La educación en Colombia finales del siglo XIX e inicios de siglo XX

La Educación en Colombia finales del siglo XIX e inicios de siglo XX.

“Superados” los problemas políticos “importantes” es necesario establecer un canal para la preservación de la república independiente, sabemos bien que uno de los factores más importantes es la educación, puesto que al tener un pueblo educado las probabilidades de crecimiento del país aumentan, es decir se puede alcanzar un desarrollo económico político cultural y social para hacer frente a las situaciones que a nivel mundial se estaban llevando a cabo y además, se puede fomentar una opinión pública particular y un ideal común entre los integrantes de la sociedad.

El periodo que comprenderemos será de 1880 a 1830 con dominio completamente conservador, y luego de Enrique Olaya Herrera el dominio de la educación liberal.

La educación nunca estuvo fuera de las luchas políticas, que para este tiempo se daban entre dos partidos, Liberales y Conservadores, pero no precisamente luchas netamente ideológicas sino hasta en algunos casos bélicas impulsadas por un pequeño grupo de personas (sector dominante) muchas veces por lealtades regionales en extremo pasionales y ciegas, pero con la constante de un grupo mucho más grande sometido.

La reforma educativa radical de 1870.

Después de 1860 y bajo la vigencia de federalismo que los liberales habían conseguido instaurar en la constitución de Rionegro de 1863 se da inicio a una reforma educativa la cual propone el establecimiento de una escuela pública, gratuita y obligatoria. Esta reforma se dividió en dos grupos, por un lado los que estaban a favor de dicha reforma y quienes fueron llamados “Instruccionistas”  su idea era la concepción de la educación como puerta principal en el camino hacia la libertad, palabra que curiosamente siempre iba antes de progreso. Y del otro lado, aquellos que no estaban de acuerdo con dicha reforma bajo el pretexto de que el estado estaba involucrándose en terrenos que no eran de su incumbencia además de considerar dicha reforma como una tendencia antirreligiosa que acababa con uno de los valores supremos legados a la tradición, este pensamiento estaba fuertemente influenciado por la supresión de las comunidades religiosas en el año de 1861. A este grupo se les llamo, con el epíteto despectivo de “Ignorantistas o partidarios de la ignorancia”.

Es claro que este pensamiento no está ligado directamente a los partidos políticos como tal, pero si se observa una dualidad que bien refleja los ideales liberales enfrentados a los conservadores, pero también es entendible considerando la fuerte tradición ya impuesta, y el interés en separar por completo el estado del poder eclesiástico, aún en nuestros días observamos que esta separación no se ha llevado a cabo en un ciento por ciento.

Llama la atención la forma integral en la que se buscó enfrentar la situación educativa y cultural del país en todos sus niveles. Puesto que dicha reforma sería controlada por la Dirección Nacional de instrucción pública, recién creada, y una visión pedagógica y política que incluía a los alumnos, a los maestros y a los padres de familia quienes serían los encargados de ser el soporte social de la reforma. Además d esto se estableció una estrategia financiera y administrativa entre el estado central, los estados federales y los distritos municipales, quedando así las tres instancias de lestado comprometidas con lo que se supondría el despegue de la educación en el país.

Refiriendonos ya a la educación superior, constituye mérito del proyecto radical, la organización de la Universidad Nacional, en el año de 1869 bajo la presidencia del general Santos Acosta, su rector Ezequiel Rojas y Manuel Ancízar, y sus facultades iniciales, la facultad de jurisprudencia ( la que hoy conocemos como derecho), filosofía y medicina, a las que se les agregaba un sistema de escuelas en su mayor parte de carácter técnico: Ingeniería, arquitectura y una más de artes y oficios.  

Aunque el panorama lucía prometedor, dado que en el país habían alrededor de 1646 escuelas y 79123 estudiantes registrados, para 1880 sólo quedaban 1395 escuelas y 71500 estudiantes mostrando que esta reforma estaba muriendo, los principales factores de que se diera esta reducción fueron aspectos relacionados con el tradicionalismo y el pensamiento colectivo de una gran parte religiosa del país de que el estado estaba empeñado en desvincular la religión de todos los aspectos formadores, también se le suma la crisis económica mundial y el ambiente caldeado de una nueva guerra civil.

La reforma constitucional de 1886 y sus consecuencias educativas (La regeneración).

El ideal de paz establecía que una vez se consiguiera se podría poner orden en un país lleno de problemas, pero más de veinte años entre enfrentamientos, levantamientos y guerras civiles convencieron a comerciantes, banqueros y terratenientes a dar inicio a una política que pusiera en orden todo lo anteriormente mencionado, así empezaba a forjarse la constitución de 1886, enfrentada a la federalista de Rionegro de 1863 que poseía bastantes tendencias de la colonia española.

