DERECHO DE ACCION

DERECHO DE ACCIÓN

El derecho de acción está determinado –actualmente— por la influencia que aborda al Derecho Procesal contemporáneo: la pronunciada necesidad de hacer efectivos los derechos constitucionales. Así, “los derechos que aseguren a toda persona la oportunidad de exigir la eficacia de sus derechos materiales tienen una importancia esencial, por tanto, deben tener un reconocimiento constitucional”. Sin embargo, se tiene al respecto que, la esencia del derecho de acción no es puramente procesal; ya que, si bien ésta es su expresión concreta, se trata de un derecho tan estrechamente vinculado al ser de un sujeto de derechos, cuya esencia es constitucional. Entonces, el derecho de acción forma parte del elenco de derechos que son configurativos de los derechos humanos básicos. De ahí que, el derecho de acción sea concebido como un “derecho de naturaleza constitucional inherente a todo sujeto –en cuanto es expresión esencial de éste— que lo faculta a exigir al Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto” (Monroy Gálvez, 1996: 249,271).

Este derecho está distinguido por características especiales. Es público, subjetivo, abstracto y autónomo. Además, es el medio que permite la transformación de la pretensión material en pretensión procesal[29].

Así, “como todo derecho, tiene un receptor y obligado cuando es ejercido”, es decir, alguien que “soporta el deber de satisfacerlo”; y, en este caso, el sujeto pasivo del derecho de acción es el Estado, hacia él se dirige el derecho, “desde que su ejercicio no es nada más que la exigencia de tutela jurisdiccional para un caso específico”. Esta es la razón de su esencia pública. Además, “es subjetivo porque se encuentra permanentemente presente en todo sujeto de derechos por la sola razón de serlo, con absoluta irrelevancia de si está en condiciones de hacerlo efectivo”. Es abstracto “porque no requiere de un derecho sustancial o material que lo sustente o impulse, es decir, es un derecho continente, no tiene contenido; se realiza como exigencia, como demanda de justicia, como petición de derecho, con absoluta prescindencia de si este derecho tiene existencia”. Y, precisamente por ser abstracto, necesita de una expresión concreta, de allí que se instrumente a través de un acto jurídico procesal llamado demanda, mediante la cual un pretensor –demandante— expresa su pedido de tutela jurídica al Estado, manifestando su exigencia al pretendido –demandado— respecto de un interés sustentado en un derecho subjetivo –con relevancia jurídica—. Asimismo, es autónomo “porque tiene requisitos, presupuestos, teorías explicativas sobre su naturaleza jurídica, normas reguladoras de su ejercicio” etcétera (Monroy Gálvez, 1996: 271-272).

Es entonces, el derecho de acción, un derecho público subjetivo, de todos los

...