Ética Y Casos De Corrupción En El Salvador

INTRODUCCION

Es evidente que el fenómeno de la corrupción ha acompañado a la humanidad en toda época, con diversidad de formas y magnitudes, en todas las latitudes y culturas; así también ha estado presente la preocupación por combatir el fenómeno. En la época actual la corrupción es uno de los peores males de las sociedades modernas, por ello ha pasado a ser un tema central en el debate nacional y particularmente la referida al ámbito público. Su existencia es reconocida en muchos países, tanto que a nivel internacional se han dado intentos de frenar este mal común, en El Salvador los más importantes son La Convención de Las Naciones Unidas Contra La Corrupción y La Convención Interamericana Contra la Corrupción.

El presente trabajo contiene un análisis del caso CEL-ENEL, un caso de corrupción que se llevó a cabo entre los años 2002 y 2005 y que involucra a varios exfuncionarios de esa época.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Determinar en este caso en particular como algunos funcionarios de gobierno actúan de manera premeditada realizando actos de corrupción y qué consecuencias tiene para el país dichos actos.

INFORMACION

CASO CEL- ENEL

En junio del 2002, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), una autónoma del gobierno de El Salvador (GOES), conjuntamente con el GOES realizaron una licitación internacional cuyo objetivo principal era la búsqueda de un socio estratégico para incrementar la generación de energía geotérmica en el país centroamericano. Fue así como la administración del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) después de unos meses terminó firmando un contrato con la empresa Italiana ENEL. Uno de los términos del contrato propició la creación de La Geo, una corporación de capital mixto público-privado, la cual está encargada de administrar la producción y distribución del recurso geotérmico salvadoreño.

En el año 2005, a solicitud del entonces presidente del país, Antonio Saca, una prestigiosa firma salvadoreña de abogados (Guandique, Segovia y Quintanilla), la cual cuenta entre sus socios principales al ex vicepresidente de El Salvador durante la administración Flores, realizó un estudio jurídico sobre las consecuencias del contrato entre la autónoma CEL y la italiana ENEL y concluyó que el mismo era lesivo para los intereses del estado Salvadoreño y contenía efectos atentatorios a la soberanía nacional.

Ocho años después, en 2013, bajo la administración del presidente Mauricio Funes, la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas y la Fiscalía General, confirman aquella conclusión. Todas esas instituciones se han pronunciado por la necesidad de anular el contrato en cuestión, que fue firmado en 2002 bajo la administración presidencial de Francisco Flores.

En torno de ese contrato se ha dado a conocer que al traslado de bienes del Estado a entes privados se dio sin pedir autorización de la Asamblea Legislativa y a espaldas de la población, se suma a una larga y detallada lista de irregularidades encontradas en el proceso de selección de ENEL como socio.

Esto ha llevado a una comisión especial de la Asamblea Legislativa, y a la Fiscalía General, a encontrar indicios de presuntos hechos ilícitos, cuyas responsabilidades administrativas y penales ya se encuentran en curso de judicialización.

Sobre este caso, el criterio coincidente técnico legal es que el contrato en cuestión implica, en atención a sus efectos, una privatización encubierta de un bien público limitado, de carácter estratégico, muy distinto de un asocio publico privado, en vista que al ejecutarlo de la manera que fue negociado elimina la participación del Estado de un bien que le pertenece, ya que permite que un poderoso consorcio extranjero, ENEL, obtenga la mayoría accionaria de una de las empresas más rentables del Estado salvadoreño, La Geo.

La Geo, conformada durante toda su historia por mano de obra y capacidad técnica salvadoreña, es la única poseedora de las concesiones para explotar el vapor de nuestro subsuelo como fuente de energía limpia, de bajo costo y renovable.

Pese a todo esto, el partido político Alianza Republicana Nacionalista, (ARENA), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), exigen que el contrato sea cumplido y que, en consecuencia, se le entregue a la transnacional ENEL la mencionada mayoría accionaria y, por tanto, la propiedad de la geotermia nacional.

Según los oponentes de la privatización, ARENA y las organizaciones de la empresa privada omiten mencionarle a la población que

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