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Acceso a la Justicia. En la historia reciente de la policía pampeana


Enviado por   •  15 de Abril de 2018  •  Ensayos  •  10.470 Palabras (42 Páginas)  •  27 Visitas

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“aunque parezca duro el sorete es tierno”

graffiti urbano de 8P2.

Introducción.

La provincia -gobernada desde 1983 por el partido justicialista-, registra una elevada tasa de empleo público, una economía con escasas industrias que genera básicamente productos primarios, un sector comercial que depende directamente del Estado en buena medida, una elevada tasa de madres adolescentes, una preocupante cantidad de bebés con desnutrición, bajo peso y peso insuficiente, un elevado índice de mortalidad maternal, un marcado déficit habitacional y un alto índice de pobreza y desempleo (1); en esta situación socioeconómica la conformación de un fabuloso aparato político-punteril-asistencialista en los barrios más carenciados, se ha convertido en uno de los más aceitados mecanismos de gobierno (Foucault, 1983; Font, 1999); sumado a la utilización del Canal del Estado (Canal 3, que puede sintonizarse de manera gratuita) como el canal del partido justicialista, el silenciamiento de uno de los tres diarios locales vía tanda publicitaria, y relaciones pendulares y oscilantes frente a los otros dos y el resto de los medios de comunicación.

En la historia reciente de la policía pampeana se destaca la participación de diversos agentes policiales en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional: en la última dictadura militar (1976-1983) la provincia quedó bajo Jurisdicción Militar, recibiendo el nombre de Subzona 14 y asumiendo como Jefe de Policía personal militar, subordinando de esta manera todo el actuar policial bajo las órdenes de la autoridad Federal (2). La característica central de la represión en la provincia en aquellos años, está dada por la activa y mayoritaria participación de personal policial respecto del militar en los denominados grupos de tarea (3), siendo quizás un dato esclarecedor que de los 13 represores pampeanos que fueron procesados por el juez federal Canicoba Corral, 9 de ellos se desempeñaron como policías y 4 como militares (4). En este sentido, la Policía de la provincia nunca terminó de depurarse de los resabios procesistas (en lo que respecta por ejemplo al personal jerárquico, la normativa jurídica, la cultura policial) (5), de ahí la necesidad de mencionar aunque someramente, la importantísima función y el destacado rol que le cupo a la policía provincial entre los años 1976-1983, y del arraigo en una cierta cultura autoritaria que aún perdura en la institución. 

En la actualidad la institución policial de la provincia -que registras alrededor de 1.800 efectivos-, se encuentra con una visible fractura entre la Suboficialidad (muy claramente evidenciada en las expresiones del representante del Círculo de Suboficiales y Agentes en sus reclamos salariales, oposición a los ascensos de personal jerárquico que han cometido irregularidades y de ex represores jerárquicos, de personal jerárquico que interfiere en las investigaciones pasando información antes de los operativos y allanamientos, etc.) y la Oficialidad  (sobre todo en las jerarquías) y el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Actividades delictivas y construcción de imagen policial.

El objetivo no es centrarse en un hecho en particular (por ejemplo apremios ilegales) sino en los distintos hechos que constituyen delitos o presuntos delitos y que han sido cometidos por integrantes de la institución policial, desnudando en cierta medida la capacidad de la misma por incursionar en actividades legales (mantenimiento del orden, prevención del delito, auxiliar a la Justicia en la resolución de delitos, etc.) e ilegales (homicidio, lesiones, apremios ilegales, torturas, privación ilegítima de la libertad, amenazas, estafas, etc.) (6). En los últimos años la composición de distintos actores (en los que se halla presente la institución policial) que se han visto involucrado en diversos delitos o presuntos delitos ha desdibujado la idílica imagen delincuentes-no delincuentes-policías (7) que se venía utilizando en los discursos políticos,  policiales y mediáticos y ha comenzado ha dificultarse -pero aun sigue vigente- el sostenimiento de un discurso hegemónico desde el poder político sobre la “capacidad, honestidad y profesionalidad” de la policía local. Pareciera que la falta de estadísticas oficiales sobre la participación de policías en delitos o presuntos delitos, se enmarca en una estrategia por ocultar ciertas racionalidades que, en el marco de la provincia, siguen operando dentro de una lógica mayor del Estado Autoritario-Clientelístico al cual ésta policía le es claramente funcional.    

En la provincia se ha venido articulando desde hace algunos años el crecimiento del delito y las “incivilidades” desde los medios masivos de información, en ocasiones también desde la misma Policía o funcionarios políticos y también desde la ciudadanía en general -ya sea en reuniones informales durante las cuales surge el tema de la seguridad-inseguridad, o haciéndose eco en los medios masivos de información a través de llamados telefónicos o escritos en cartas al lector en los diarios locales-: un discurso muy fuerte en términos de consenso explica de manera más o menos simple que el aumento del delito y de la inseguridad (en sentido objetivo y subjetivo) se debe a la falta de control de los padres sobre sus hijos menores (niños y adolescentes) y jóvenes de los barrios más carenciados, y se han propuesto desde distintos actores desde la sanción a los padres de los menores que cometan delitos hasta la baja de imputabilidad, el aumento de las penas, el aumento de los sueldos policiales, mayor presencia de patrulleros, desarmar la connivencia entre policías y delincuentes (Santa Rosa y General Pico). Pero también se ha marcado como una de las causas las grietas en el aparato clientelístico provincial (8) y una sensación de injusticia ante la comparación de la vida de los más ricos y la de los habitantes de los barrios menos favorecidos (9), posturas que se acercan a una política que no sea represiva y con objetivos a corto y largo plazo, que involucre a diversos ministerios para abordar la problemática en lo que podría catalogarse como Táctica Social de prevención del delito (Sozzo, 2000).  

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