CONTRALORIA

CONTRAPUNTO SOBRE EL ROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA

OPPOSITES POINT OF VIEWS ABOUT THE CHILEAN’S GENERAL OFFICE

COMPTROLLER’S DUTIES

La Dirección de la Revista Chilena de Derecho invitó a participar en la sección de

Ensayos y Crónicas a los profesores de Derecho: Dr. Alejandro Vergara*

(en adelante A.V.), de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Francisco Zúñiga** (en

adelante F.Z.), de la Universidad Diego Portales, para que respondieran cinco

preguntas relativas a un tema de Derecho Administrativo que ha tenido eco en

diversas columnas de opinión y foros de debate: el rol de la Contraloría General de

la República.

1. En una presentación efectuada en octubre de 2007 por el señor Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza, se señaló como uno de los

objetivos del plan de modernización institucional de la Contraloría “constituirse

en el eje principal del fortalecimiento de

la probidad pública y –por ahora– en la

promoción de la transparencia de la gestión pública”. ¿Comparte está visión sobre el rol que corresponde a la Contraloría General de la República? ¿Qué

aspectos considera usted más demostrativos de ese afán en la labor que ha desarrollado la CGR hasta la fecha? ¿Estima

que han cumplido el propósito señalado

por el Contralor?

A.V.: El tema central de la pregunta es la

probidad y transparencia administrativa en el

accionar de la Contraloría. Al respecto, cabe

precisar de partida que la CGR es en esencia

competente para la fiscalización del debido ingreso e inversión de los fondos públicos, y para

realizar el control preventivo de juridicidad de

los DS, Resoluciones y otros actos; y, a posteriori, de la actuación de la Administración, mediante fiscalizaciones de sus procedimientos.

Además, debe vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo. Para ello está dotada de

una prestancia institucional necesaria: su autonomía. Sin ella, sería un dependiente del Presidente de la República; cuyo no es el caso.

El eje central de la función que realiza

tiene que ver directamente con el control,

cumplimiento y efectividad de la juridicidad

administrativa. Es la naturaleza de la actividad

y competencia de la CGR la que le imponen el

cumplimiento de estas reglas y principios, en

cuanto fiscalizadores y controladores de dos

cuestiones de forma general: la inversión fiscal

y la legalidad de los actos administrativos.

Las reglas y principios de probidad y

transparencia, que informan la actividad administrativa, están reconocidos constitucional

y legalmente; deben informar toda la actividad

administrativa, en especial las actividades que

por Ley le compete fiscalizar a la CGR.

En fin, probidad y transparencia forman también parte del núcleo o esencia de la

juridicidad de la actividad administrativa de la

propia CGR. El mismo órgano contralor debe

ser el primero en mostrar y demostrar de una

manera proba, abierta y transparente su actuación. La CGR debiese ser como un cristal traslúcido para el ciudadano, a través del cual ob-

*

Licenciado en Derecho Universidad de Concepción, Doctor en Derecho Universidad de Navarra, Profesor de Derecho Administrativo Pontificia Universidad Católica de Chile.

** Licenciado en Derecho Universidad de Chile, Postgrado en Derecho Público y Comparado Universidad

Autónoma y Complutense de Madrid y Postgrado en Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.394 Revista Chilena de Derecho, vol. 35 N0 2, pp. 371 - 398 [2008]

Ensayos y Crónicas

serve íntegra a la propia CGR, y, a partir de

ella, pueda observar al resto de la Administración fiscalizada.

Los aspectos más demostrativos de la

actualidad tienen que ver con toda la información que puede extraerse del sitio Web de la

CGR, en cuanto a la publicación de informes

de fiscalizaciones y auditorias, la publicación

de todos los dictámenes y demás informaciones que se suben relacionadas con las audiencias, o reuniones del Contralor. ¿Tareas pendientes? Ofrecer toda la información de cada

procedimiento en línea (on line), exigiendo

que todo documento sea presentado en archivo electrónico.

Avanzar cada vez más desde la opacidad

antigua a la traslucidez máxima posible.

