Derecho Administrativo IV

Como es sabido, el Derecho Administrativo es la rama de Derecho Público que tiene por cometido regular, precisamente la acción o actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa, la estructura de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones. Para efectos de esta tesis resulta indispensable revisar en qué consiste la actividad del Estado, de qué maneras realiza el Estado dicha actividad, entre ellas la que constituye la función administrativa.

Gabino Fraga, ha definido la actividad del Estado como:

… el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios adecuados para alcanzar tales fines.

Entonces, si las atribuciones se encuentran otorgadas por el derecho positivo, de acuerdo a la ideología prevaleciente en éste, dicha ideología tendrá una gran influencia sobre las diversas tareas que de acuerdo al orden jurídico deban realizarse.

La actividad del estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define por el conjunto de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. La exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o propósitos que una sociedad organizada le ha venido señalando de acuerdo a su propia naturaleza.

Atribución: Siendo las atribuciones medios para alcanzar determinados fínes, es natural que el número y extensión de aquéllas varíen al variar éstos. Los criterios para fijar unas y otras no constituyen cuestiones jurídicas, sino que corresponden al campo de las ciencias políticas.

Las Atribuciones que en esa forma a través del tiempo se han venido asignando al Estado y que en los momentos actuales conserva, se pueden agrupar en las siguientes categorías:

a) atribuciones de mando, de policía o de coacción que comprenden todos los actos necesarios para el mantenimiento y protección del Estado y de la seguridad, la salubridad y el orden públicos.

b) atribuciones para regular las actividades económicas de los particulares.

e) atribuciones para crear servicios públicos.

d) atribuciones para intervenir mediante gestión directa en la vida económica, cultural y asistencial del país.

La doctrina ha distribuido las atribuciones del Estado respecto de los particulares en los tres grupos siguientes:

a) atribuciones del Estado para reglamentar la actividad privada;

b) atribuciones que tienden al fomento, limitación y vigilancia de la misma actividad,

c) atribuciones para sustituirse total o parcialmente a la actividad

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