Privatizaciones año 90

A partir del año 1989 se inició un importante proceso de privatizaciones en la Argentina.

La privatización abarcó empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta de control social como la emisión de documentos de identidad.

Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevo a cabo.

Existía un gran interés por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias.

Cabe destacar que todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial).

Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de las privatizaciones.

1º El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda, daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local.

2º El segundo argumento, ligado íntimamente al anterior, giraba en torno de la necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida durante el período que precedió a las privatizaciones fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno identificada a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto más rápido se privatizara, ase reduciría el déficit público y volvería la estabilidad.

3º En tercer lugar se argumentaba que el Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema.

Por último se afirmaba que el estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios.

Dos leyes aprobadas en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La primera, de Reforma del Estado, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se concentró el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se suprimieron los Órganos de Control. La segunda ley, llamada de Emergencia Económica, derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional. El camino que llevo a la entrega del patrimonio nacional quedo allanado.

Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron de tales que sólo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Se consideraron prioritarios tres sectores: Energía, Comunicaiones y Transportes.

LAS PRIVATIZACIONES ENTRE 1976 - 2010

1976: En los noventa, Argentina llegó a las cúspide de su fase de privatización, la cual fue planificada desde el golpe militar de 1976 por parte del arquitecto financiero de la Junta y Ministro de Economía, José Martínez de Hoz. Las privatizaciones estuvieron al mando del FMI y el gobierno de Menem. Durante los plazos presidenciales de Menem, la deuda argentina alcanzó niveles críticos y no pagables y el FMI dijo que la privatización era la única salida, lo cual no es así.

1989: En efecto, las privatizaciones en la Argentina fueron muy controvertidas, y uno de los compromisos asumidos, fue de garantizar que los trabajadores de las empresas estatales

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