“El principio del fin” del autor Pablo Pineau

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Consignas del trabajo referido al periodo 1955-1983: “El principio del fin”

1-¿De qué manera se relacionan las tendencias educativas descriptas por Pineau en “El principio del fin” con el contexto histórico argentino entre 1955 y 1983?

2-¿Cuál es la tendencia que parece triunfar hacia 1976? ¿Por qué?

3- ¿Qué características adquirió el Terrorismo de Estado en el sistema educativo? ¿Qué medidas/acontecimientos podemos señalar como significativos? Fundamentamos nuestra elección.

1-

Teniendo en cuenta los aportes del texto: “El principio del fin” del autor Pablo Pineau, y el apunte abordado en 1° año, se fundamenta que en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX se presentaron tres posiciones político-pedagógicas, que a su vez, reeditaban y actualizaban debates de periodos previos, ellas son: la defensa del canon fundacional (que arranca con el derrocamiento de Perón y se mantiene aproximadamente hasta fines de la década del 50), la modernización excluyente (que tiene su apogeo durante la dictadura de Onganía) y la modernización incluyente (es la modernización que proponía otro sistema educativo al servicio del pueblo).

A partir de 1955, los militares, los políticos y los grandes empresarios consideraron que las causas de la crisis económica del país eran las distorsiones que durante los gobiernos peronistas, habían provocado la intervención del Estado en los procesos de acumulación y distribución de la riqueza.

En relación al primer punto, “la defensa del canon fundacional o normalismo”, se consideraba que la crisis que atravesaba el SIPCE (Sistema de Institución Pública Centralizado Estatal) era de corte coyuntural y no estructural, por lo que la solución del problema era el retorno al modelo fundacional perdido mediante la estricta puesta en funcionamiento de sus principios fundacionales.

Para esta posición, el Canon de la educación democrática argentina estaba compuesto por el siguiente conjunto de verdades: el sistema debía estructurarse en los tres niveles históricos ordenados jerárquicamente. El Primario debía retomar el mandato de la ley 1420 (lo que englobaba la formación docente bajo la égida normalista); el Nivel Medio debía regirse por un curriculum humanista lo más moderno posible; y finalmente el Nivel Universitario debía basarse en el reformismo nacido en 1918. Toda oposición a estas “verdades y bondades” viniera de donde viniera debía ser combatida en nombre de la escuela democrática. La única operación posible era una modernización que no afectara sus bases estructurales.

La lectura que se hacía de la historia previa era que los distintos derroteros habían hecho perder el rumbo de estas “verdades y bondades” fundacionales. Esta situación había llegado a su punto limite durante el peronismo, cuando su propuesta pedagógica combinó una serie de herejías como la enseñanza religiosa obligatoria, la escuela media orientada al trabajo, la Universidad Obrera Nacional y la preeminencia de otros niveles y prácticas educativas distintas del tríptico fundacional, y su derrota era la prueba de la oportunidad y necesidad de recuperación.

En este sentido, Cucuzza Rubén (profesor de Historia Social de la Educación) señala que, muchas veces se presentó un discurso panegirista y acrítico que enfatizó el tema del laicismo y “supone que los males de la escuela se resolverían con la simple restauración de la ley 1420”. Esta posición fue sostenida en gran parte por los propios docentes y por pedagogos cercanos a la Unión Cívica Radical, al Partido Comunista y al Partido Socialista, cuyas agrupaciones y asociaciones levantaban continuamente como bandera la “defensa de la ley 1420”.

En el caso universitario, el modelo reformista había vivido su “edad de oro” entre 1955 y 1966, cuando Ongania y sus bastones largos destrozaron ese sueño. El reformismo terminó por convertirse en un discurso fuertemente autorreferencial que excluyó otras voces, mantuvo la vieja jerarquía cultural y limitó su propuesta democratizadora dentro del ámbito universitario que no lograba dar cuenta del notable aumento de la matricula que se venía produciendo en las casas de altos estudios como efecto de la democratización social llevada a cabo por el peronismo.

Así, esta posición entrelazó canónicamente normalismo, humanismo y reformismo para defender lo previo pero supuestamente aun válido, y soñó nostálgicamente un futuro lo más parecido posible al pasado.

La segunda posición política pedagógica presente en el periodo 1955-1976 fue la modernización excluyente que a diferencia de la defensa del canon fundacional, ésta presentaba una evaluación histórica de agotamiento del modelo fundacional. Para ella, el SIPCE debía ser reformado de raíz ya que la crisis que atravesaba era estructural y no coyuntural.

Esta tendencia proponía reformas profundas que implicaran una modernización que limitaba los elementos democratizadores del sistema educativo. Por consiguiente, esta posición, a diferencia de la defensa del canon fundacional, buscaba formar un sistema educativo que tuviera que ver con la diferencia social que existía fuera del sistema educativo, y coincidiendo con la postura anterior del rechazo por la experiencia y lo que había significado el peronismo.  Según el caso y el momento, esta propuesta tomo aristas tecnocráticas, confesionales, mercantilistas, autoritarias, represivas, privatizadoras, desarrollistas, imperialistas, discriminadoras y neoliberales.

Este modelo mencionado alcanzó su punto máximo durante la dictadura de Juan Carlos Ongania, le sumo a los elementos ya presentados altas cuotas de autoritarismo y represión.  Se mostraban como modernizadores de la sociedad y del Estado, y no solo como “ordenadores”. Por ende, su política consideraba que no era posible el desarrollo nacional con participación social, por lo que era necesario el control y la exclusión de ciertos sectores, se necesitaba una “mano dura” acompañada de bueno tecnócratas para luego hacer avanzar  a la nación, de manera que la necesidad de eficacia y racionalidad en la producción y en la administración pública conjuntamente con el objetivo de despolitizar, acorde con la Doctrina de la Seguridad Nacional que asignaba a las Fuerzas Armadas ese papel fundamental de control del “enemigo interno”.

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