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Marco jurídico para la paz (Colombia)

El Marco Jurídico para la Paz o Marco Legal para la Paz -también conocido como el Marco Legal para la Paz o el Marco para la Paz- se refiere a un Acto Legislativo "por medio de cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones",1 aprobado por el Congreso de la República de Colombia el 14 de junio de 2012 tras su envío por parte del presidente de ese país Juan Manuel Santos.2

Historia[editar]

El Acto Legislativo busca regular la terminación del conflicto armado dentro del marco constitucional existente y para ello autoriza la creación de mecanismos de justicia transicional realistas que permitan facilitar una desmovilización masiva de los grupos armados ilegales, así como garantizar a las víctimas de conflicto armado sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.3 En su defensa del Acto Legislativo ante la Corte Constitucional, el Alto Comisionado para la Paz de la República de Colombia destacó que "este sistema de constitucionalidad no solo permitirá saber quién es el responsable, sino conocer qué pasó, saber la verdad y contribuir a la no repetición".4 Según la revista Semana, el marco para la paz constituyó una señal fundamental de voluntad que Santos dio a las FARC-EPcomo garantía para el avance de la segunda fase del proceso de paz en curso.5

El expresidente colombiano Álvaro Uribe- conocido por su preferencia militar a la hora de hablar del fin del conflicto armado colombiano-6 critica a Santos por dicho proyecto, pues según él, el marco para la paz permitiría que «terroristas como Timochenko» puedan ejercer algún cargo público. En respuesta a las críticas,7Santos argumenta que eso no pasará y que personas como Jiménez serían enjuiciadas por los delitos que se le acusen.8

Algunas organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (organización no gubernamental defensora de los derechos humanos) han manifestado su temor de que el Acto podría conducir a casos de impunidad.9

Ante esa preocupación, el Alto Comisionado para la Paz explicó que pretender investigar caso por caso -una "concepción respetable [] para un Estado en paz"- dentro del contexto del conflicto armado colombiano implicaría “acepta[r] una impunidad de facto porque sabemos que no se pueden trabajar los casos de manera individual. Al tratar de investigar de esa manera, pretendiendo hacer lo que no se ha hecho en ningún país, por tratar de hacer más, terminamos haciendo menos”.10

Todo sobre el Marco legal para la paz

Hablar de justicia transicional en Colombia no es algo extraño. Lo novedoso es que se quiera crear un marco constitucional para sentar las bases de la paz y fortalecer el Estado social de derecho. Ese es el objetivo primordial del Proyecto de Acto Legislativo 014/11S-094/11C, promovido por el senador Roy Barreras en la legislatura pasada y que pasó a séptimo debate.

El estudio de la reforma no ha sido pacífico. Desde el momento en que el denominado Marco Jurídico para la Paz fue radicado y recibió el apoyo del Gobierno, algunos sectores de la academia y ONG de derechos humanos han señalado que este desconoce las obligaciones jurídicas internacionales y los derechos de las víctimas.

Eso no es todo. La polémica se nutre de las experiencias dejadas por la Ley de Justicia y Paz (L. 975/05), bajo la cual solo se han proferido siete condenas, y de las expectativas de la Ley de Víctimas (L. 1448/11), que apenas está siendo implementada.

Las pretensiones

Para facilitar la terminación del conflicto armado, la propuesta autoriza la creación de mecanismos extrajudiciales de justicia transicional, el establecimiento de criterios de priorización

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