RESUMEN ORIGEN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

PRIMERA PARTE - RESUMEN DE LA LECTURA

El origen de las personas, de las sociedades, de las naciones y de las ideologías explica su presente y determina su futuro. Es gracias a esto que es necesario revisar los orígenes del Derecho de la competencia en el mundo y el desarrollo que ha tenido en los países que lo han adoptado.

1. El Derecho de la Competencia en Estados Unidos

El derecho antimonopolístico moderno surge a finales del siglo XIX en EE.UU, en el contexto de una sociedad con una economía proteccionista en la cual proliferaron los monopolios y los carteles. El Derecho de la Competencia tuvo su origen en 1890 cuando el congreso aprobó el proyecto de ley contra los monopolios, siendo una ley para la protección del comercio contra las restricciones ilegales y los monopolios.

Sin embargo, la posición de algunos académicos es que no existe una evidencia de que las grandes empresas de finales del siglo XIX en EEUU realizarán prácticas anticompetitivas y por el contrario la normativa contra los monopolios habría sido impulsada por grupos de interés que buscaban protegerse de las compañías que crecían rápidamente y lograban ofrecer precios bajos gracias a las economías de escala que alcanzaban.

La Ley Sherman se distingue de los demás estatutos ya que es demasiado genérica, prohibiendo y castigando penalmente “todo contrato, combinación o conspiración que restrinja el comercio” . Esta prohibición tan genérica ocasionó que los jueces federales tuvieran un gran poder para que establecieran en cada caso la  distinción entre una cooperación comercial legal y aceptable y una conducta colusoria ilegal; o bien entre una competencia vigorosa y una monopolización ilegal. Y la convergencia entre la ciencia del Derecho y la ciencia de la Economía.

Entonces podemos ver, a continuación, la evolución del Derecho de la Competencia en EEUU, con base en las etapas propuestas por los profesores Kovacic y Shapiro.

1.1. Primera Etapa (1890 -1914)

De acuerdo a Kovacic y Shapiro, la promulgación de la Ley Sherman generó un intenso debate entre los economistas de fines del siglo XIX. Para algunos, la norma no serviría para detener la tendencia de la economía estadounidense a la cartelización. Para otros, la norma constituiría un obstáculo para la obtención de las eficiencias que podrían producir las nuevas formas de organización industrial. En realidad, inicialmente no se consideraba que la Ley Sherman fuera una herramienta útil y eficaz para controlar las conductas anticompetitivas.

Durante las primeras dos décadas de su vigencia, la Ley Sherman no fue aplicada en forma decidida, pero las cortes dieron los pasos iniciales en el camino de su interpretación. A pesar de la poca claridad de la Ley Sherman, esta no condenaba per se la existencia de monopolios.

Los primeros jueces que aplicaron la Ley Sherman consideraban que la interferencia que su aplicación ocasionaba al proceso competitivo era negativa puesto que tendía a disminuir la eficiencia de las empresas. Sin embargo, la excesiva concentración del mercado en manos de grandes empresas produce un efecto “contrario al interés público”, así las eficiencias obtenidas se traduzcan en ahorros de costos que permitan bajar los precios; ya que dichas empresas tendrían también el suficiente poder de mercado para incrementar los precios sin disminuir sus ingresos y para eliminar a sus competidores más pequeños del mercado.

El Congreso de EE.UU. consideraba que la Corte Suprema de Justicia estaba disminuyendo el rigor en la aplicación de la Ley Sherman. Por esta razón se promulgó la Ley Clayton de 1914 y se creó la Comisión Federal de Comercio - CFC, por medio de la Ley CFC. La Ley Clayton redujo la discreción de los jueces mediante la prohibición específica de ciertas conductas.

1.2. Segunda Etapa (1915 -  1936)

El periodo de la Segunda Etapa no se caracterizó por una agresiva aplicación de la normativa  antimonopolio. Un ejemplo claro de la permisividad de la Corte Suprema, es la forma amplia en que determinó el mercado relevante en muchos casos, como consecuencia de lo cual encontraba que la participación en el mercado de las empresas investigadas era tan baja, que le permitía desestimar la existencia de una posición de dominio y el abuso de la misma.

Las razones que explican la tolerancia de las cortes fueron de carácter económico y político, como resultado de las relaciones que surgieron entre la industria y el gobierno en virtud de la Primera Guerra Mundial y  el colapso de la economía de EE.UU. era consecuencia del esquema de libre competencia económica y por ello se legitimaba aún más la política de que el gobierno condujera en mayor medida el comercio y de que hubiera una coordinación cercana entre el gobierno y la industria.

En 1936 el Congreso expidió la Ley Robinson-Patman, en donde la 5° deroga la 2° de la Ley Clayton y prohíbe la discriminación por medio del precio entre diferentes compradores de bienes similares en grado y calidad, cuando el efecto de dicha discriminación sea el de reducir la competencia o el de formar un monopolio.

1.3. Tercera Etapa (1936 - 1972)

En esta etapa, nuevamente las decisiones políticas orientadas por la situación económica del momento causaron un giro importante en la aplicación del Derecho de la Competencia en EE.UU.  Los economistas de la Universidad de Chicago, fueron los que promovieron la aplicación estricta de la normativa de competencia con miras a desconcentrar la industria estadounidense.

El incremento del rigor en la aplicación del Derecho de la Competencia en esta etapa se basó en la estructuración de la regla per se, por virtud de la cual se prohíben determinadas conductas independiente de sus efectos en el mercado. Gracias a esta regla, se disminuyó la carga probatoria necesaria para condenar a los infractores de la normativa. La regla per se creada por la Corte Suprema, equivale a una presunción de derecho, en virtud de la cual si una conducta se ajusta al supuesto fáctico de una norma o regla, entonces será considerada como restrictiva de la competencia y por lo tanto siempre ilegal.

La aplicación de la regla per se en los procesos judiciales cumple con el objetivo de disminuir la carga probatoria para el Estado en la medida en que la simple comprobación de la realización de la conducta prohibida per se es suficiente para castigar al infractor, sin necesidad de probar que su conducta efectivamente produjo restricciones a la competencia.

En 1950 fue expedida la Ley Celler-Kefauver por medio de la cual el Congreso pretendió reforzar el control de integraciones. En dicha ley prácticamente se presumía que la integración entre empresas rivales era nociva para la competencia. La Corte argumentó que aunque la participación en el mercado nacional era baja, en algunos “submercados” la participación sería excesiva.

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