MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN CHILE

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M A R C O J U R Í D I C O P A R A L A G E S T I Ó N D E L A G U A E N C H I L E : D i a g n ó s t i c o y d e s a f í o s

MARCO JURÍDICO

PARA LA GESTIÓN

DEL AGUA EN CHILE

D i a g n ó s t i co y D e s a f í o s

M A R C O J U R Í D I C O P A R A L A G E S T I Ó N D E L A G U A E N C H I L E : D i a g n ó s t i c o y d e s a f í o s

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Indice

1. Breve historia del marco jurídico del Agua ............................................................................................................. 3

2. Legislación actual relacionada con el Agua ............................................................................................................ 6

3. Modificación al Código de Aguas de 1981 .............................................................................................................. 7

4. Las instituciones que están relacionadas con el Agua ........................................................................................... 10

5. Propuestas de reformas legales y constitucionales para asegurar el acceso, equilibrio y la protección

de las cuencas y el medio ambiente ...................................................................................................................... 13

6. El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) ......................... 14

Programa Chile Sustentable

I.S.B.N.: 978-956-7889-44-0

Registro de Propiedad Intelectual: Nº 195520

Primera Edición: Septiembre 2010

Se imprimieron: 1000 ejemplares

Elaboración y Edición:

Sara Larraín

María Paz Aedo (Fundación Böll)

Katherine Navarrete

Cristian Villarroel N.

Diseño de Portada y Diagramación:

Emiliano Méndez

Impresión:

Gráfica Andes

Esta publicación cuenta con la colaboración de integrantes de las organizaciones pertenecientes a la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida.

ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL

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M A R C O J U R Í D I C O P A R A L A G E S T I Ó N D E L A G U A E N C H I L E : D i a g n ó s t i c o y d e s a f í o s 1

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Breve historia del marco jurídico del agua

En Chile, la evolución del Marco Jurídico de las

Aguas ha estado íntimamente relacionado con

el régimen jurídico de la tierra. En sus orígenes,

la corona española concedía la propiedad de

tierras a particulares, bajo su dominio, con un

instrumento conocido como “Títulos de

Merced”. Con la llegada del régimen

republicano, el Estado chileno reconoció estos

títulos, dándoles carácter de dominio absoluto e

individual a los beneficiarios. Para la regulación

del agua y sus cauces, el Estado chileno asume

los criterios del Derecho Español, adoptando

conceptos de dominio como el «uso, goce y

disposición», de aplicación en el actual Código

de Aguas -y que aparece en el Código Civil de

1855- que da a la tierra, el carácter de un bien

económico determinado y transable.

Luego de la Constitución de 1925 aparece la Ley

Nº 9.909 de 1951, que es considerada el «Primer

Código de Aguas». Esta norma se mantiene sin

modificaciones hasta 1967, año en que se dicta

la Ley de Reforma Agraria, la que, introduce la

idea de función social de la propiedad,

provocando cambios en el concepto de

propiedad, hasta 1973. Es así como, en el período

entre 1951 y 1973, se establece -previa

modificación de la Constitución Política, Código

de Aguas y Código Civil- que «todas las aguas

son bienes nacionales de uso público», que los

dueños continuarán usándola en calidad de

«titulares de un derecho de aprovechamiento»

y en donde el Estado adquiere protagonismo en

la asignación y administración del recurso. El

derecho de aprovechamiento se obtiene por la

vía de una concesión administrativa, cuyo

otorgamiento estaba adscrito a un destino

especial (objeto, ubicación, cabida de terreno)

y el peticionario debía garantizar el

aprovechamiento efectivo del agua dentro del

plazo fijado en la concesión. En este modelo de

administración la potestad administrativa de la

Dirección General de Aguas (DGA) le entregaba

al peticionario amplias facultades de

planificación sobre el recurso y poder de

caducidad

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