ARTE PREHISPANICO
michitu19 de Mayo de 2013
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Los valores éticos morales (página 2)
Enviado por zaida gutierrez
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Si analizamos el pensamiento intelectual de finales del siglo XIX, y principios del XX, este pensamiento reproduce de alguna manera el esquema precedentemente descrito. Historiadores prestigiosos se valían de sus representaciones, ciertamente peculiares de la sociedad, para dar cuenta de la ineptitud entre comillas del pueblo venezolano; en este sentido, se denota una suerte de estigmatización de la población. Como expresión de ello surge el pensamiento de Gil Fortoul, historiador de la época, quien caracteriza al pueblo venezolano "como un pueblo de pigmeos"; más tarde, ya para la época gomecista, el Sociólogo Laureano Vallenilla Lanz, en su libro, "Cesarismo Democrático" expresa que "el pueblo venezolano no ha concebido una idea de sociedad".
Estas representaciones de la sociedad latinoamericana, y venezolana, son de origen antiquísimo. En la época colonial los territorios de América eran vistos como tierras incógnitas, y sin historias sociales.
Ahora bien, "explorar la naturaleza del sistema de relaciones sociales generado por la historia de América latina, nos llevaría a determinar no solo quien ocupa el poder, sino como este se ejerce, y a analizar forzosamente el concepto de Soberanía y Ciudadanía; cuestión que correspondería a otro tema de estudio; pero resulta importante mostrar sintéticamente la singularidad y especificidad de la historia de América latina, traducida en una incapacidad real de reproducir nuestra propia historia" (Pérez Baltodano, Op. Cit.: 14).
Venezuela no escapa de ello, pues no hemos logrado desarrollar la capacidad de territorializar suficientemente nuestras propia historia nacional, es decir, la capacidad para controlar los factores que determinan nuestra propia evolución como entidades territoriales sociales y políticas soberanas, por el hecho de que los procesos de participación política, y/o Social han sido mecanismos diseñados desde el Estado para la defensa de un sistema de privilegios, y no el resultado de conquistas de la sociedad contra el Estado. Estos procesos, en décadas, no han puesto en juego el funcionamiento de la administración clientelar, ni han amenazado la reproducción de las estructuras de exclusión social.
El voto, para ejemplarizar los sesgos de la participación política, ha funcionado a un nivel más básico: concretamente para ratificar los procesos que constituyen a la nación como pueblo, más que para la actualización de la ciudadanía. Los políticos rara vez aparecen como representantes de la ciudadanía; son más bien intermediarios que, en un sistema de reciprocidad, gestionan la desobediencia controlada de sus clientelas (Pérez Baltodano, Op. Cit.: 18-19).
Este autor señala que… "En los sistemas políticos de las sociedades democráticas europeas de occidente, por el contrario, existió una lucha histórica en torno a la definición e interpretación del concepto de soberanía" (Ibid). Utilizando la interpretación de T.S. marshall (1965) sobre el desarrollo del principio de la ciudadanía de estos países, es posible visualizar un primer círculo concéntrico como la representación del surgimiento y la institucionalización de los derechos civiles en el siglo XVIII; un segundo círculo concéntrico que alude al nacimiento y desarrollo de los derechos políticos en el siglo XIX; y un tercer círculo que representa la puesta en marcha de los derechos sociales en el siglo XX.
A través de este proceso histórico, el desarrollo del principio de la ciudadanía que se inspira y se orienta por la idea de la igualdad, estuvo acompañado por el desarrollo de un sistema económico capitalista que generaba desigualdad.
De esta contradicción, surgen los derechos sociales en el siglo XX. Estos derechos y las políticas publicas que estos derechos logran generar tienen como objetivo contrarrestar la desigualdad social producida por la dinámica del capital; ahora bien, "a partir de la instauración de los derechos sociales y de la puesta en marcha de políticas sociales se genera el desarrollo de la capacidad de regulación del Estado, y simultáneamente se desarrolla la ampliación del principio de la ciudadanía; este hecho hace posible paulatinamente el condicionamiento por parte de la sociedad civil" (Pérez Baltodano, Op. Cit.: 38). Por medio de estos dos procesos paralelos y mutuamente condicionantes: el estado Europeo decanta paulatinamente su "poder despótico" y desarrolla bis-a-bis su poder "estructural: es decir, el desarrollo de la capacidad de regulación social del Estado aumentó la capacidad de éste para "penetrar y coordinar de manera centralizada y a través de su propia infraestructura, las actividades de la sociedad civil" (Mann, 1989: 114).