F.Z.: La Contraloría General de la República es un organismo de control de la Administración del Estado revestido de un amplio abanico de funciones: control de legalidad

de los actos de la Administración, fiscalización

del ingreso e inversión de los fondos públicos,

examen y juzgamiento de cuentas, contabilidad general de la Nación y demás funciones

que le encomiende la ley orgánica constitucional (artículo 98 C.P.R.). Este abanico de funciones nos demuestra elocuentemente la hipertrofia de tareas o cometidos del organismo

contralor, que excede a la competencia de organismos homónimos en América. A pesar de

tal hipertrofia el organismo contralor, con recursos materiales y humanos limitados, las

cumple no sin dificultades.

En consecuencia, se hace necesario abordar una reforma institucional de la Contraloría

General de la República, la que es planteada en

el valioso proyecto de Reforma Constitucional

en materia de Transparencia, Modernización

del Estado y Calidad de la Política, en actual

trámite en la Cámara de Diputados. El proyecto de Reforma Constitucional fue objeto de un

informe expedido por el Contralor General de

la República que de algún modo recoge las definiciones estratégicas de la cabeza jerárquica de

este organismo contralor (Of. Nº 56167 de 10

de diciembre de 2007).

En el marco de esta definición estraté-

gica del organismo contralor se sitúa como eje

principal el fortalecimiento de la probidad pú-

blica. La reorientación que se observa hoy de

la labor fiscalizadora del organismo controlador hacia la auditoria es congruente con el referido fortalecimiento de la probidad pública.

2. La fuerte fiscalización realizada por la

CGR en la actualidad respecto de los

servicios públicos y municipalidades

ha importado un mayor conocimiento

público de falencias en la gestión de

estos e incluso irregularidades: ¿Considera usted que esta situación importa

un deterioro de la percepción de la

ciudadanía sobre la probidad administrativa en Chile y, en consecuencia,

una mayor impresión de corrupción?

A.V.: El impacto de la fiscalización de la

CGR en la ciudadanía, sobre la bases de los

principios de publicidad y transparencia, no es

un fenómeno que le corresponda a la ciencia

del Derecho analizar ni constatar; será objeto,

en su caso, de la sociología o de otras ciencias

que se encarguen de verificar el impacto social

y psicológico que hayan tenido. E, intermediado por la ciencia política, y las políticas públicas, a decisiones legales.

No obstante, desde la perspectiva del

Derecho, es posible decir que la sensación de

fiscalización pudiera tener efectos en el ámbito

del reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos de frente a la gestión

pública; que se traduzca en una nueva mirada

del rol de las administraciones públicas a las

que se les podrá exigir como derechos un actuar

más transparente, probo, eficiente y oportuno.

También, la fiscalización produce un efecto disuasivo innegable en los burócratas amigos del

desorden y de las faltas de probidad.

Pero, en verdad, ha sido la agudeza y oficio del nuevo contralor y la efectividad de estas

fiscalizaciones lo que ha provocado un impacto

importante en la opinión pública nacional.

F.Z.: La fiscalización de servicios públicos y de municipalidades por la Contraloría

General de la República se efectúa principalmente a través de auditorías externas selectivas

y en menor medida a través de sumarios ins-395

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truidos por el organismo de control a través de

algunas de sus divisiones o de contralorías regionales.

El deterioro de la percepción pública o

ciudadana sobre la probidad administrativa en

Chile a mi juicio no es fruto de la fiscalización

llevada a cabo por el organismo contralor, sino

en gran medida por la percepción mediática de

“casos de corrupción” en la Administración del

Estado, que transforman de la mano de los

mass media la “opinión publicada” en “opinión

pública”.

3. El propio Contralor y otras autoridades han estimado que el proceso de

Toma de Razón que efectúa la CGR

debe ser revisado en sus bases legales y

administrativas: ¿Qué aspectos considera de importancia modificar y/o robustecer?

A.V.: La toma de razón y sus desafíos es

un gran tema. El trámite de toma de razón no

puede convertirse en un mero examen de legalidad orgánica formal, sino en un examen de

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