LA JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

LA JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA REFORMA

AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Si bien es cierto que ante el desmesurado crecimiento de la delincuencia en nuestro país, el Estado debe concentrar su fuerza en la prevención y persecución de los delitos graves, y que también debe alcanzar una justicia más eficiente, en cuanto a las conductas delictivas consideradas como no graves; podremos hablar entonces de la Justicia Alternativa como un diseño y la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal; pues nuestro sistema de justicia antes de la reforma con una fe ciega en la represión, debe devolver a la sociedad civil la posibilidad de resolver sus conflictos y asumir que en la prevención esta la mejor solución y que la represión no frena la comisión de nuevos delitos, si no que los incrementa.

Sabemos también que esta figura de la Justicia Alternativa, se da más que nada por la “lenta impartición de justicia”; con la reforma se trata de alcanzar un resultado positivo de comunicación y reconciliación entre las partes involucradas en un conflicto, redirigiendo la función del Estado al resguardo de sus derechos, pues en la actualidad la victima lo que quiere es ser restaurada del daño que se le ocasiono tanto en el ámbito moral como material, y recuperar la seguridad que perdió por el delito cometido en su contra, por esta causa, se justifica la introducción de los procesos de pacificación social y de prevención por cuanto a la comisión de futuros actos criminales, cuyo objetivo bien definido es enfocar las fuerzas del estado a la prevención del delito y a destinar los recursos en mejorar la investigación y persecución de los delitos graves que atenten fuertemente contra la sociedad; justificándose también por la simple razón de que, si queremos eficiencia de nuestro sistema jurídico se hace sumamente necesario su replanteamiento y adecuar sus bases constitucionales y legales, para lograr un derecho penal más eficaz, moderno y que se adecue a nuestras necesidades actuales.

Aunque desafortunadamente, como refieren en nuestra lectura las autoras, en nuestro país tenemos un 98% de impunidad, según datos aportados por el INEGI, porcentaje que demuestra que la capacidad de investigación y persecución de los delitos graves por parte de nuestra autoridad es casi nula, pues es entendible que los niveles de eficacia no se cumplen ya que nuestros agentes del ministerio público, jueces y personal administrativo, se encuentran atiborrados de expedientes y miles de casos por resolver, por lo que las cárceles de nuestro país se encuentra saturadas por personas acusadas de cometer delitos leves; en la lectura podemos apreciar que, esto no es más que la venta de seguridad colectiva a cambio de libertades ajenas. Por este motivo, se justifica nuevamente la pretensión, de que los mecanismos alternativos

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