Relaciones Históricas

Relaciones Históricas

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Las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado son las realizadas por funcionarios públicos y agencias estatales. En esta situación se incluye a los comisionados militares, agentes de la autoridad militar según la ley, los patrulleros civiles, los dueños de fincas y cualquier otro tercero que actuó bajo dirección o conocimiento de agentes estatales. El Estado también ha de responder por las infracciones al deber jurídico de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, el 93% de todos los registrados por la CEH. Utilizando como justificación la Doctrina de Seguridad Nacional y el anticomunismo se cometieron crímenes como el secuestro y asesinato de todo tipo de activistas, catalogados como "subversivos", desapariciones forzadas y aplicación sistemática de la tortura. La percepción por el Ejército de las comunidades mayas como aliadas naturales de la guerrilla contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones de derechos humanos perpetradas contra el pueblo maya, evidenciando un agresivo componente racista, llegando al exterminio masivo de comunidades, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Las masacres y operaciones de tierra arrasada protagonizadas por las fuerzas del Estado llegan a las 626. En la mayoría de estas masacres se han evidenciado múltiples actos de ferocidad y crueldad que constituyeron un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron dichas acciones. También se violó el derecho a la identidad étnica o cultural del pueblo maya. El Ejército destruyó centros ceremoniales, lugares sagrados y símbolos culturales; reprimió elementos identidarios como el idioma o el vestido y desestructuró el sistema de autoridad legítimo de las comunidades, impidiendo el uso de sus propias normas. Así mismo, se reprimió el ejercicio de la espiritualidad maya y se interfirió el sistema de organización social propio de los pueblos indígenas. La desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de Inteligencia para la desarticulación de los movimientos proclives a la insurgencia y para extender el terror en la población. El estado de Guatemala incurrió reiterada y sistemáticamente en violaciones del derecho a la vida. Los agentes de estas violaciones fueron por lo general oficiales, especialistas y personal de tropa del ejército, escuadrones de la muerte, miembros de las PAC, comisionados militares e, incluso, dueños de grandes fincas. La violación sexual de mujeres fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona. La mayoría de las víctimas fueron mayas y quienes sobrevivieron aún enfrentan dificultades por los traumas derivados de esta agresión, a la vez que las comunidades mismas quedaron violentadas por esta práctica, motivo de vergüenza colectiva. La institución militar contaba con unidades clandestinas denominadas "comandos o escuadrones especiales", cuyos medios eran proporcionados por estructuras regulares del Ejército, especialmente la Inteligencia militar. También utilizaron los denominados "escuadrones de la muerte" que en sus inicios fueron grupos criminales integrados por particulares que contaban con la tolerancia y encubrimiento de autoridades estatales. Su composición fue variando en el tiempo al incorporarse militares a ellos, hasta llegar a ser auténticas unidades militares clandestinas, cuyas denominaciones fueron:

• MANO (Movimiento de Acción Nacionalista Organizado) o Mano Blanca, por su símbolo gráfico.

• NOA (Nueva Organización Anticomunista)

• CADEG (Consejo Anticomunista de Guatemala) • Ojo por Ojo 10 • Jaguar Justiciero

• ESA (Ejército Secreto Anticomunista)

Por su parte, los tribunales de justicia tanto la justicia militar, por formar parte del aparato militar, como la justicia ordinaria, por haber renunciado al ejercicio de sus funciones, se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar siquiera un pequeño número de los más graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a las víctimas. Los contados jueces que mantuvieron su independencia y no abdicaron al ejercicio de su función tutelar fueron víctimas de actos represivos, incluyendo el asesinato y las amenazas. La CEH concluye que los hechos referidos constituyen violaciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyos preceptos el Estado de Guatemala se comprometió a respetar, desde que aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La gravedad de esta conclusión se acrecienta por la circunstancia que algunas de esas violaciones fueron reiteradas durante todo el enfrentamiento armado interno y algunas alcanzaron carácter sistemático, lo cual compromete gravemente la responsabilidad histórica de las autoridades del Estado de Guatemala ante su pueblo y la comunidad internacional. La mayor parte de las violaciones de derechos humanos se produjo con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado y las responsabilidades alcanzan a los más altos grados del Ejército y de los sucesivos Gobiernos.

