Marco institucional y jurídico de la República Popular China

Marco institucional y jurídico de la República Popular China.

El Congreso Nacional del Pueblo de la República Popular China es el órgano supremo de poder del Estado, y ejerce el poder legislativo. Tiene un mandato de cinco años, celebra sesiones una vez al año y es convocado por su Comité Permanente, su órgano permanente. El 12o Congreso Nacional del Pueblo fue elegido en 2013. El Consejo de Estado (el Gobierno Popular Central) es el organismo ejecutivo y el órgano supremo de administración del Estado. Está presidido por el Primer Ministro y compuesto por viceprimeros ministros, consejeros de Estado, ministerios, comisiones, el Auditor General y el Secretario General. En 2013 entró en funciones un nuevo Consejo de Ministros.

Los congresos populares y los gobiernos populares locales ejercen y aplican, respectivamente, el poder estatal en el ámbito local. La Constitución de China establece que todos los niveles de la administración están subordinados al Consejo de Estado. En los casos en que la división de competencias entre el Gobierno central y los gobiernos locales no está clara, la modalidad más corriente de aplicación de las políticas es la delegación de competencias del poder ejecutivo central.

El Presidente y el Vicepresidente de China son elegidos por el Congreso Nacional del Pueblo y no pueden ejercer más de dos mandatos consecutivos de cinco años. El Presidente nombra al Primer Ministro, los viceprimeros ministros, los consejeros de Estado y los Ministros y tiene la facultad de cesarlos. El Presidente promulga la legislación adoptada por el Congreso Nacional del Pueblo o su Comité Permanente, pero no puede vetarla. Es responsable de la ratificación o derogación de los tratados y acuerdos bilaterales, regionales o internacionales.

El poder judicial de China está constituido por el Tribunal Supremo del Pueblo, los tribunales locales del pueblo en los diferentes niveles y tribunales especiales como los militares, el ferroviario y el marítimo.

Los Acuerdos de la OMC y el Protocolo de Adhesión de China se aplican en el país mediante legislación de habilitación. Tanto la Ley de Procedimiento Civil como las interpretaciones judiciales pertinentes aceptan el principio de que, cuando un tratado internacional que China haya concertado o al que se haya adherido contenga disposiciones que difieran de las disposiciones de la Ley de Procedimiento Civil, se aplicarán las disposiciones del tratado internacional, excepto en los casos en que China haya formulado reservas.

En la jerarquía de la legislación nacional de China, la Constitución prevalece sobre cualquier otro instrumento jurídico; por debajo de ella se encuentran las leyes, los reglamentos administrativos (dictados por el Consejo de Estado), los reglamentos locales, las normas administrativas ministeriales (promulgadas por los ministerios o departamentos exclusivamente a nivel del Gobierno central) y las normas locales (promulgadas por los gobiernos populares locales en las provincias, regiones autónomas o municipios dependientes directamente del Gobierno central).

La aprobación, modificación y promulgación de las leyes corresponde al Congreso Nacional del Pueblo y a su Comité Permanente. El propio Congreso Nacional del Pueblo promulga y modifica las leyes penales, civiles y de organización del Estado, y otras leyes básicas. El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo aprueba y modifica la legislación que no debe ser promulgada por el Congreso Nacional, lo que generalmente incluye la mayor parte de la legislación comercial y  aduanera. El Consejo de Estado promulga los reglamentos administrativos nacionales, que son firmados por el Primer Ministro y publicados mediante una orden o decreto del Consejo de Estado.

Para aplicar las leyes, los reglamentos y las políticas nacionales, el Congreso Nacional del Pueblo y su Comité Permanente en las provincias, regiones autónomas o municipios dependientes directamente del Gobierno central y las grandes ciudades pueden promulgar reglamentos locales, que son de aplicación en los territorios administrativos locales. Estos reglamentos locales pueden variar de una región a otra en función de las diferentes características e intereses locales.Las zonas económicas especiales también pueden elaborar reglamentos, que pueden aplicarse en su jurisdicción. Las normas locales se publican mediante anuncios de los Congresos locales. La Constitución y demás leyes pertinentes establecen claramente que los reglamentos de rango superior deben prevalecer sobre los reglamentos locales.La Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado examina los reglamentos y normas locales para garantizar la coherencia de las políticas.

Los reglamentos administrativos son formulados por los ministerios, las comisiones, el Banco Popular de China y la Comisión de Auditoría y sus instituciones afiliadas con competencias administrativas, o directamente por el Consejo de Estado, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, decisiones y órdenes de éste. Las opiniones y directivas se publican mediante avisos y circulares. De aplicar y hacer cumplir la mayor parte de las políticas y medidas nacionales se ocupan los organismos de contraparte de los gobiernos locales, excepto en el caso de los organismos ministeriales con oficinas locales.

 Los reglamentos administrativos y las normas departamentales entran habitualmente en vigor 30 días después de su publicación; los reglamentos o normas relacionados con la seguridad nacional, los tipos de cambio y la política monetaria pueden surtir efecto el mismo día de su publicación.

 Las Disposiciones sobre la divulgación de la información gubernamental establecen que los gobiernos central y locales deben establecer los procedimientos de divulgación de información; elaborar guías y catálogos sobre la información que ha de divulgarse; y mejorar la publicación de la información y los sistemas relacionados con el examen de resultados, la formulación de observaciones por el público, la presentación de informes anuales y la rendición de cuentas. Las Disposiciones definen la información gubernamental y un mecanismo de recursos administrativos conexos. El Gobierno ha identificado problemas de divulgación administrativa, relacionados, entre otras cosas, con la aplicación, la amplitud de la información divulgada, el procedimiento y el equilibrio entre la divulgación de información y la información confidencial. En cuanto al procedimiento judicial relativo a la divulgación de información, en el Reglamento sobre procedimientos contencioso-administrativos relacionados con la divulgación de información gubernamental se establece que los tribunales del pueblo deben registrar los litigios en los que se alegue que el Gobierno no ha facilitado a tiempo la información apropiada solicitada. Las autoridades han señalado que desde el último examen de las políticas comerciales de 2012 se han adoptado medidas para mejorar la divulgación de información gubernamental y las consultas públicas sobre los proyectos de reglamentos y normas. La Oficina General del Consejo de Estado ha trabajado para extender la aplicación de las Disposiciones sobre la divulgación de la información gubernamental promoviendo la divulgación de información en esferas esenciales como la aprobación administrativa y la elaboración de presupuestos y la contabilidad financieras. La Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado ha publicado proyectos de normas administrativas con el fin de mejorar los procedimientos para solicitar observaciones del público (incluso por vía electrónica) sobre los proyectos de leyes, reglamentos y normas.

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