Adjuntamos artículo sobre las nuevas concesiones a la Fundación O´Belen

Adjuntamos artículo sobre las nuevas concesiones a la Fundación O´Belen.

La Fundación O´Belen es una entidad sinónimo de lucro cuyo objetivo declarado por ellos mismos es la atención y protección de los menores, jóvenes y sus familias. Loable objetivo con el que podrían engañar a algún incauto hasta que vemos quiénes son sus fundadores: Emilio Pinto Rodríguez (ex portavoz del PP en Sigüenza y propietario de Ain-Karen Viajes, empresa dedicada a “ayudar” a la Iglesia en su labor evangélica organizando peregrinaciones), Manuel Pizarro Moreno (vocal de la FAES, ex presidente de Ibercaja y ex presidente de Endesa), José Morales Paulés (directivo de Ibercaja), Javier Herrero Sorriqueta (ex consejero delegado de Iberdrola) y Manuel Ureña Pastor (arzobispo, miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis). Con estas credenciales nada bueno se podía presagiar.

Esta entidad fue de las pioneras en la gestión de los llamados centros terapéuticos de protección de menores, en realidad una especie de cárceles donde se recluye a niños supuestamente afectados por trastornos del comportamiento. Gracias al caudal de dinero público que este tipo de empresas saquea a través de la privatización de los servicios sociales, O´Belen fue ampliando el negocio, pasando a gestionar centros de acogida y de reforma, programas de inserción laboral e incluso los servicios de acogimiento familiar.

En el 2009 durísimos informes de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo confirmaban lo que numerosos colectivos llevaban años denunciando: en los centros terapéuticos de protección de menores se vulneran los derechos humanos (“apreciamos irregularidades y vulneración de los derechos de los menores, a los que se medica sin respetar las prescripciones de la Ley de autonomía del paciente, y son sancionados desproporcionada y arbitrariamente”).

Especialmente duro con O´Belen, el informe del Defensor del Pueblo demostraba que en sus centros se utilizan celdas de aislamiento, prohibido explícitamente por la ONU (“un solo instante de permanencia en el interior de esas salas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad”), se abusa de psicofármacos (“atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación con el tratamiento”), se producen agresiones físicas (“las contenciones se realizan varias veces al día y con una agresividad innecesaria y desproporcionada”) y humillaciones de todo tipo (“se realizan registros con desnudos integrales sin justificación…se encubren prácticas contrarias a los derechos de los menores como atar a dos niños uniéndoles por las muñecas o prohibirles la asistencia al centro escolar”). Desgraciadamente, debido a estas condiciones propiciadas por la privatización de este tipo de centros, al menos tres niños de entre 12 y 14 años han perdido la vida bajo custodia de O´Belen. Finalmente, gracias a la presión social varios de sus centros fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, se vio obligado a dimitir.

El negocio resurge de la mano del PP

Tras el cierre de sus centros parecía que se les acababa el chollo (llegaban a recibir hasta 6900 euros mensuales por plaza). Pero con la llegada de su nuevo presidente, el psiquiatra Javier San Sebastián (hermano de la reaccionaria

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