Análisis sobre las garantías individuales de la libertad, de seguridad e igualdad

• Garantía de libertad

Toda persona es libre de realizar las actividades que quiera realizar siempre y cuando no viole alguna de las normas o leyes establecidas en constitución de la política de la república de Guatemala, los habitantes de Guatemala cuentan con la libertad de religión, es decir los que cada persona puede elegir sus creencias y de que religión ser, como también la liberta de expresión y de sus actos principalmente, ya que si sobre pasan a los lineamientos plasmados en la constitución tendrán una sanción de acuerdo a lo gravedad de los actos.

• Garantía de seguridad

El poder político no solo se encarga de establecer leyes que protejan la integridad de la persona, sino también es encargado de generar un ambiente seguro para los habitantes de un estado, este tiene que hacer cumplir cada una de las leyes, normas o reglas que se encuentran establecidas, ya que la humanidad tiene el derecho de vivir en un ambiente seguro en donde las personas se sientan seguras de sí mismas y de las personas que se encuentran a su alrededor.

• Garantía de igualdad

Las personas del país de Guatemala poseen los mismos derechos y obligaciones que se encuentran establecidas en la constitución, es considerada el trato igual en circunstancias iguales, consiste en evitar las distinciones que se hagan por raza, sexo, edad, religión, profesión, posición económica es decir la prohibición de toda decisión o norma legal de carácter discriminatorio por parte de los órganos competentes.

Análisis de las garantías sociales

Las garantías sociales son el conjunto de normas jurídicas que establecen y desarrollan diferentes principios, procedimientos e instituciones orientados a proteger, tutelar y reivindicar a las personas y sectores de la sociedad más desprotegidos y marginados. Con el fin de brindarles una ayuda a la población de Guatemala ya que hay factores del país que son afectados, el gobierno se encarga de garantizar el bienestar de las personas para poder tener un mejor estilo de vida, entre la garantías sociales esta la educación, la salud, la infraestructura entre otros aspectos importantes. La seguridad es un factor muy importante ya que en Guatemala es uno de los muchos factores que afectan al país, todas las normas reglas y leyes establecidas se deben de cumplir para garantizar el bienestar de la sociedad.

Intervencionismo del estado

Es la acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de otro ámbito público o privado, fijando normas o realizando actividades en sustitución de aquel. En un sentido estricto el término alude a un conjunto de acciones que disminuyen notablemente la autonomía del ámbito intervenido, sin embargo el término es más usado en el terreno económico como la afectación de la actividad económica privada por parte del Estado o de cualquier otra administración pública. Si se habla simplemente de “intervencionismo” se entiende con esta expresión la indebida injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro, que en su expresión más extrema que conduce al imperialismo. La historia está llena de acciones de este tipo. El intervencionismo promueve la participación de la autoridad pública en el proceso de la economía, ya para asumir la gestión directa de determinadas áreas de la producción, alentar o desalentar ciertas actividades según su conveniencia social, restituir la libre competencia cuando ésta se ha perdido por la acción monopolista, utilizar el sistema tributario y la seguridad social como instrumentos de distribución del ingreso, para cortar abusos del poder económico privado o para orientar la economía de un país en determinada dirección. En casos extremos, la intervención puede llegar a la estatificación de los instrumentos de producción, tierras, minas, aguas, bosques, fábricas, almacenes, de servicios, como en la experiencia marxista de las décadas pasadas. Hay una muy amplia gama de posibilidades en el campo del intervencionismo, que va desde la tenue regulación del proceso económico y la utilización de los instrumentos tributarios, monetarios, crediticios y cambiarios para asignar recursos a las actividades productivas que interesa impulsar o para desalentar a otras que no son socialmente

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