Los cambios administrativos en el sector salud

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Los cambios administrativos en el sector salud

Desde el cambio generado por la elección presidencial en México en el año 2018, la nueva administración ha manifestado sus intenciones de realizar transformaciones en aquellos sectores, que, de acuerdo a sus ideas, habían sufrido durante 70 años por causa de las políticas neoliberales los partidos gobernantes, tales como industria, educación y sobre todo salud. En este sentido, la meta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, consiste en llevar al Sistema Nacional de Salud mexicano, que por años ha sido identificado como un sistema fragmentado, segmentado y con múltiples limitaciones económicas, al escenario de una cobertura universal y gratuita. Al día de hoy, casi a 4 años de la elección presidencial del 2018, el sueño de la cobertura universal aún parece lejano, en consecuencia ¿serán las estrategias planteadas por la nueva administración las apropiadas para alcanzar las metas planteada?

Para poder dar respuesta a esta interrogante, es importante analizar los principales cambios que se han generado en fechas recientes, de los cuales, podemos identificar dos principales: I) La creación del modelo INSABI (Ahora modelo SABI) con la erradicación del Seguro Popular; y II) La centralización administrativa de los procesos de adquisiciones de medicamentos y servicios, en un afán de luchar contra la corrupción que pudiera estar inmersa en estos procesos.

Para entender el porqué del fracaso el modelo INSABI es importante recapitular el sistema que vino a reemplazar, es decir, el famoso Seguro Popular. El Seguro Popular surge durante la administración del presidente Vicente Fox, en el año 2003, buscando crear paquetes de servicios para las personas sin afiliación a alguna institución de seguridad social [1]. El SP estaba conformado por cuatro programas presupuestarios: I) Seguro Popular; II) Seguro médico Siglo XXI, III) el componente de Salud Prospera y IV) el Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA). Si bien el seguro popular logró avances en el suministro de servicios y en la afiliación, las contracciones presupuestales en salud impidieron el avance del mismo, por lo cual más de 20 millones de mexicanos nunca se unieron al Seguro Popular, y como consecuencia, la sensación general del bienestar de la población no mostró avances, al igual que la salud general de la misma [1][2]. Dicho lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, señala que “El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos. Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que dará servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE. La atención se brindará en atención a los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano.” [3]. Si bien la pandemia por COVID-19 fue un evento extraordinario que vino a desestabilizar todos los sectores, es innegable que el INSABI careció desde sus orígenes de reglas de operación claras. La falta de una planeación estratégica y las decisiones improvisadas condujeron al fracaso de esta idea, aunado lo anterior, a la falta de experiencia del equipo que lideró esta iniciativa [4].

Hablando del modelo SABI, en la página del gobierno de México, se menciona que este “tiene el objetivo central de garantizar por el Estado la protección a la salud, bajo criterios de universalidad e igualdad, donde todas las personas, de todas las edades y en toda la geografía del país, sin excepciones de ninguna clase y sin catálogos limitantes, reciban servicios de salud gratuitos, con manejo eficiente de los recursos, de manera digna, oportuna, con calidad y eficacia” [5]. Si bien este modelo ya se encuentra documentado, cabe mencionar que aún no existe una claridad en cómo se asegurará el financiamiento del mismo para garantizar dicho objetivo.

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