BONAUDO, Marta. “Ordenar y controlar”

BONAUDO, Marta. “Ordenar y controlar”, en Nueva Historia de Santa Fe, Rosario, Prohistoria Ediciones / Diario La Capital, 2006, Tomo 6 “La organización productiva y política del territorio provincial (1853-1912)”.

Generar una nueva ingeniería social significaba reacondicionar las condiciones de vida y las de crecimiento, requirió de un control del territorio sostenido en una estructura de poder legitimada. Para ello se debió reconstruir el Estado provincial y conformar una comunidad política de dimensiones nacionales a la que este integraría.

Organizar el territorio/provincia

Para las elites santafesinas, el gran desafío de una democracia liberal residía en pensar el voto como la herramienta a través de la cual podían crear estrategias de control y adquisición de electores. Ellos desde el comienzo creían en una visión que privilegiaba la jerarquía social sobre la igualdad legal.

Pero esa realidad se iba modificando, algunos continuaban alegando a su grupo social (elite) para operar en el espacio público, otros se separaban de ese grupo al sentirse marginados o excluidos de los pactos colectivos.

Se sumaron a los anteriores (las elites), jóvenes ilustrados provenientes de familias de patricios empobrecidos para quienes la universidad les sirvió como canal de ascenso social. La renovación también alcanzaba a los sectores europeizados que traían consigo experiencias laborales, asociativas y de acceso a la palabra escrita, de participación en movilizaciones y reuniones públicas, que fueron alimentando una identificación ciudadana tendiente a procesos de individualización.

En el espacio provincial, la Constitución de 1856 institucionalizó la nueva organización política, separándose lo político de lo administrativo. Los fines de acción política recaían en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las actividades administrativas se asignaban a cuerpos y espacios que no producían una dispersión social de aquella. Se ratificó un poder asentado en la voluntad del pueblo y una representación dividida. Inicialmente, mientras el Ejecutivo se ligaba a la figura del gobernador, el legislativo era unicameral. Después de 1856 se creó la unción de vicegobernador y de dos cámaras al interior del Parlamento. Los senadores representaban los departamentos (en construcción), la diputación representaba según la cantidad de habitantes de cada jurisdicción.

Renovar una gestión político-administrativa trajo nuevas relaciones entre poder y espacio. La organización en departamentos dejó en claro la intención de consolidar a ciertos grupos en el poder, desplazando a otros. El éxito de las elites capitalinas genero disgusto y resistencia de las fracciones sureñas y comenzó una disputa por las representaciones departamentales.

Esta difícil tarea de ordenar institucional y normativamente esa “nueva” sociedad y espacios, el Gobierno recuperó una institución de la Constitución de Cádiz de 1812, la Jefatura Política, con el fin de asegurar la presencia de Estado en los departamentos y subordinar las tramas del poder local al estatal. Un proceso que no fue igual para todos los departamentos debido a sus diferencias, algunas solo eran un núcleo poblado y su hinterland rural. Por ende, el Jefe Político era el representante directo del gobernador pero también debía responder a las funciones del orden municipal.

Cada Jefatura intentó consolidar su papel de agente del Ejecutivo y actuó con discreción en una borrosa frontera entre lo político y lo jurídico, para así consolidar un proyecto de dominación asentado tanto en la coerción como en el consenso.

Avanzar jurisdiccionalmente

Había un clima de urgencias por la inestabilidad política y la necesidad de protección debido al rápido aumento de población y el desarrollo mercantil. Los Jefes Políticos operaron con amplias atribuciones en el orden público, la justicia correccional, la sanidad, el fomento, el desarrollo y el control y la centralización de la recaudación fiscal del departamento, en los rubros fijados por las leyes y los códigos de Policía urbana y rural. También funciones en el Tribunal de Comercio y electorales (control de escrutinio).

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