La transformación pública de la ética

La transformación pública de la ética

La premisa de la razón moderna de que el “Estado somos todos”, no es suficientemente verdadera y válida. Así, pues, tendríamos que cada individuo es parte constitutiva de una totalidad que lo reproduce en una identidad unitaria. Esta estructura lógica de la razón moderna, no admite, por supuesto, ni la negación ni la contradicción dialéctica. Precisamente, porque el orden cerrado de la totalidad es excluyente a la vez que trascendental. El universal restringe al particular y lo anula en su praxis individual. Frente a esta clausura del campo existencial de los valores, es decir, la relatividad y diferencialidad del valor según la praxis de acuerdo a su cuándo y dónde[9], el sentido de las normas ética, como proyección de los valores humanos, merece un reconocimiento y uso por “todos”: esto hace de la ética una política “práctica” o “pública” en beneficio de la integración social.

La implicación de los valores éticos en las prácticas públicas, permite la desarticulación de los universalismos e individualismos sostenidos por las éticas clásicas y profundizadas en el Estado moderno. Nos brinda la oportunidad para salir y tener acceso a una concepción heterodoxa, no dogmática, de los valores acerca de su presente y futuro, sin desestimar en quién o quiénes se da inicio a su puesta en práctica. Al diseminarse el aura metafísica o trascendente, ideal o espiritual, de los valores en el contexto de las praxis políticas; entonces, la insurgencia del sujeto de la praxis[10] recupera su dimensión pragmática y comunicativa para presentar y des-representar, significar y des-significar los contenidos normativos de los valores que se cumplen en el campo del derecho y de la política.

El sujeto que valora y el valor de los valores que subjetiva el sujeto, tienen su origen en las praxis que crean y recrean los sujetos, seres racionales y sensibles, entre sí y los otros[11]. El supuesto de que son valores compartidos por y a causa de formas de convivencia que se establecen según los grados o influencias de necesidades, descalifica cualquier intensión por predeterminar los valores fuera de uso o praxis.

Del sujeto de la praxis es que la praxis toma su sentido ontológico y antropológico. De la praxis de las normas en su obediencia o desobediencia, disensión o deliberación[12], es que los actores y sujetos sociales son aptos para la toma de decisiones y conducción de la opinión pública, entre otras formas de participar en el desarrollo ético de los valores democráticos de la política. El principal valor de las éticas públicas es que les otorgan a los ciudadanos libertades políticas y derechos públicos suficientes para optar por un uso del poder del Estado en beneficio de principios de responsabilidad donde los intereses públicos de “todos” puedan estar garantizados en normas mínimas para la convivencia ciudadana. Pero para lograr consolidar unos derechos humanos posibles para todos los que solicitan el amparo del poder político, la ciudadanía debe implementar mecanismos o estrategias de argumentación y diálogo que faciliten la interpretación de lo que puedan ser intereses en común para todos y con esto propiciar el desarraigo de la exclusión tan propia de la sociedad de clases en las que aún impera y se reproducen en las estructuras de poder del Estado moderno.

Las relaciones que se tejen en los espacios públicos son las relaciones determinantes y codeterminantes de los sentidos de valoración ética con los cuales cumplimos las normas jurídicas y políticas que finalmente dotan de contenido a las instituciones del Estado[13]. En este punto vale la pena destacar un aspecto decisivo en el proceso de elaboración social y político de los valores éticos: no es causa final encontrar el interés en común de todos si se considera este interés como bien compartido y principio de justicia social. Se trata de algo más complejo y específico; esto es: el logro de principios equivalentes o análogos entre valores diferentes, que sin ser forzosamente reducidos a uno en común, permitan la coexistencia de intereses que puedan ser prácticos para la obtención de beneficios compatibles y compartidos. Se evita de algún modo la simplificación de valores de unos por otros, por una relación entre la escogencia de valores por parte de los usuarios y que de este discernimiento y variabilidad de los sentidos y contenidos de los valores, se haga efectivamente una recreación de los poderes políticos por parte de la ciudadanía de la que el Estado adopta sus normas de constitucionalidad. La transformación directa en estas relaciones entre poderes políticos y derechos ciudadanos, en la esfera del espacio público, va a incidir notablemente en las nuevas praxis comunicativas que se deben suscitar entre quienes participan en la política, a fin de alcanzar un obstensible perfeccionamiento de los procesos de democratización del poder del Estado.

La intersubjetividad del diálogo en la construcción de la ética ciudadana

El Estado es un receptor y reproductor de los poderes públicos. Éstos son el resultado de un activismo por medio del cual la ciudadanía logra su movilidad política a partir de la obediencia o desobediencia a las leyes. El mito publicitado por del Estado moderno de ser rector-gestor de la legalidad, hoy día es inadmisible si observamos la fuerza deconstructiva de la ciudadanía con respecto a la pérdida de centralidad burocrática y administrativa de sus instituciones.

El desmembramiento que paulatinamente viene sufriendo el Estado hegemónico por parte de las llamadas “minorías sociales”, es un hecho contunden que avizora novedosos cambios a corto plazo en el panorama actual. Sin embargo, el reconocimiento legal a su normatividad responde a la necesidad de la ciudadanía que encuentra en las normas el código de conducta que se ha consensuado por mayoría, y que en todo momento es capaz de renormalizar los valores éticos de las praxis políticas con el objetivo de hacerse cada vez más inclusivas.

Al resituar en la ciudadanía la sede de la movilidad social y el desarrollo de los poderes públicos[14], el Estado queda debilitado orgánicamente para mantener su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad civil. Es obvio que la fuerza disruptiva de esta nueva conformación

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