Sanciones Ley Oxley

De las inspecciones, las investigaciones, los procedimientos disciplinarios y las sanciones.

La Junta conducirá un programa continuo de inspecciones de conformidad anualmente para las firmas que proporcionan regularmente más de 100 auditorías, y no menos frecuentemente que una vez cada tres años para las otras firmas.

También se llevaran a cabo unas inspecciones especiales. La Junta establecerá los procedimientos para la investigación y para disciplinar a las firmas y a las personas asociadas que incluyen la emisión de una citación para requerir el testimonio, y de la producción de cualquier documento en la posesión de cualquier persona, inclusive de cualquier cliente de la firma. Las indagatorias disciplinarias no serán públicas a menos que ordenado por la Junta y con el consentimiento de las partes.

La Junta puede imponer las sanciones disciplinarias o correctivas que determinan apropiadas, incluyendo:

• La suspensión temporal o la revocación permanente del registro;

• La suspensión temporal o permanente de una persona asociada con la firma;

• La limitación temporal o permanente en las actividades, en las funciones, o en las operaciones de la firma o la persona;

• Una pena civil en dinero para cada infracción, en una cantidad igual sin superar más de US$100,000 para una persona natural o US$2 millones para cualquier otra persona; y en el caso de cierta intención o de conducta intencional instruida, no más de US$750,000 y US$15 millones, respectivamente;

• La censura; y

• La educación y el entrenamiento profesional adicional.

Las sanciones se pueden imponer a la firma o sobre su personal de supervisión si hay fallas para supervisar razonablemente a una persona asociada que comete una infracción.

Las firmas extranjeras de contabilidad que preparan o proporcionan una auditoria están sujetas a las mismas normas de las firmas de EE.UU., a menos que ese registro no proporcionara una base para someter a esa firma a la jurisdicción de las Cortes Federales o Estatales, diferentes de las controversias entre tales firmas y la Junta. La financiación de la Junta vendrá de los emisores de valores públicos.

Por otro lado, también En el artículo 302 de la Ley se establecen los procedimientos internos con el fin de asegurar la transparencia financiera.

También se específica la responsabilidad penal que recae sobre los directivos de las empresas, ya que tienen que firmar unos informes de forma que aseguren la veracidad de los datos que estos contienen. Los funcionarios firmantes certifican que ellos son responsables.

Esto es un cambio sustancial en lo referente a la legislación pasada, ya que al menos hay una persona que firma y, ante posibles irregularidades o fraudes, esta persona firmante será la responsable.

Con esto, a la auditora externa se le exime de culpa, o al menos de parte de culpa, ya que el informe de auditoría se efectúa a partir de los informes que le concede la compañía. Si el informe que le es entregado a la empresa auditora está mal diseñado, contiene información falsa o está falto de información, la responsabilidad recae sobre el ejecutivo de la compañía auditada que ha firmado los informes. Esto otorga una independencia declarada y comprobada de la empresa auditora con respecto a la compañía a auditar.

Del mismo modo la ley SOX, en el apartado 802, explica sanciones para destruir, alterar o falsificar documentos de la empresa durante las investigaciones de actividades delictivas. Toda persona declarada culpable de interferir con los registros financieros u otros documentos para ocultar las pruebas de malas prácticas

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