Acceso a la Justicia. En la historia reciente de la policía pampeana

“aunque parezca duro el sorete es tierno”

graffiti urbano de 8P2.

Introducción.

La provincia -gobernada desde 1983 por el partido justicialista-, registra una elevada tasa de empleo público, una economía con escasas industrias que genera básicamente productos primarios, un sector comercial que depende directamente del Estado en buena medida, una elevada tasa de madres adolescentes, una preocupante cantidad de bebés con desnutrición, bajo peso y peso insuficiente, un elevado índice de mortalidad maternal, un marcado déficit habitacional y un alto índice de pobreza y desempleo (1); en esta situación socioeconómica la conformación de un fabuloso aparato político-punteril-asistencialista en los barrios más carenciados, se ha convertido en uno de los más aceitados mecanismos de gobierno (Foucault, 1983; Font, 1999); sumado a la utilización del Canal del Estado (Canal 3, que puede sintonizarse de manera gratuita) como el canal del partido justicialista, el silenciamiento de uno de los tres diarios locales vía tanda publicitaria, y relaciones pendulares y oscilantes frente a los otros dos y el resto de los medios de comunicación.

En la historia reciente de la policía pampeana se destaca la participación de diversos agentes policiales en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional: en la última dictadura militar (1976-1983) la provincia quedó bajo Jurisdicción Militar, recibiendo el nombre de Subzona 14 y asumiendo como Jefe de Policía personal militar, subordinando de esta manera todo el actuar policial bajo las órdenes de la autoridad Federal (2). La característica central de la represión en la provincia en aquellos años, está dada por la activa y mayoritaria participación de personal policial respecto del militar en los denominados grupos de tarea (3), siendo quizás un dato esclarecedor que de los 13 represores pampeanos que fueron procesados por el juez federal Canicoba Corral, 9 de ellos se desempeñaron como policías y 4 como militares (4). En este sentido, la Policía de la provincia nunca terminó de depurarse de los resabios procesistas (en lo que respecta por ejemplo al personal jerárquico, la normativa jurídica, la cultura policial) (5), de ahí la necesidad de mencionar aunque someramente, la importantísima función y el destacado rol que le cupo a la policía provincial entre los años 1976-1983, y del arraigo en una cierta cultura autoritaria que aún perdura en la institución. 

En la actualidad la institución policial de la provincia -que registras alrededor de 1.800 efectivos-, se encuentra con una visible fractura entre la Suboficialidad (muy claramente evidenciada en las expresiones del representante del Círculo de Suboficiales y Agentes en sus reclamos salariales, oposición a los ascensos de personal jerárquico que han cometido irregularidades y de ex represores jerárquicos, de personal jerárquico que interfiere en las investigaciones pasando información antes de los operativos y allanamientos, etc.) y la Oficialidad  (sobre todo en las jerarquías) y el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Actividades delictivas y construcción de imagen policial.

El objetivo no es centrarse en un hecho en particular (por ejemplo apremios ilegales) sino en los distintos hechos que constituyen delitos o presuntos delitos y que han sido cometidos por integrantes de la institución policial, desnudando en cierta medida la capacidad de la misma por incursionar en actividades legales (mantenimiento del orden, prevención del delito, auxiliar a la Justicia en la resolución de delitos, etc.) e ilegales (homicidio, lesiones, apremios ilegales, torturas, privación ilegítima de la libertad, amenazas, estafas, etc.) (6). En los últimos años la composición de distintos actores (en los que se halla presente la institución policial) que se han visto involucrado en diversos delitos o presuntos delitos ha desdibujado la idílica imagen delincuentes-no delincuentes-policías (7) que se venía utilizando en los discursos políticos,  policiales y mediáticos y ha comenzado ha dificultarse -pero aun sigue vigente- el sostenimiento de un discurso hegemónico desde el poder político sobre la “capacidad, honestidad y profesionalidad” de la policía local. Pareciera que la falta de estadísticas oficiales sobre la participación de policías en delitos o presuntos delitos, se enmarca en una estrategia por ocultar ciertas racionalidades que, en el marco de la provincia, siguen operando dentro de una lógica mayor del Estado Autoritario-Clientelístico al cual ésta policía le es claramente funcional.    

