¿Qué es la evaluación social de proyectos?

¿Qué es la evaluación social de proyectos?

En términos prácticos la evaluación de proyectos es un trabajo obligado para todos aquellos profesionales y profesionistas involucrados en los procesos de crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades. Evaluar un proyecto más allá de la aplicación de formulas mundialmente conocidas, debe ser un proceso consciente y determinante para la toma de decisiones. Sin embargo la gran disyuntiva es definir el área de enfoque de la evaluación.

Para identificar los costos y beneficios de la evaluación de proyectos, así como el escenario en el cual deben ubicarse es necesario comparar lo que sucede con un proyecto contra lo que hubiera sucedido sin él; este simple ejercicio definirá los costos y beneficios del mismo.

Pero antes de iniciar cualquier proceso de análisis es primordial entender los dos grandes paradigmas de proyectos en nuestro país: el primero se refiere al sector privado, el segundo al sector público (que es por ende, el enfoque social).

Mientras que las políticas del estado tienden a buscar un bien común a través de la inversión de recursos públicos para beneficios de todos, la iniciativa privada a través de todos sus actores busca la consolidación de un negocio que provea ganancias y posicionamiento en un mercado competido.

De esta manera definiremos la evaluación social de proyectos como el enfoque del bien comunitario, y que no necesariamente deberá estar vinculado al sector público de nuestro país; ya que será posible realizar dicha evaluación por despachos privados fungiendo como asesores o auditores externos.

“La evaluación económica y social se efectúan conjuntamente con la factibilidad técnica del proyecto”1.

Mientras que la evaluación privada de proyectos incluye una evaluación financiera y económica; la evaluación social de proyectos se refiere a un análisis socioeconómico en el cual el flujo de recursos reales, de los bienes y servicios utilizados y producidos por el proyecto puedan determinarse en costos y beneficios sociales pertinentes.

La evaluación social definirá la situación del país, estado, o ciudad contra la ejecución del proyecto a analizar. De esta manera la determinación de los costos y beneficios deben traducirse en el bien comunitario consumado, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, o en la solución práctica a una problemática compleja (políticas públicas).

¿Por qué evaluar los proyectos de inversión pública?

Es inevitable pensar en el bienestar social sin pensar en gobierno y administración pública; “los compromisos que tienen a su cargo exigen como imperativo que las capacidades institucionales orientadas a gobernar y administrar la vida pública sean actuales, consistentes y eficaces con el fin de solventar nuevos y viejos problemas públicos”2; entre ellos el bienestar social.

La exigencia para que los gobiernos desarrollen tareas con eficacia ha sido en los últimos 25 años un reclamo abierto y constante, la función pública está sometida por tanto a presiones y demandas de la ciudadanía que son cada vez más activas, siendo más vigilados para exigir resultados positivos.

De esto se desprende que el valor público de la administración del gobierno y la iniciativa privada en sus inversiones se comprometan a responder a intereses generados de quienes viven en los marcos de la desigualdad social y económica.

Si tomamos en cuenta que la mayor inversión pública se focaliza en proyectos de beneficio directo para la socia entenderemos mucho más fácilmente la importancia de evaluar este tipo de proyectos. Es decir, promocionar proyectos preferentes a incrementar el bien común.

Los costos y el impacto de los proyectos de inversión representan el compromiso de atenuar los desequilibrios sociales, regionales, municipales, etc., dando un sentido de equidad no sólo a través del diseño de programas asistenciales sino de la política pública tendiente a definir criterios, normas, procesos y métodos que se traduzcan en un trato humano y abierto; esto es erradicar la exclusión cultural, económica, social.

Sin embargo esperar que sólo el sector público haga una valoración social de cualquier proyecto de inversión es simplemente una visión paternalista de nuestra responsabilidad como actores sociales. Desde el ámbito de la iniciativa privada también pueden hacerse este tipo de consideraciones que repercutan en el mejoramiento del entorno.

“Los vínculos de la administración pública con el llamado tercer sector- conjunto de autonomías, organizaciones, relaciones, recursos, espacios, interacciones y grupos de lo público y social- pueden fructificar en la visión de la cooperación extendida… no hay condiciones para que la administración

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