Escuelas Corruptas, Universidades Corruptas: ¿Qué Hacer?

Este libro presenta las conclusiones de la investigación dirigida por el IIPE sobre la ética y la corrupción en la educación. Los investigadores dan cuenta de las diversas formas que puede tomar la corrupción en el sector de la educación entre ellas las contrataciones fraudulentas, malversaciones, cobros ilegales, fraude académico.

Para realizar este trabajo se llevaron a cabo distintas actividades, una sesión de trabajo preparatorio, un viaje de estudio, un seminario dedicado al diálogo sobre las políticas internacionales, estudios monográficos, y comparativos, y el diseño de herramientas metodológicas para valorar, diagnosticar y medir las prácticas corruptas en la educación.

Con este libro los autores aspiran a sensibilizar a los responsables de las decisiones, a los planificadores y a los administradores de la educación de la importancia de la lucha contra la corrupción en la educación; promocionarles las herramientas necesarias para detectar y valorar el problema; y guiarlos en la formulación de estrategias adecuadas para impedir estas prácticas. Defienden la creación y mantenimiento de sistemas reguladores transparentes, que refuercen la capacidad de los gestores de rendir cuentas y aumenten la aceptación de los procedimientos de gestión, para ayudar a construir un triángulo virtuoso, que favorezca la liberación de los sistemas educativos de la corrupción. En concreto, concluyen con una lista de recomendaciones, entre las que cabe mencionar las siguientes:

-para combatir la corrupción se necesitan leyes y reglamentos claros, procedimientos transparentes y un marco normativo explícito que detalle, en cada etapa, la distribución de responsabilidades entre los diversos interesados en la asignación, distribución y uso de los recursos educativos;

-un requisito básico para reducir la corrupción en la educación es ampliar los conocimientos de gestión, contabilidad, supervisión y auditoria. Por ello debe pensarse en una mejor preparación, no solo del personal administrativo en los distintos niveles implicados, sino también del resto de los interesados que intervengan en el sistema, como las Asociaciones de Padre de Alumnos, los sindicatos y otras asociaciones relevantes de la sociedad civil;

-es indispensable dar al público en general acceso a la información si se quiere consolidar la participación, la identificación y el control social. En consecuencia, debe ofrecerse suficiente información a los que estén más próximos a las escuelas, para que sean capaces no sólo de detectar el fraude sino también de reclamar lo que les corresponde por derecho.

Hallak y Poison (2010) definen la corrupción en la educación como “el uso sistemático del cargo público en beneficio privado, con un impacto notorio en la disponibilidad y la calidad de los bienes y servicios educativos y, por consiguiente, en el acceso a la educación y en su calidad y equidad”, de tal forma que, al ser la educación un espacio en el que convergen actores, proyectos e intereses, es factible la inadecuada utilización de los recursos financieros, materiales y humanos, en casos –señalan los autores- como el financiamiento; en la licitación para la construcción, mantenimiento y reparación de edificios escolares, o en la distribución de equipos, mobiliario y materiales, en la publicación de libros de texto; en el nombramiento, gestión, pago y capacitación del profesorado; y en el soborno. Esto provoca, entre otras cosas, que haya menos recursos económicos, limita el acceso de la población a la educación, deteriora la calidad y genera desigualdades.

En diferentes sectores se ha vuelto un lugar común señalar que la corrupción “facilita” la solución de los problemas, aunque su práctica afecta a corto y largo plazo a los ciudadanos. En el caso de las universidades, se genera el desprestigio de la institución, lo que lleva a que determinadas

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