En la provincia se ha venido articulando desde hace algunos años el crecimiento del delito y las “incivilidades” desde los medios masivos de información, en ocasiones también desde la misma Policía o funcionarios políticos y también desde la ciudadanía en general -ya sea en reuniones informales durante las cuales surge el tema de la seguridad-inseguridad, o haciéndose eco en los medios masivos de información a través de llamados telefónicos o escritos en cartas al lector en los diarios locales-: un discurso muy fuerte en términos de consenso explica de manera más o menos simple que el aumento del delito y de la inseguridad (en sentido objetivo y subjetivo) se debe a la falta de control de los padres sobre sus hijos menores (niños y adolescentes) y jóvenes de los barrios más carenciados, y se han propuesto desde distintos actores desde la sanción a los padres de los menores que cometan delitos hasta la baja de imputabilidad, el aumento de las penas, el aumento de los sueldos policiales, mayor presencia de patrulleros, desarmar la connivencia entre policías y delincuentes (Santa Rosa y General Pico). Pero también se ha marcado como una de las causas las grietas en el aparato clientelístico provincial (8) y una sensación de injusticia ante la comparación de la vida de los más ricos y la de los habitantes de los barrios menos favorecidos (9), posturas que se acercan a una política que no sea represiva y con objetivos a corto y largo plazo, que involucre a diversos ministerios para abordar la problemática en lo que podría catalogarse como Táctica Social de prevención del delito (Sozzo, 2000).  

Desde hace algunos años se vienen registrando en Santa Rosa y General Pico: enfrentamientos entre habitantes de barrios periféricos y grupos de policía que generalmente terminan con detenciones, protagonistas heridos, patrulleros rotos, y en los que a veces participa toda la familia de las personas que se pretende detener, y no solamente enfrentamientos de lo que podría ser bandas de adolescentes y adultos varones y grupos de policías; y en ocasiones ha sido protagonista de los enfrentamientos una gran parte del barrio de que se trate, lo cual trae consigo una naturalización de la violencia policial como medio de resolver conflictos, a la que sigue en muchas ocasiones una respuesta también violenta desde los adolescentes y jóvenes.

Una de las problemáticas más acuciantes es destejer las articulaciones entre sectores policiales, punteros políticos y grupos de adolescentes y jóvenes, relacionados generalmente con el tráfico de estupefacientes y la distribución del robo en los barrios. Esto quedo en evidencia en el caso del homicidio de Esteban Con en manos del Jefe del GEO: la persona que entró como autoridad policial al barrio es el Comisario Inspector Juan Carlos Gorris (Jefe de la UR-1), quien previamente llamó por teléfono al puntero político de extracción peronista, por ser éste a única persona que podía garantizar la presencia de Gorris en el lugar; circunstancias en las que este personaje hizo de guardaespaldas de facto del comisario. Acá comienza a entreverse en la cuestión los diversos interese en juego, por un lado ese día el puntero político es el primero en hacer declaraciones radiales a los pocos minutos del homicidio repudiando el hecho, y luego da la orden de parar el reclamo del barrio que comenzaba a gestarse.  De ahí en más derivó sólo en un reclamo institucional al Poder Judicial. La cuestión sería que el marinismo no tenía ningún interés en permitir que por los medios de comunicación comience a revelarse que en los barrios carenciados hay un poder de facto paralelo que se combina con punteros políticos, policías y algunos jóvenes y adolescentes. Si bien todo esto se dijo por los medios, en una conferencia de prensa el ex gobernador aclaró que decir esto era muy irresponsable en un vano intento de ocultar lo que ya es vox populi. El homicidio de Esteban Con se dio en medio de una interna que es política (el marinismo contra el vernismo), policial (oficialidad contra suboficialidad), y barrial (entre ciertas banditas de pibes que se disputan la distribución del delito).

...