Ley De Simplificacion

INTRODUCCION

Dentro del contexto del Decreto Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, se establecen un conjunto de bases, lineamientos y mecanismos dirigidos a racionalizar las distintas tramitaciones que realizan las personas ante la Administración Pública. De igual forma, el prenombrado Decreto define las funciones del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Desarrollo como órgano de supervisión y control de los planes de simplificación de los trámites administrativos, estableciendo además, bajo parámetros generales, lineamientos bajo los cuales los órganos y entes de la Administración Pública realizan la simplificación de los trámites administrativos que se efectúan ante los mismos.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de la idoneidad sustantiva de su articulado, lo cierto es que, la discrecionalidad y supletoriedad en su aplicación por parte de la Administración Pública Estadal y Municipal, la falta de una verdadera participación popular en el diseño, supervisión y control de los planes de simplificación, así como la falta de impulso por parte de los órganos competentes, ha hecho prácticamente inexistente su efectiva aplicación.

De esta forma, se plantea la necesidad de darle nacimiento a una nueva ley con el objeto de lograr una verdadera optimización en cuanto a la elaboración de planes de simplificación de trámites administrativos, bajo esquemas uniformes aplicables a toda la Administración Pública y que permitan en la práctica el efectivo desarrollo de su contenido y su efectiva aplicación.

Con esta Ley los ciudadanos obtienen en todos los ámbitos de la administración pública, respuestas rápidas y eficaces en todas sus diligencias, reduciendo una dimensión razonable los requisitos que están cargados de burocracia y lentitud, en la resolución de los venezolanos.

Ley de Simplificación de Trámites Administrativos:

Es importante, resaltar que esta Ley tiene un alto impacto positivo en el funcionamiento de nuestra sociedad, ya que aligera los trámites y requisitos burocráticos, haciendo mucho más fluida y eficiente la relación entre la sociedad y el Estado.

Por consiguiente, se trata de un antídoto contra el burocratismo, esa práctica perniciosa que tiende a convertir los procedimientos y trámites administrativos en fines en sí mismos, llegándose en algunos casos a situaciones aberrantes, como si los ciudadanos estuviesen al servicio de la burocracia estatal cuando, obviamente, se debe ser todo lo contrario.

En este sentido, es una Ley modernizadora, ya que se encuentra en concordancia con las más avanzadas tendencias en el plano internacional, para optimizar la gestión pública. Esta Ley no solo se aplica al gobierno central. Sino a los estadales y municipales, integrando la gestión pública en todos sus niveles, por lo que es importante resaltar el impacto regional.

Debe señalarse que, la fundamentación legal de la simplificación de trámites administrativos se basa en los artículos 51 de la CRBV (derecho de petición), 62 (participación de los ciudadanos), 110 (importancia de la tecnología) y 143 (información a los ciudadanos) por lo que es otra mentira de la oposición plantear que este instrumento legal violenta nuestra carta magna.

Resulta claro que dentro de los beneficios de esta ley, se encuentra la participación de las comunidades organizadas en el diseño de trámites administrativos, así como en la supervisión y control de los planes de simplificación de los mismos, así como el establecimiento con carácter obligatorio de la llamada ventanilla única con la finalidad de garantizar la cercanía de la Administración Pública a las personas.

De igual forma, tiene su base constitucional en el artículo 141 de la CRBV, que consagra los principios de honestidad, participación, celeridad, que rigen a la Administración Pública Nacional

De esta manera, se define como trámites administrativos, las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan los particulares ante los órganos y entes de la Administración pública para la resolución de un asunto determinado. (Art. 3 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos)

Esta Ley de Simplificación de Trámites Administrativos es la efectiva adecuación a la dinámica político social de un estado que se ajuste a los nuevos tiempos y realidades con instrumentos jurídicos perfectibles.

Dentro de este marco, el objeto del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, es establecer los principios y bases conforme a los cuales se simplificarán los trámites administrativos qué se realicen ante la Administración Pública.

Ahora bien, el ámbito de aplicación es para los órganos y entes de la Administración pública Nacional, Estadal y Municipal.

Asimismo, su finalidad es la racionalización y optimización de las tramitaciones que realizan las personas ante la Administración Pública a los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia utilidad, para el logro de una mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reduciendo gastos operativos hacia la obtención de ahorros presupuestarios para cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con las personas. (Art. 4 de la Ley Supra identificada)

Evidentemente, que la simplificación de trámites administrativos se fundamenta en los principios de simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas solidaridad, presunción de buena fe del interesado o interesada, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, desconcentración en la toma de decisiones por parte de los órganos de dirección y su actuación debe estar dirigida al servicio de las personas (art. 5 de la Ley In Comento).

Habida cuenta que dentro de los planes de simplificación de trámites administrativos, se encuentran, los lineamientos para la elaboración de los planes, establecido en su artículo 6 de la respectiva Ley, que señala los órganos de la Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá simplificar los trámites administrativos que se realicen ante los mismos, para ello se elaborara los respectivos planes de simplificación de trámites administrativos con fundamento en las bases y principios establecidos en esta ley tales como:

- Suprimir los trámites innecesarios que incremente el costo operacional en la Administración Pública

- Simplificar y mejorar los trámites administrativos entre otros aspectos:

- a) Adaptar los tramites a la forma más sencilla posible, reduciendo

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