Mercado De La Seguridad

MERCADO DE LA SEGURIDAD

La seguridad es una condición para la paz y el orden necesarios para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y para el desarrollo. El Estado de Derecho tiene como obligación primordial velar por el respeto a la dignidad humana, los derechos esenciales de la persona y desplegar todas las acciones destinadas al resguardo y mantenimiento del orden y la seguridad pública en el marco de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Sin embargo, aunque esta sea función del Estado, no necesariamente serán funcionarios públicos los únicos que procuren los medios para su provisión; aun cuando se encuentra muy arraigado el supuesto de que las funciones de defensa y seguridad son provistas mediante agentes estatales.

Aunque han existido desde hace mucho tiempo los agentes de la seguridad distintos de los funcionarios públicos, estos han crecido y se han diversificado sólo recientemente. De esta forma, una serie de servicios que antes eran prestados por agentes del Estado se han externalizado a privados. Pero lo que se ha omitido en este proceso es acompañarlo del conjunto de regulaciones, controles y limitaciones que acompañan a los primeros. Así, las normas que se aplican a la policía implican un grado de responsabilidad distinto –superior- al que se exige a un guardia o vigilante privado, aún en los casos en que cumplan una función similar.

En la actualidad se observa un doble proceso de privatización de la seguridad. Por una parte, se han privatizado los medios de la seguridad mediante la externalización de las tareas de seguridad a entes no estatales; y, por otra, se han privatizado los fines de la seguridad, al masificarse y permitirse la contratación de estos medios para propósitos particulares.

Ambos procesos conllevan una serie de riesgos, entre los que está la alta probabilidad que los estándares éticos que las sociedades exigen en el comportamiento de los agentes del Estado no se cumplan (porque no son exigibles) entre agentes privados.

El punto anterior es importante, porque los mecanismos que utiliza el mercado de la seguridad, así como su expansión, dependen de cómo se comporta el sistema de regulación del Estado, tanto para seguir creciendo, como para que se ajusten al ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos.

La seguridad es un bien público y un derecho colectivo, de manera que todos deben beneficiarse, sin distinción, de la seguridad garantizada por el Estado. Una concepción democrática de seguridad ciudadana tiene una dimensión de civismo y solidaridad que determinan su carácter de bien colectivo; de esta manera, la seguridad debe ser comprendida como una tarea de todos, en tanto partes de una misma comunidad reunida en torno a un proyecto común. Sin embargo, la creciente demanda de seguridad dirigida al Estado ha mermado esa dimensión solidaria, pues sus instituciones son incapaces de dar respuesta adecuada y oportuna a las múltiples exigencias de los distintos sectores de la sociedad, ante lo cual las personas y entidades privadas -y también públicas- invierten en su propia seguridad contratando guardias y tecnología para el resguardo de barrios, condominios cerrados, empresas, residencias particulares, personas y bienes. En este contexto, los gobiernos son constantemente interpelados, cuestionándose su capacidad para producir y mantener niveles de seguridad pública deseables y para administrar eficientemente los recursos y las instituciones destinadas a proteger y proveer seguridad a las personas; cuestionamientos que apuntan directamente a la capacidad de las autoridades políticas para hacer un buen gobierno. El sentimiento de temor asociado a la violencia y la delincuencia ha propiciado y justificado la expansión de la seguridad privada en Chile.

La seguridad privada se ubica en el control social preventivo, compuesto por intervenciones no penales dirigidas a las causas próximas de los delitos, y que buscan reducir el riesgo o probabilidad de sufrir alguno. La seguridad privada, en principio, no es parte del control social represivo, que tiene un carácter esencialmente penal, reactivo y público, y aunque nació enfocada a la prevención situacional -buscando inhibir y disuadir pequeños delitos o incivilidades a los que la policía no tiene posibilidad de atender ante la sobredemanda proveniente de la delincuencia violenta o grave-, hoy en día la seguridad privada ha, ampliado su campo de acción y diversificado sus prestaciones.

Así, la actividad desarrollada por la seguridad privada se ubica dentro del espacio jurídico y social propio de la seguridad pública y el orden público, pues realiza actividades

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