Derecho Internacional

1.2.3.1 la no intervención

El Principio de no Intervención en el Derecho Internacional Público (DIP).

El Principio de no intervención aparece en 1789 con la Revolución Francesa, quedando plenamente establecida en el año 1793, cuando se aprueba la Constitución Pos Revolución la cual establece lo siguiente:

"Francia no intervendrá en los asuntos internos de otros Estados, de la misma manera no tolerará que ningún Estado intervenga en sus asuntos Internos", de esta misma manera queda establecido jurídicamente y políticamente el Principio de no Intervención.-

El principio de no intervención tangencialmente fue abordado en la lucha por la independencia de los Estados Unidos de Norte América, pero fue su 5to Presidente JAMES MONROE, quién en 1823 con la Doctrina que lleva su nombre la que contiene el Aforismo o Lema "América para los Americanos", quien expresa cual será la política con relación a la nuevas Naciones Latinoamericanas, con el ánimo de someter a su control político total.

El no intervencionismo es la doctrina en política exterior que indica la obligación de los Estados de abstenerse o intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Se deriva de un principio del Derecho Internacional Público, el principio de no intervención que establece la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este principio de no intervención prácticamente equivale al de no injerencia en los asuntos internos de otro país.

El no intervencionismo es una política sólo en el gobierno, por lo que no excluye la intervención no gubernamental por organizaciones como Amnistía Internacional.

1.2.3.2 la inmunidad de jurisdicción

• La inmunidad de jurisdicción y de ejecución

En la vida de la relación internacional los Estados admiten que otros Estados extranjeros mantengan relaciones de muy diverso tipo en el ámbito de su propia soberanía. Como consecuencia de estas actividades pueden surgir litigios en los que los Estados pueden acudir a los tribunales.

Se produce una situación en la que se enfrentan una entidad soberana con otra entidad que también goza de soberanía.

Para armonizar estos intereses contrapuestos se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico internacional la regla o principio de inmunidad del Estado o inmunidad soberana, en virtud del cual los Estados (en determinadas circunstancias) no están sometidas a los Tribunales u órganos administrativos de otro Estado.

Inmunidad significa la falta de poder o la necesidad de no ejercerlo o suspenderlo en determinados casos.

En el orden internacional y en relaciones con los Estados extranjeros la inmunidad presenta 2 modalidades:

• Inmunidad de jurisdicción, en virtud de la cual el Estado extranjero no puede ser demandado ni sometido a juicio ante los Tribunales de otros Estados.

• Inmunidad de ejecución, en virtud de la cual el Estado extranjero y sus bienes no pueden ser objetos de medidas de ejecución o de aplicación de las decisiones judiciales y administrativas por los órganos del Estado territorial.

La inmunidad del Estado no es absoluta dado que como todo derecho, la inmunidad puede ser objeto de renuncia y también tiene límites según la naturaleza del asunto.

Los Estados extranjeros están obligados a observar las leyes del Estado en el que desarrollan sus actividades. Además, los Estados extranjeros están obligados a observar sus obligaciones internacionales y desde este punto de vista, no gozan de ninguna inmunidad del Estado se refiere sólo a los procedimientos judiciales ante los Tribunales de otros países y no afecta en ningún caso a la responsabilidad internacional del Estado, en el caso de incumplimiento de sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y a las controversias en que los Estados sean parte ante los Tribunales Internacionales.

Las normas internacionales sobre la inmunidad del Estado son esencialmente consuetudinarias.

• Alcance de la inmunidad de jurisdicción

Al respecto de la inmunidad de jurisdicción existen 2 concepciones: una amplia (inmunidad absoluta) y otra restringida (inmunidad restringida).

En virtud de la 1ª, los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de un determinado país, incluso si se trata de asuntos civiles o mercantiles. Esta concepción ha sido seguida durante muchos años por los Tribunales británicos y americanos.

Con respecto a la 2ª concepción, supone reconocer la inmunidad de las actuaciones jurídicas y negarla en los casos en que dichos Estados actúen como podría hacerlo un particular.

Esta limitación de la inmunidad se ha justificado con el argumento de que los Estados extranjeros al realizar operaciones comerciales, dejaban de lado su soberanía y se situaban en pie de igualdad con los particulares que contrataban.

Al respecto de la inmunidad hay que hacer una distinción entre actos iure imperi y actos iure gestonis, pues la doctrina de la inmunidad restringida se ha desarrollado partiendo de que gozan de inmunidad de actos realizados por el Estado en el ejercicio de su soberanía (actos iure imperio) y no pueden ampararse en la inmunidad los actos propios de los actos de gestión o administración (actos iure gestionis).

1.2.3.3 La justicia internacional y la inmunidad diplomática

2.- Las inmunidades de la misión diplomática: la inmunidad de coerción o inviolabilidad; las inmunidades de jurisdicción y ejecución; las inmunidades fiscal y aduanera: el artículo 22 del convenio de Viena reconoce el principio de inviolabilidad de locales y bienes de la misión. Estado receptor debe proteger los locales de la misión contra toda intrusión y daño y, además, evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

Este artículo 22 formula el principio de la intangibilidad de los locales, imponiendo al estado receptor la responsabilidad activa de su defensa. Para España la autorización del jefe de la misión es esencial para que no se considere el acto como violación. España respeta el convenio de Viena. Esta posición también se mantiene en la asesoría jurídica internacional del ministerio de asuntos exteriores.

Contenido material de las obligaciones que configuran la regla de la inviolabilidad:

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