Una coalición de liberales y conservadores independientes, opuestos al radicalismo, llevaron a la presidencia en nombre del partido Nacional al cartagenero Rafael Nuñez, quien era un partidario de la reforma radical. Este  inició inmediatamente una reestructuración de la educación quitando de manera irreversible el hecho de que la educación debía ser una obligación del estado, dándole a este el papel para ayudar y regular las instituciones que quisieran ser parte del libre comercio, es decir, que la educación pasa a ser un negocio de sectores privados, y el estado solo tiene la función de estimular proteger y ayudar pero ahí debe concluir su intervención.

Quizás el punto más fuerte en cuanto a educación se refiere tiene que ver con la declaración de la religión católica como la religión del país, declarando esta como un elemento esencial de orden social, por lo que la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica.

La reforma educativa de 1903

Luego de haberse terminado la Guerra de los Mil Días, el país entró en un proceso de reconstrucción político y económico. Para el año de 1903 se estipula una ley que formalice la enseñanza oficial en los niveles de primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. De igual forma, asignó la responsabilidad de la educación primaria (gratuita mas no obligatoria) a la iglesias católica. Así mismo se establece un interés por parte del gobierno de incentivar el nacionalismo basándose en el himno nacional y el juramento a la bandera, esto con el fin de crear en los jóvenes, especialmente los niños un sentido de amor a la patria.

Los gobiernos liberales.

Con el fin de los gobiernos conservadores, la llegada de Enrique Olaya Herrera dio apertura a otra etapa de la educación. Pese a que la Política Educativa continuó casi igual, esta etapa decide centralizar el proceso de la educación a cargo del Gobierno.

