nuestro presidente pasó de promoverla a atacarla, aprovechando una competencia que no estaba contemplada por la Constitución, Y argumentó que el texto de la reforma vulneraba la Carta.

Fue así como el Jefe de Estado tuvo que emplear un remedio extra normativo para salvar la Constitución, provocando un descenso vertiginoso de su popularidad, junto a la del Congreso y a la de la Corte Suprema de Justicia. En el desarrollo de este suceso, nuestra Constitución fue utilizada como fundamento para la promoción de un Acto carente de un núcleo político e ideológico claro, guiado esencialmente a satisfacer intereses personales de los congresistas. En este orden de ideas, se demuestra como la interpretación política de la Constitución propuesta por el doctrinante considerado resulta completamente realista y se acopla al ejemplo expuesto.

No obstante lo anterior, consideramos que dicha tesis resulta extremadamente peligrosa: el hecho de sobreponer la fuerza de los partidos políticos o de la comunidad a la fuerza de la Constitución -como instrumento clave para dar coherencia al ordenamiento jurídico y limitar el poder de la autoridad- podría desembocar en la total arbitrariedad del poder público o en un pueblo autocrático, donde las mayorías actúan fuera de la institucionalidad. En relación con la caída de la reforma a la justicia, a pesar del poder de los partidos políticos evidenciado en el contenido del Acto Legislativo en el desenlace de este triste episodio, “la Constitución colombiana fue el límite último al poder del Estado”.

Por obra de la movilización del pueblo colombiano frente a la reforma se hizo evidente el poder de los ciudadanos para hacer efectivo el control constitucional. Este evento puso en tela de juicio el mito del poder judicial absoluto y demostró que la actividad del pueblo logró proteger de manera expedita y eficaz a la carta. Dicha protección emanó de la conciencia política del pueblo y de la "voluntad de Constitución" justo como lo que está pasando hoy en día con las ultimas reformas

Hugo Paz Rojas

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