Delitos Cometidos Por Funcionarios Publicos

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS

SECCION I

 ABUSO DE AUTORIDAD

Artículo 376.- El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

El poder que se le obsequia a los políticos y funcionarios públicos de un país es otorgado con el fin de ser utilizado para mejorar el país en todos sus aspectos. Por lo tanto, quien tenga el poder debe identificar cual es el interés común de los ciudadanos, trabajar por el pueblo y realizar obras que ayuden a muchos y que no afecten a nadie. "Siempre" se busca que el poder se utilice para el beneficio total de la sociedad. Lo que sí es cierto es que “el poder se ha ejercido desequilibradamente y a favor de quienes ostentan otros poderes en la sociedad.” Este problema muchas veces es causado por la corrupción, la mayor fuente de problemas en la política y responsable muchas veces del origen del abuso de autoridad. La corrupción es una de las manifestaciones más claras del abandono por parte de quienes ostentan poder político, de la búsqueda del bien común y su situación por la búsqueda del beneficio propio. Casos de corrupción son buenos para demostrar cuando el poder es utilizado para el beneficio del país o cuando es utilizado con interés personales y fines de lucro.

Un hecho que quedó claro entre presidentes y funcionarios públicos es que no se pueden desligar la ética de la política porque cuando eso ocurre “los deberes de la autoridad se transforman en infamias y arbitrariedades.” (Mora & Rodríguez, 2009) El problema que existe actualmente es que la política se impone sobre la ética lo que crea que no exista algún tipo de equilibrio. En los últimos años, el resentimiento y desilusión hacia la política ha crecido y se puede notar por el incremento de la resistencia civil y la movilización social en los últimos años. Muchas veces por partes de los políticos se ven “maniobras abusivas en materia del dinero o el poder. Los profesionales de la política son asiduos actores de escándalos políticos.” (Mora & Rodríguez, 2009)

Para la época en la que se vive ser político o formar parte de la administración pública es sinónimo de corrupción y abuso de poder.2 Se ha creado una opinión general de que los políticos están pendientes de sus propios intereses y de lucrar con la política, tener una fuente de ingresos con la que pueden vivir sin pasar necesidades. Aunque el abuso de poder no es una característica de todos los políticos ya que existen otros que buscan el bien común del pueblo. Toda la lucha política es una confrontación por el poder y, por ende, por aspirar a controlar el monopolio legítimo de la violencia.

El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa burlas (Humillación), agravios morales o materiales. En sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutar las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. El sujeto pasivo de este delito es la administración pública, y no es necesario que se le haya causado un daño material.

 “Artículo 376-A.- Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios

El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política y/o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación.

El bien jurídico tutelado es, generalmente, la administración pública. Especialmente, estos delitos persiguen garantizar la regularidad y especialmente la legal8idad de los actos de los funcionarios en las actividades propias de su cargo, cuyas violaciones no son castigadas por otras disposiciones legales.

El código no se limita a poner pena de abuso de autoridad y un hecho, sino que describe distintas figuras de mayor o menor gravedad, y agrupa otras acciones, que estrictamente, no pueden ser tenidas en cuenta por abuso de autoridad, si bien no debe olvidarse que la rúbrica del capítulo se refiere a la violación de los deberes de los funcionarios.

El autor, Esta condición objetiva de autor lleva consigo el presupuesto indispensable para que el delito pueda configurarse: la autoridad, es decir, las facultades, poderes y medios inherentes al cargo, de los cuales se abusa. Bien se ha dicho que no puede abusar de su autoridad quien no tienen autoridad. Ello no obsta a la participación de los particulares, como en los demás casos en que la condición de funcionario es elemento del delito, de acuerdo con los principios generales.

Se requiere además, que el autor actúe como funcionario. Los hechos cumplidos fuera de sus funciones, no constituyen abuso. No se puede aquí hablar de relación funcional, porque se trata de hechos ilícitos, y conductas de esa naturaleza no pueden ser propias de ninguna función.

El abuso, que en sí mismo constituye el delito, puede resultar de 2 situaciones: que el acto mismo sea contrario a la Constitución o las leyes, es decir, que lo que sea siempre, y que por lo tanto, ningún funcionario pueda estar facultado para disponerlo o ejecutarlo; que el acto sea legítimo en determinadas condiciones y circunstancias que no se dan en el caso de decir, actos que pueden ser ejecutados como legítimos, pero que no lo son en el caso concreto. El delito consistirá en hacer algo que el funcionario está facultado para hacer, pero que lo hace en situaciones que corresponde, completada la acción subjetivamente por el conocimiento de esa improcedencia. Así por ejemplo, intervenir un teléfono sin orden judicial.

La materialidad. El abuso de autoridad debe cometerse a través de uno de los actos que la ley indica. El hecho puede consistir tanto en dictar resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o a las leyes nacionales. Como en ejecutar las órdenes o resoluciones, ya existentes, o en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe al actor.

Pues, concretarse en alguna de esas

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