Derechos Humanos En Honduras

INTRODUCCIÓN

La libertad, la igualdad y la fraternidad; son los tres derechos que proclamó solemnemente la Revolución Francesa.

El hombre de todos los tiempos y de todas las edades, ha tenido que luchar no sólo por sobrevivir, sino también contra aquellos que simplemente se han opuesto a que él descubra quién es y para qué está en medio de una realidad que muchas veces se torna adversa y que intenta acabar con la existencia de la especie llamada “raza humana”.

En Honduras, como en todos los países del mundo, los hondureños y hondureñas han tenido que luchar para poder promover en el país los llamados Derechos Humanos.

El presente trabajo pretende ilustrar a manera de una presentación sucinta, el nacimiento, desarrollo, evolución e implantación de los Derechos Humanos en tierras hondureñas. La historia marca espacios, menciona a personas, resalta escritos y sobre todo enumera acontecimientos que han dado paso a la lucha por mantener y promover los Derechos Humanos en Honduras.

OBJETIVO GENERAL

Conocer como a través del tiempo se han ido desarrollando los Derechos Humanos en Hondura, la lucha para implementar el respeto a los mismos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Ahondar en la historia sobre todo en la parte donde hubo en el país persecución política y un claro irrespeto a los derechos humanos.

• Conocer acerca del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y sus funciones.

• Conocer en la actualidad de que manera se están implementando el respeto los Derechos Humanos.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

• Reseña Histórica

En 1981 Honduras retorna al proceso democrático después de 20 años de dictaduras militares, pero este retorno del poder a manos de los civiles no significó respeto al Estado constitucionalista ni a los derechos humanos, por el contrario es en esta época que aplica -siguiendo mandatos de los EE.UU- la doctrina de Seguridad Nacional que ya se aplicaba en la América del Sur.

La doctrina incluía violaciones en forma sistemática y selectiva a los derechos humanos. Las violaciones más emblemáticas fueron las torturas, los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas.

Después de 20 años de gobiernos militares, Honduras eligió un gobierno civil. Con el nuevo gobierno entraba en vigor la nueva legislación que incluía un amplio catalogo de derechos humanos, tanto en la Constitución como en la ley penal. Pero también incluía una amplia gama de delitos contra el Estado. En abril de 1982, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 33 conocido con el nombre de Ley Antiterrorista.

La responsabilidad de la seguridad interna recayó en el General Gustavo Álvarez Martínez, formado en las escuelas militares argentinas y responsable de la creación de cuerpos de inteligencia militar, que llevaba a cabo las detenciones ilegales, secuestros, desapariciones y asesinatos. Esos cuerpos realizaban además, interrogatorios bajo tortura y detenciones en cárceles clandestinas.

El descontento social era significativo y se había experimentado un alto nivel de violencia antigubernamental de motivación política.

A partir de 1979 se inicia la represión en contra de los movimientos sindicales, académicos, agrarios, estudiantiles y sociales.

Con el apoyo militar de los Estados Unidos , llegaron al país instructores y asesores argentinos, israelíes, chilenos y de la CIA.

Para el año de 1982, cuando el control administrativo del Estado es asumido por el Presidente Roberto Suazo Córdova, el país se coloca en manos de los militares nacionales y extranjeros. La Contra Revolución Nicaragüense controlaba el sur y el oriente del territorio. Las Bases Militares Estadounidense se ubicaban en Comayagua y Trujillo. Las fronteras con El Salvador y Guatemala eran controladas por las Fuerzas Territoriales, que recibían financiamiento total de los Estados Unidos. A lo interno se crearon los escuadrones especiales antisubversión, entre los más destacados figuran:

Fuerzas Responsables

A partir de 1980 se establecen en Honduras unidades contra insurgentes y de inteligencia militar especializadas, como el cuerpo de policía Antisubversión, conocido como Cobras, las Tropas Especiales para Operaciones de Selva y Nocturnas (TESON), batallón ligero para combatir la subversión.

