RICARDO MARTINELLI

La familia Martinelli tiene empresas de arroz en Tolé, Tabasará y Cañazas, en las cuales aparece Tomás Martinelli. Ulises González y Alexis Gaitán representan los intereses de Martinelli, y se les identifica como sus “empleados”; Reforestadora Ricamar, Recursos Hidroeléctricos, Recuperación de Cobros, Hidroeléctrica Arkansas, Ases, 99, Compañía de Seguridad Super 99, todas ellas del grupo Martinelli. En estas empresas, Ulises González y Alexis Gaitán se relacionan con otros empleados de las empresas de Martinelli, lo cual, al parecer, es una práctica de este grupo, que aquellos de su confianza, sirvan de testaferros de Martinelli.

Encuentro del FAD, domingo 27 de enero, Hotel Soloy, 9:00 a.m. Jornada de lucha 5 de febrero, aniversario de los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Trugrí y Mauricio Méndez. Atención: Invita Congreso General Tradicional Pueblo Ngabe Buglé y FRENADESO.

Intereses poderosos en el proyecto hidroeléctrico del Río San Pablo: Las Cruces, San Bartolo y La Laguna. También el de Barro Blanco

Campesinos e indígenas del área del Río San Pablo en la provincia de Veraguas, luchan actualmente contra los intereses económicos y políticos representados por la empresa Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A., la cual quiere apropiarse del Río San Pablo para hacer dos (2) hidroeléctricas, Las Cruces y San Bartolo, sin importarle las consecuencias en contra de los pobladores. Esto ha sido una práctica histórica de los grupos de poder económico y político, quienes tratan de arrebatarle al pueblo cualquier recurso natural con los cuales ellos puedan seguir aumentando sus riquezas. Esta empresa también tuvo la concesión del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en la Comarca Ngabe Buglé, y la lucha indígena continúa para que no le roben sus recursos naturales. Se añade el proyecto la Laguna, de la Familia Martinelli, también en el Río San Pablo.

Se trata de tres (3) proyectos interrelacionados, y que, una vez más, ponen al descubierto los lazos de la mafiocracia. Como ya ha sido denunciado: “El país está atrapado por la avaricia desenfrenada de grupos de poder económico y político. Esto no es nuevo en nuestra república, existiendo desde antes de la separación de Colombia, pero el acceso a la información y el aumento de la conciencia de los pueblos de sus derechos, han hecho que esto sea cada vez más evidente. La desvergüenza de quienes dirigen el Estado también se hace cada vez más patente. Pareciera que poco les importa que el pueblo se entere de que mienten, que violan los derechos ciudadanos, que roban, que se apropian de bienes públicos, que caminan según convenga a sus intereses particulares y de pequeños grupos, en fin; nada les importa más que acrecentar su enriquecimiento. Confían en que el pueblo olvidará sus atropellos para las siguientes elecciones, a través de la compra de conciencias. Esta conducta, sumada a otras, conforma lo que llamamos LA MAFIOCRACIA; la asociación de personas en pequeños grupos de poder económico y político, con absoluta desverguenza, aprovechándose de un falso discurso de democracia, para robarle las esperanzas a un pueblo.”

El caso de Financial Pacific, en el que se ha vinculado directamente al Presidente Ricardo Martinelli en el uso de información privilegiada para manipular el mercado accionario en la minería, también esta relacionado a los proyectos hidroeléctricos. La principal encausada en el caso, Mayte Pellegrini, habló de la existencia de una cuenta secreta del Presidente Martinelli para la manipulación de acciones de Petaquilla. Esto no solo involucra al proyecto de oro del grupo cuya cabeza visible es Richard Fifer, sino también al proyecto de cobre, oro, plata y moligdeno de Minera Panamá-Inmet Mining Corporation, los cuales se ubican en Petaquilla. No debemos olvidar que la ley minera, aquella que produjo la muerte de Jerónimo Rodriguez Tugrí y Mauricio Méndez, la promovió el grupo de Martinelli, para permitirle que el gobierno de Korea financiara la empresa Inmet-Minera Panamá, ya que la ley prohibía la participación de gobiernos extranjeros en la propiedad de estos recursos naturales. Con pleno conocimiento, los diputados, de gobierno y de la supuesta oposición, derogaron la ley 8 y dejaron en un limbo jurídico la actividad minera. Esto no fue casual. Con ello se le permitió a Inmet-Minera Panamá, llegar al acuerdo con el gobierno de Korea para el financiamiento del proyecto. El presidente Martinelli y su grupo eran concientes de esto, por lo que la posible manipulación de las acciones de Inmet-Minera Panamá, también toca al caso Financial Pacific. Sólo después que Inmet-Minera Panamá y el gobierno de Korea sellaron el trato, fue que el gobierno de Martinelli y los diputados “se enteraron” que la actividad había quedado en el limbo y debía ser aprobarse una ley al respecto.

