La Nueva Cuestión Social

LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL

Desarrollo

En las primeras décadas de la posguerra, se constituía la “sociedad salarial”, en la que el empleo de tiempo completo y duración indeterminada, con protecciones legales y buenas remuneraciones se convertía en el dispositivo clave del ingreso y conformaba la dimensión social de la ciudadanía. Una sociedad salarial no es simplemente una sociedad donde la mayoría de los trabajadores son asalariados sino una sociedad del pleno empleo, crecientemente homogénea, donde el trabajo asalariado brindaba status, dignidad y protección y donde aparecía un nuevo tipo de seguridad ligada al trabajo. Era el momento de apogeo del modelo de intervención social del Estado conocido como Estado de Bienestar, que expresó una diferente articulación entre los sectores económicos y el sistema político sobre la base de una nueva relación entre capital y trabajo. Ese Estado de Bienestar, desarrollado en las democracias capitalistas luego de la Segunda Guerra Mundial, se correspondía con una política económica comprometida con una orientación hacia el “pleno empleo”, lo que constituyó el apuntalamiento esencial del sistema de seguridad social.

El panorama cambió significativamente en el último cuarto de siglo, cuando la inflación desplazó al empleo como preocupación dominante de los gobiernos, mientras avanzaban tanto los procesos de automatización de la industria y los servicios como la recesión económica, generándose un aumento considerable de la desocupación y la subocupación. Era la crisis de la sociedad salarial y del trabajo asalariado como pilar de cohesión social. En América Latina, durante la llamada “década perdida” –la década del ’80- gran parte de los países sufrieron una aguda contracción económica, una disminución de los ingresos provenientes de la actividad productiva y una mayor inequidad en el reparto de los mismos. La grave crisis de la deuda externa y la presión ejercida por los grandes intereses internacionales, que se articularon en lo que se conoció como el “Consenso de Washington”, condujeron al cambio de modelo de acumulación. Esto no se revirtió en la década del ’90. Por el contrario se intensificaron los cambios regresivos en la composición del empleo. Por ejemplo, las reformas introducidas en nombre de la flexibilización llevaron al abaratamiento de la mano de obra a través del despido de trabajadores permanentes y de la expansión de trabajadores sin contrato o con contrato temporario. Se promocionó el desarrollo del sector privado a través de las privatizaciones, la desregulación y se eliminaron subsidios a industrias no competitivas

Todo este proceso iba siendo acompañado por una cada vez mayor concentración del ingreso en el 20% más rico de la población, lo que contribuyó a que la región se encontrara entonces con un empeoramiento de la distribución del ingreso respecto de los ’70. Según lo expresa el informe de UNCTAD, en 1997, “En América Latina la desigualdad es más grande ahora que cuando estalló la crisis de la deuda”.

Los comienzos del siglo XXI encuentran una América Latina atravesada por las desigualdades y la exclusión. El incremento de la pobreza, el aumento de la tasa de desocupación, el deterioro de la calidad de los empleos, la falta de acceso a factores básicos, el empobrecimiento de los sectores medios, conforman una realidad que se caracteriza por la existencia y la consolidación de nuevas desigualdades. Desigualdades entre estados y regiones, y también entre grupos sociales en el interior del mismo espacio.

La distribución regresiva del ingreso, acompañada de desocupación alta y constante, dan como resultado un aumento de la pobreza y la exclusión. Desde el principio de los años ochenta, el crecimiento de la desocupación y la aparición de nuevas formas de pobreza parecieron llevar el tiempo atrás. Pero a la vez se ve con claridad que no se trata de un simple retorno a los problemas del pasado. Los fenómenos actuales de exclusión no remiten a las categorías antiguas de la explotación. Así aparece una nueva cuestión social.

En acuerdo con lo enunciado por Pierre Rosanvallon, que el advenimiento de una nueva cuestión social se traduce en una inadaptación de los viejos métodos de gestión de lo social, que más allá de los acuciantes problemas de financiamiento y de las penosas disfunciones de los organismos del Estado, lo que está puesto en tela de juicio son los principios organizadores de la solidaridad social y el fracaso de la concepción de los derechos sociales para ofrecer un marco satisfactorio en el cual pensar la situación de los excluidos.

En un contexto de desocupación masiva y crecimiento de la exclusión, esta visión de los derechos sociales como compensadores de un disfuncionamiento pasajero es inadaptada. El malestar social está vinculado a la existencia de este desempleo masivo cuya persistencia alimenta la doble sensación de una pérdida de identidad y una incertidumbre creciente sobre el futuro

Vastos sectores de la sociedad ya no saben muy bien quiénes son, a qué conjunto o clase pertenecen, qué es lo que los relaciona a unos con otros. En definitiva, no saben a dónde los lleva la situación actual.

Dada la complejidad y la profundización de estos fenómenos, en un panorama, donde se han fragmentado las esferas de integración, podemos recurrir para su análisis al concepto de “nueva cuestión social”, utilizando algunas de las categorías enunciadas por Robert Castel y P. Rosanvallon. Remarcan cómo la cuestión social no sólo se ha complejizado sino que ha cambiado de naturaleza a fines del siglo XX.

Castel desarrolla una propuesta que busca reducir o al menos paliar los estragos de la desigual distribución de los ingresos, vinculando el tema de la cuestión social con el dilema de la cohesión social y el déficit de integración social. Muestra las intervenciones dirigidas a salvaguardar la cohesión y a gestionar la exclusión en las sociedades de la Europa precapitalista. Señala que la conjunción entre la problemática del Estado–nación y

las necesidades del propio capitalismo provocaron cambios importantes en estas formas de intervenciones que terminaron por configurar diferentes versiones nacionales de estados protectores de lazos sociales. Sin embargo, con el quiebre del Estado social, aquellas disfunciones sociales que parecían conjuradas irrumpen nuevamente en escena, aunque no sería exactamente un retorno de lo mismo. Una nueva pauperización, desocupación estructural, crecientes desigualdades, son el centro de esta nueva cuestión social en la que se destaca una dimensión que afecta particularmente el principio organizador

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