Al mismo tiempo, y como resultado del desarrollo de los derechos ciudadanos, el Estado fue perdiendo la capacidad de imponer su voluntad sobre la sociedad civil, en ausencia de "practicas institucionalizadas de negociación" (Mann, 1989: 113); como resultado de este doble proceso se llega a establecer lo que David Held (1991:198) llama "una relación de congruencia" entre los que hacen las políticas publicas y los que las reciben. Esta relación, tal y como lo señaló Held, constituye una de las premisas fundamentales del sistema de gobernabilidad democrática de los países europeos (Pérez Baltodano, Op. Cit.: 39).
Ambiguamente, y a grandes trazos podría afirmarse que la construcción de la República en Venezuela, en términos formales estuvo determinada por la mimetización del antiguo orden sociopolítico colonial preexistente; el proyecto que la caracterizó fue la construcción e implantación de un Estado nuevo, fundado en las ex-colonias españolas, basado, en cuanto a la forma del Estado, en la organización de las Provincias que nos quedaron como legado del régimen español; Provincias que se habían desarrollado en el sistema colonial como organizaciones administrativas altamente descentralizadas. "Precisamente, fue por esa enorme descentralización y autonomía provincial que existía en los territorios de la Capitanía General de Venezuela que, como forma para estructurar un Estado nuevo –que fue lo que se propuso ese liderazgo político–, se escogió el esquema federal… porque, entre otros factores, en el constitucionalismo de la época no había otra forma para construir un Estado republicano que no fuera en base a la estructura político-territorial de las excolonias descentralizadas" (Brewer, 1996:13). Es así como el pensamiento conservador de la gesta independentista en los primeros decenios del siglo XIX, construye el nuevo Estado observando como propósito, entre otros "el conservar el status quo vigente", cuyo significado a los efectos de este estudio, se traduce en la implementación y defensa de los derechos civiles y políticos recién adquiridos, e inspirados en los principios de libertad, que en su momento enarbolara la Revolución de la Francia de 1789 sin prestar mucha atención a la igualdad y a la fraternidad.
Añadiendo a esta particularidad que esos derechos ciudadanos y políticos adquiridos se lo autoadjudicaron la élite política y económica del momento, excluyendo al resto de la población del ejercicio de los mismos. Se destaca entonces, que la población venezolana de la época apenas alcanzaba a comprender medianamente el valor civilista de "ser libres" como único derecho ciudadano. Precisamente una de las características del pensamiento intelectual de la época se basaba en que la clase dominante consideraba que el pueblo en general no estaba preparado para asumir decisiones que sustentaran un proyecto de país. El Dr. Elías Pino Iturrieta, actualmente miembro de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela, considera al respecto que desde los inicios de la República, personajes emblemáticos como Simón Bolívar, contrasta en sus últimos tiempos que se estaba frente a "una Sociedad Minusválida".
En este mismo orden de ideas, "La progresiva instauración de un Poder Central dentro de las vicisitudes iniciales de la Guerra de Independencia, antes y después de la separación de la Gran Colombia, llevaron al mismo liderazgo que efectuó la Independencia, y que asumió el control del Estado a partir de 1830, a no entender los cambios que habían provocado, y a pretender aplicar, a finales de la década de los cincuenta del siglo XIX, los mismos criterios políticos iniciales, como si no hubieran transcurrido casi tres décadas de vida republicana…" (Brewer, 1998: 14). En este sentido, y sucintamente, los cambios sociopolíticos institucionales se abordaron lentamente en Venezuela. En las épocas de Falcón, Zamora, de los grandes caudillos, y de guerras intestinas, de poderes omnímodos, Guzmán Blanco, y los andinos con Cipriano, y Gómez a la cabeza, incluyendo la etapa postgomecista, hasta 1945, significaron procesos institucionales imbuidos de fuertes agravios a los derechos ciudadanos en el quehacer cotidiano del ciudadano común, replegados aún mas con la llegada de Pérez Jiménez, Dictador del denominado Régimen neofascista quien constriñó profundamente cualquier posible acto civilizatorio participativo. La Participación comienza a salir de su letargo desde el momento que afloraron aquellos primeros intentos referidos al derecho político del "voto", en 1945, y a la posibilidad sentida del pueblo venezolano de vivir en democracia, lo cual significaba libertad, y la apertura de la compuerta para la Participación Política,
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