Pero, los proyectos hidroeléctricos en las áreas de la Comarca y áreas adyacentes, también se incluyeron en la ley 8, los que también son sujetos de posibles manipulaciones de acciones, compra y venta de concesiones y artimañas similares, cuando se tiene información privilegiada. Las concesiones hidroeléctricas ha sido el ejemplo más patético de especulación. Se le otorgan concesiones a un grupo económico con lazos políticos en el gobierno de turno, que después son negociadas con los que desarrollarían el proyecto. Ganan dinero con los recursos del pueblo, tan solo por sus influencias políticas que les permiten obtener las concesiones, aún cuando no tienen capacidad tecnica-financiera para desarrollarlos. Recordemos al Ministro Ubaldino Real, cuando Martín Torrijos estaba en el poder, quien dijo que “era un hombre con suerte”, porque había comprado una concesión hidroeléctrica en 50,000 balboas y después valía 5 millones. A escasos meses de tomar posesión el gobierno del PRD de Martin Torrijos, en julio de 2005, Arturo Roberto Algandona González, Alex Ricardo Algandona González, Raúl Vasquez de León y Marco A. Rodriguez Beckert, registraron 12 empresas para desarrollar proyectos hidroeléctricos. Las concesiones obtenidas por este grupo de personas han sido negociadas con empresas con capacidad para financiarlas. Así ocurrió también con las concesiones mineras.

La llamada Coordinadora Indígena que negoció la ley con el gobierno estuvo controlada por sectores del PRD y el mal llamado Partido Popular (Ausencio Palacios y Alberto Montezuma del PRD y Rogelio Montezuma, activista de Irene Gallego, del Partido Popular). La Cacica Silvia Carrera, electa con las reglas del Tribunal Electoral, ley cambiada por Martinelli para controlar la dirigencia indígena, quedó atrapada, conscientemente, por estas fuerzas políticas, pensando que con ello el gobierno la reconocería en el cargo. Por ello la Ley 11, que surgió de estas negociaciones, significó una traición al pueblo Ngabe Buglé, el cual luchó en las calles y derramó su sangre para que no hubieran proyectos mineros y tampoco hidroeléctricas en la Comarca. Luchó para impedir que los grupos económicos y políticos poderosos, en asocio con el capital extranjero, se apropiaran de sus recursos naturales.

El caso más sensible es el de Barro Blanco, pero también están los del área indígena de Bocas del Toro, el de Tabasará y los de San Bartolo, Las Cruces y Caño Clarito, a los cuales la representación indígena que negoció, no les dio la debida importancia. Lo que hoy vive el pueblo indígena y campesino en estos proyectos, es responsabilidad de los negociadores indígenas, controlados por el PRD, quienes estando en el poder, habían otorgado una gran cantidad de concesiones hidroeléctricas, con el solo interés de lucrar a costa de los intereses de los sectores populares. El llanto de la cacica Silvia Carrera, señalando, ahora, que el gobierno no ha cumplido el acuerdo firmado, le fue advertido por el Presidente del Congreso General Tradicional, Celio Guerra, a quien no se le permitió participar en la Asamblea porque sabían que no aceptaría semejantes patrañas. Se le advirtió que el gobierno no llegaría a ningún acuerdo en la Asamblea, que le fuera contrario a los intereses de los grupos metidos en las hidroeléctricas. Que el movimiento se estaba desgastando por el alargamiento del supuesto diálogo. No hizo caso. Contrariamente, los llamados “asesores” dijeron que alargar la negociación era favorable a los intereses de los indígenas. Los diputados Irene Gallego (PP) y Crecencia Prado (PRD) participaban en las reuniones con los negociadores indígenas, como si fueran otros miembros más. Los resultados ya se conocen. Ahora, es el pueblo indígena y campesino el que, nuevamente, debe luchar para impedir estos proyectos, sin importar los acuerdos que firmaron los dirigentes vendidos a los intereses de los partidos políticos tradicionales y a los grupos de poder económico.

En el proyecto del Tabasará se identifica a Gabriel Btesh y Felipe Virzi, miembros del PRD y a quienes se le vinculó a la venta fraudulenta del terreno de Paitilla. Son socios de Ricardo Martinelli. Se ha señalado que el proyecto se ubica en tierras de propiedad de David Martinelli. Betsh, junto a Alberto Eskhenazy, Moisés Levy, Henry Misrachi y Ricardo Chanis, lideraron la compra de los periódicos de EPASA, y el presidente Martinelli no niega su participación en el negocio. En el 2009 nombró a Ricardo Chanis miembro principal de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. También la empresa que administra, Traffic Safety, adquirió el contrato para el diseño, suministro y operación de nuevas cámaras de vigilancia. Ricardo Martinelli Linares, hijo del presidente, tiene negocios con Ricardo Chanis y los hermanos Corcione Pérez

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