Bajo los gobiernos liberales que se inician a partir de 1930, se trató de imprimir a la nación  un  curso  más  acorde  con  el  proceso  de  transformaciones  que  registraba  el  período.  La  llegada  al  poder  del  partido  liberal  coincidió  con  el  debilitamiento  de  la  hegemonía  de  los  sectores  agrarios  y  exportadores  tradicionales,  y  aunque  éstos  aún  determinaban el campo de las transformaciones posibles, paulatinamente se llevó a cabo un  desplazamiento  del  poder  hacia  los  sectores  urbanos  —industriales,  comerciantes,  exportadores—  que  buscará  inicialmente  apoyo  en  los  sectores  populares  y  de  manera  especial en el proletariado naciente. El desplazamiento de la hegemonía hacia los grupos exportadores e industriales y la crisis económica de 1929, propiciaron el incremento de las funciones estatales y el impulso de un modelo de desarrollo basado en la industrialización, cuyas   limitaciones   estructurales   se   habrían   de   revelar   tempranamente.   El   primer   presidente liberal de más de 40 años  de dominio conservador fue Enrique Olaya Herrera, éste  subió  al  poder  a  nombre  del  “movimiento  de  concentración  nacional”  (1930-1934),  dando  inicio  a  una  fase  de  transición  de  la  hegemonía  conservadora  a  la  hegemonía  liberal. Las reformas educativas siguieron un ritmo lento debido a la recesión económica y al  carácter  de  transición  de  dicho  gobierno;  se  avanzó  en  la  reglamentación  de  algunos  aspectos  de  la  Ley  56  de  1927,  en  donde  el  último  gobierno  conservador  había  trazado  disposiciones  tendientes  a  propiciar  una  reforma  educativa  de  carácter  nacional.  Se  unificó la educación rural y urbana, se crearon las Facultades de Educación y se aplicaron en la enseñanza primaria los métodos pedagógicos de la Escuela Activa europea. Es  durante  el  cuatrienio  conocido  como  “la  revolución  en  marcha”  (1934-1938),  cuando las reformas cobran mayor alcance, colocando de modo decidido la educación al servicio  de  la  integración  nacional.  Las  políticas  educativas  formuladas  por  el  presidente  Alfonso López Pumarejo, hacían parte de un plan global que intentaba dotar al estado de los  elementos  necesarios  para  ejercer  una  mayor  intervención  económica,  política  y  social. Este plan se consagró a nivel jurídico en el proyecto de reforma  constitucional  de  1936, en donde se impulsó el cambio de algunos artículos de la Constitución de 1886. Allí se propuso una reforma fiscal que reforzaba la tasa tributaria, así como la prerrogativa del Estado para intervenir en asuntos privados y en los litigios obrero-patronales; además se introdujo  la  noción  de  utilidad  social  que  reemplazaría  a  la  de  utilidad  pública.  A  nivel  de  las  relaciones  Estado-Iglesia  el  proyecto propuso  la  renegociación  de  los  términos  del  Concordato,  con  el  objeto  de  recuperar  para  la  esfera  del  Estado,  ciertas  órbitas  de  lo  social dentro de las que se encontraba la educación. El Acto Legislativo No. 1 de 1936 dio curso  a  la  reforma  constitucional  y  buscó  precisar  la injerencia  estatal  en  el  terreno  educativo,  pero  de  igual  modo  dejó  expresas  las  estrechas  dimensiones  de  este  intento.  Por  un  lado,  a  pesar  de  las  pretensiones  discursivas  de  extender  la  educación  a  la  mayoría  del  pueblo  colombiano,  la  reforma  no  declaró  la  educación  primaria  gratuita  y  obligatoria.  Por  otra  parte,  no  se  redefinieron  las  relaciones  Estado-Iglesia  con  las  consecuentes modificaciones del Concordato, el cual ponía cortapisas en algunos de sus artículos a las aspiraciones de acción estatal en la educación. A pesar de esto, la reforma asignó  al  Estado  la  inspección  y  vigilancia de  la  educación,  al  tiempo  que  declaró  la  libertad de cultos y de conciencia, lo cual es un indicio que señala la tendencia a delimitar las órbitas de lo civil y religioso en el terreno social y educativo. Entre 1938  y  1942  el  gobierno  de  Eduardo  Santos,  conocido  como  “la  pausa  a  la  revolución  en  marcha”,  no  trajo  mayores  modificaciones  en  educación,  las  políticas  se  limitaron  a  reglamentaciones  sobre  la  legislación  existente;  se  impulsó  la  construcción  escolar, se creó el Patronato Escolar para dar impulso a la educación popular y se intentó nacionalizar la educación primaria. Después de “la pausa”, la  segunda  administración  de  Alfonso  López  Pumarejo  (1942-1  946)  —culminada  en  su  último  año  por  Alberto  Lleras  Camargo—,  evidenció  con  claridad  las  inconsistencias  de  su  proyecto,  las  cuales  no  se  debían  al  “presunto  aplazamiento  de  las  tareas  de  la  revolución  en  marcha,  sino  a  los  límites inherentes a una lógica del desarrollo capitalista”, dentro de las particularidades de la  sociedad  colombiana,  lo  cual  hizo  fracasar  el  modelo  de  desarrollo  industrial  que  trató  de  imponerse  en  el  período  y  del cual  López  Pumarejo  era  su  representante.  Esta  situación llevó a la consolidación en último término de un esquema de desarrollo “liberal-dependiente”, en el que el papel del Estado se vería muy limitado ya que a excepción del esfuerzo por respaldar el consumo industrial de materias primas nacionales, fueron pocos los  terrenos  en  los  que  pudo  operar  efectivamente  y  con  carácter  autónomo,  fenómeno  que incidió en los alcances de la reforma educativa que se registró en estas décadas. El período estuvo caracterizado por la riqueza en el debate ideológico y  en  los  intentos  por  ampliar  la  cobertura  educativa  bajo  la  óptica  de  la  actualización  y  modernización  del  aparato  educativo;  esta  necesidad  de  modernización  permitió  la  formulación  de  diversos  matices  respecto  al  tipo  de  reforma  educativa  requerida  y  puso  de  presente  las  pugnas  partidistas  por  los  puestos  burocráticos  —que  muchas  veces  tomaron  el  ropaje  de  diferencias  ideológicas—,  pugnas  en  las  que  se  expresaba  el  ambiente  de  violencia  política  que  se  acentuó  con  mayor  fuerza  a  partir  de  1940.  Al  final  del  período  el  entusiasmo  expresado  por  los  gobernantes  hacia  la  educación,  empezó  a  declinar  y  si  bien  ya  no  aparece  como  un  objetivo  de  primer  orden  para  los  dirigentes  políticos,  entre  los  diversos  estamentos  educativos  sí  persistió  el  interés  por  dar  prioridad  a  la  tarea  de  modernización  educativa.  Esto  es  a  grandes  rasgos  los  elementos  que  caracterizaron  la  dinámica  de  la  educación  a  lo  largo  de  estos  16  años.  Veamos  a  continuación  algunos  aspectos concretos con el fin de precisar mejor lo que fueron los logros alcanzados en los distintos niveles del sistema educativo.

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