Aprendizaje En El Preescolar

Ciudadanos justos, a favor de la libertad y de la igualdad, de los derechos humanos”. Pero, ¿es esto algo que ha de enseñar el Estado, que tiene siempre nombre y apellidos? ¿O es tarea de la sociedad civil, de la conciencia de cada persona, de la propia libertad?

Más allá de una educación estatal para la ciudadanía, está la conciencia personal de los derechos y de los deberes, la ética ciudadana. El Poder político no es quien para decidir qué es un buen ciudadano, ni menos para dictar cuáles han de ser los criterios de esa educación. Es el ciudadano el que decide qué es un buen Poder. La ética ciudadana se origina y se construye desde abajo, desde origen del poder, desde el pueblo. Con el supremo objetivo de la paz, como realización de la justicia.

T.H. Marshall en un esquema al que se le reconoce utilidad expositiva, pero al que algunos le niegan total exactitud histórica, distingue tres elementos de la ciudadanía que se han ido dando a lo largo de la historia de las sociedades occidentales. El primero de ellos, es el que distingue a los derechos civiles: las libertades, la propiedad y el trabajo, aparecidos en el siglo XVIII; les siguieron los derechos políticos, con el sufragio universal, reconocidos en el siglo XIX; finalmente, en siglo XX, se reconocen los derechos sociales.

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El Estado, típica integración social de la modernidad, también fue obligado a transformarse a medida que aparecieron demandas sociales por la explicitación y el reconocimiento de estos derechos. El Estado liberal, mínimo, al que sólo se le pide que proteja la propiedad de los individuos (la vida, la libertad y los bienes) se transformaría en el Estado democrático (basado en la voluntad general) y el ejercicio de la ciudadanía. Frente a las demandas sociales (por trabajo, salud, educación, vivienda) aparece el Estado de bienestar o Estado social: un conjunto de instituciones y políticas enderezadas a mantener la cohesión social - evitar el riesgo de la fractura social- y proteger y redistribuir la riqueza social producida por la población. (Cf. Castel, 1997; Donzelot, 1984; Fóscolo, 1997, Digilio, 2002). Ello en vistas de procurar el mayor bienestar posible a la totalidad de la población.

Nos interesa particularmente la ciudadanía social, de la que podríamos dar la siguiente definición provisoria: la ciudadanía social es la que otorga el derecho al acceso a los bienes (objetivaciones) sociales que una sociedad considera necesarios para lograr un nivel de bienestar que permita la reproducción y mantenimiento de la vida y la realización del proyecto de vida. Implica la obligación de la justicia social; la sociedad y el Estado han de reconocer las necesidades de los ciudadanos y procurar el acceso a los bienes que las satisfagan; implica también, la obligación de todos los miembros de la sociedad de contribuir al mantenimiento del sistema de necesidades y bienes (que implica instituciones encargadas de la redistribución de la riqueza social) y utilizarlos solidariamente.

La ciudadanía social supone pues, desde el punto de vista del ciudadano: Un modo de subjetivación política, es decir, un sujeto que se define por un conjunto de derechos y responsabilidades que comparte con los otros ciudadanos:

- Un derecho básico: el derecho a tener derechos, es decir, el derecho a pertenecer

- El derecho a compartir los bienes sociales

- El derecho a debatir sobre lo que es legítimo y criticar un estado de cosas

- El derecho a solicitar nuevos consensos en relación con la definición del sistema de necesidades.

El concepto moderno de ciudadanía supone también, una sociedad dinámica y conflictiva:

- Un otro al que se apela (frecuentemente, el Estado).

- Una

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