ALTA DIRECCION PUBLICA

Enero de 2013.

I.- Introducción.

La tarea de mejorar la gestión de las instituciones públicas en la búsqueda de una mayor calidad de los servicios que se entregan a la ciudadanía, ha sido uno de los objetivos principales de cada Gobierno para garantizar el desarrollo económico - social, una adecuada inserción internacional y el bienestar para los habitantes del país.

Bajo la premisa de transformaciones de carácter gradual, se han conseguido importantes cambios en las formas de gestión, en los procesos y en las instituciones. Elementos claves como la planificación estratégica, el control de gestión, la orientación a resultados, la calidad en el servicio, el rediseño de procesos y el uso de nuevas tecnologías son aspectos que conjugados, han redundado en avances en la modernización del Estado. (Flisfisch, 2003).

El desafío es lograr una descentralización pertinente a las necesidades y capacidades del país mediante el traspaso de mayores funciones, atribuciones y recursos desde el gobierno central, hacia gobiernos regionales y/o locales mediante un sistema que contribuya a mejorar la capacidad de directivos públicos. (Fuenzalida, 2.011).

Para ello, se instaura el año 2.003 como pieza fundamental del proceso de modernización el Sistema de Alta Dirección Pública, con el objeto de contar con una gerencia pública calificada y profesional seleccionadas en base al mérito e idoneidad a través de concursos públicos para que lleven a cabo y ejecuten las políticas públicas que el aparato gubernamental determine.

Ad portas de cumplir su primera década, se presenta a continuación una reflexión crítica, en referencia a su impacto en la función pública del país, considerando para ello sus logros, dificultades y limitaciones que propone el modelo, el cual busca un cambio de paradigma en el actuar de las instituciones públicas del país.

II.- Antecedentes del Sistema de Alta Dirección Pública en Chile.

Las primeras ideas sobre un Sistema de Alta Dirección Pública para Chile comenzaron a discutirse alrededor de 1998. El 2003 el país enfrentó una crisis político - institucional, que culminó encausándose en un conjunto de acuerdos entre el gobierno y la oposición, expresados en el documento “Acuerdos Político-Legislativos para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento” de Enero de 2003, con 49 iniciativas. Una de ellas fue la Alta Dirección Pública, integrándose con el proyecto de ley del Nuevo Trato Laboral, que se materializó finalmente en la Ley 19.882., cuya iniciativa surgió en respuesta al excesivo número de cargos de confianza en el gobierno central.

El Sistema partió el año 2004 con 417 cargos. Actualmente éstos llegan a 1112, en los que se incluyen tanto los cargos de los servicios adscritos al Sistema como los de los organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos mediante el SADP. Ello implica un aumento del 170% en el número de cargos que se seleccionan a través del SADP.

De los cargos adscritos al SADP, 202 cargos son de Primer Nivel Jerárquico, fundamentalmente jefes de servicio; y 910 son de Segundo Nivel Jerárquico, entre ellos directores regionales, jefes de división o equivalentes.

El proceso de selección a través del Sistema de Alta Dirección Pública se aplica a 111 servicios públicos adscritos al SADP y otros 94 organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos a través del SADP.

El sistema establece la existencia de un Consejo de Alta Dirección Pública, organismo integrado por 5 consejeros -cuatro de ellos nombrados con participación del Senado- que representa a los diversos sectores políticos. Su función es garantizar el debido cumplimiento de los procesos de selección: transparencia, no discriminación, confidencialidad, entre otros.

Los altos directivos públicos nombrados mediante el Sistema tienen una duración de tres años en su cargo y pueden ser renovados hasta dos veces, por igual plazo.

Son funcionarios de exclusiva confianza, es decir, su renuncia puede ser solicitada en cualquier momento por la autoridad facultada para su nombramiento.

Ejercen sus funciones con dedicación exclusiva y tienen derecho -en caso de solicitud de renuncia- a una indemnización por cada año de servicio en el cargo, con un máximo de seis.

Firman un convenio de desempeño, que cumple con la doble función de orientar y evaluar el desempeño de éstos. El convenio lo firman con su superior jerárquico y tiene una duración de tres años, en el cual se incluyen las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos de resultados a alcanzar, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos.

El alto directivo debe informar a su superior jerárquico el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos, correspondiendo al ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según corresponda, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados.

Dependiendo del cargo y de si se trata de I ó II Nivel Jerárquico, el Consejo de Alta Dirección Pública o un Comité de Selección, designado por éste, elige por concurso público a los postulantes, los que son propuestos a la autoridad facultada para el nombramiento, ya sea el Presidente de la República, Ministro de Estado o Jefe de servicio correspondiente.

El proceso de concurso -que es confidencial- toma aproximadamente cuatro meses y se inicia con la convocatoria en la prensa escrita. Luego, una empresa especializada en selección de personal realiza el análisis curricular de los candidatos, el chequeo de antecedentes y las entrevistas respectivas

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