Escuadrones de la Muerte: Se crearon escuadrones de la muerte dirigidos por oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas, entre estos: El grupo de los Catorce, comandado por el Mayor Adolfo Díaz; la Dirección Especial de Investigación (DIES), dirigida por el oficial de policía Alexander Hernández; Batallón de Inteligencia 3-16 y Fuerzas Contra Revolucionarias de Nicaragua conocidas como los Contras, que apoyaban a los escuadrones de Honduras en los operativos contra disidentes políticos. Las Estructuras judiciales no tenían control sobre ninguno de estos cuerpos.

El Batallón de Inteligencia 3-16 tenía acceso a enormes cantidades de información especial y además tenía la responsabilidad de apoyar a todos los batallones de las fuerzas especiales y asumía el rol de coordinador de actividades de inteligencia, comunicaciones, planificación y programación. Este cuerpo ha sido responsabilizado de cientos de asesinatos políticos, torturas, desapariciones forzadas.

Cuerpos Oficiales: La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNI), sus agentes vestían de civil. Entre sus actividades figuraba combatir las actividades políticas clandestinas.

Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), que era una rama de las Fuerzas Armadas, sus instalaciones eran utilizadas para mantener prisioneros políticos y someterlos a torturas, y muchos de sus comandantes reprimían las manifestaciones públicas y detenían disidentes políticos.

Batallones Especiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Territoriales que recibían financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos.

Ejercicios Militares Conjuntos, denominados Ahuas Tara I y II, ejercicios en el que participaron más de 6,000 soldados estadounidenses.

La mayoría de los jefes de inteligencia, de los cuerpos especiales antisubversión y de los escuadrones de la muerte, eran egresados de la Academia Internacional de Policía con sede en Washington y de la Escuela de las Américas, basada en Panamá.

Práctica de la Desaparición Forzada

En este contexto las detenciones ilegales seguidas de secuestro, ejecución en secreto de la víctima y el ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella del crimen y de procurar la impunidad, además de obtener información de la víctima indefensa, también buscaba crear un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.

La práctica se mantuvo en forma sistemática y reiterada hasta 1989. Pero el fenómeno no se erradicó totalmente. Aún persisten casos, que si bien es cierto no es sistemática y organizada, encara el mismo patrón de impunidad.

Las armas empleadas en la captura eran de uso reservado a las autoridades militares y de policía y se usaban vehículos con cristales polarizados, cuyo uso requiere autorización oficial.

En algunas ocasiones las detenciones se realizaron por agentes del orden público sin disimulo ni disfraz. En otros, eran previamente despejados los lugares donde se ejecutaría los secuestros y por lo menos en una ocasión los secuestradores al ser detenidos por agentes de línea, continuaron libremente su marcha al identificarse como autoridades.

Para 1982, 69 familias eran víctima de la desaparición forzada, y a finales de ese año, el 30 de noviembre, 12 familias se aglutinan y conforman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Que nace con objetivos claros y definidos de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. En algunos casos se logró el objetivo; en la mayoría de ellos este objetivo no se logró. Entre 1980 y 1989 ciento ochenta y cuatro personas desaparecieron sin que las autoridades investigaran y sancionaran a los responsables.

En 1988 y 1989, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable de la desaparición de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Crúz y lo condenó a indemnizar a los familiares de las víctimas y castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992.

Las personas secuestradas eran vendadas, llevadas a lugares secretos e irregulares de detención y trasladadas de un lugar a otro, eran interrogadas y vejadas cruelmente. La mayoría de las víctimas fueron ejecutadas y sus cuerpos enterrados en cementerios clandestinos.

Las autoridades negaban sistemáticamente la detención y el paradero de las víctimas, tanto a sus familiares, abogados o instituciones de derechos humanos, a los jueces ejecutores en recursos de exhibición personal.

Las autoridades militares y de policía como el gobierno y el poder judicial, se negaban y mostraban incapacidad de prevenir, investigar y sancionar los hechos. Tampoco eran capaces de auxiliar a las personas que buscaban información sobre el destino de las víctimas o de sus restos. En las prisiones

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