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TRABAJO DE LIBERALIZACION SERVICIO ELECTRICO


Enviado por   •  12 de Julio de 2017  •  Resúmenes  •  1.286 Palabras (6 Páginas)  •  140 Visitas

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

U.N.E.F.A

NÚCLEO-NUEVA ESPARTA

[pic 2]

REALIZADO POR

Salvatore, Marilyn C.I.: 25.967.210

Negrette, Gisel        C.I.:18.400.289

Rivas, Jose              C.I.:20.485.362

Carrera:    Admón. Y Gestión Mpal.

     Sección:  74409- 01N                 

      Materia:    Serv.  y Obras Públicas

Juan Griego, 8 de marzo de 2017

La electricidad es un servicio público aceptado por la generalidad de la población y  de este depende la vida de nuestras ciudades actuales, la salud, las comunicaciones, la educación, la conservación de alimentos, el entretenimiento, en fin, no hay forma de que se pueda dar la vida moderna como la conocemos sin electricidad. Por esta razón estamos claros que la electricidad es energía y como tal es un insumo fundamental en muchas actividades productivas, a la par con cualquier otra materia prima.

El sector eléctrico está constituido por actividades económicas que, necesariamente, deben ser reguladas por el Estado. Estamos por tanto frente a un conjunto de actividades cuya naturaleza exige la intervención de los Poderes Públicos en su ordenación y disciplina. En efecto, la electricidad, además de una actividad económica, es una actividad prestacional que satisface una necesidad de interés general. De esa manera, corresponde al garantizar el adecuado suministro eléctrico.

En este sentido, podemos definir al servicio eléctrico como una actividad técnica destinada a satisfacer la necesidad de carácter general consistente en generar, transferir, distribuir y comercializar la potencia y la energía eléctrica, así como la actuación de los agentes que realizan dichas actividades y sus relaciones con los usuarios, para el cumplimiento uniforme y continuo del servicio, el cual debe ser permanente, regulado y controlado por el poder público Nacional, con sujeción a un régimen de derecho público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona.

Es claramente que el sector eléctrico está sufriendo una profunda transformación y no solo en nuestro país sino a nivel mundial. Entre esto hacemos hincapié al modelo anterior que se caracterizaba por la integración vertical de empresas que gozaban de un monopolio en su territorio. La tendencia dominante tiende a sustituirlas por empresas especializadas, con la creación de un mercado en donde los productores compiten entre sí y los consumidores pueden escoger entre varios proveedores. Esta transformación viene acompañada de una masiva privatización de las empresas públicas, así como de un cambio radical en la manera de regular el sector y sus instituciones.

De esta manera podemos enfatizar que el proceso de liberalización del servicio eléctrico, se viene observando desde finales de 1996 bajo un decreto que calificaba la prestación de servicio eléctrico como un servicio público nacional, pero fue a partir de 1999 que se da inicio a este proceso, donde se plantea un reglamento que posteriormente se hace ley en 2001.

Por consiguiente, definimos a la liberalización de este servicio como el proceso a través del cual racionaliza la intervención pública en el sector y se amplía el ámbito de actuación de la iniciativa económica privada, la cual, en ejercicio del derecho a la libertad económica, podrá explotar actividades eléctricas en las fases de generación, transmisión, distribución y comercialización en régimen de libre competencia, salvo excepciones expresamente reguladas.

Como decíamos anteriormente este servicio lo regula el Estado, pero esto no quiere decir que tiene que prestarlo el Estado directamente, para eso existe la figura de “concesión”, que lleva implícita la idea de que alguien presta el servicio en nombre del Estado y bajo las condiciones que se establezcan entre el prestador y el Estado en un contrato de concesión. De modo que el servicio eléctrico público puede ser prestado por una empresa privada sometida a regulación y bajo las pautas establecidas en un contrato de concesión.

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