Papel Del Estado Con Respecto A La Garantía De Los Derechos Humanos En Honduras

Papel del Estado con Respecto a la Garantía de los Derechos Humanos en Honduras

Según la Constitución de la Republica de Honduras, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto #131 del 11 de Enero del año 1982, “Honduras es un Estado de Derecho, constituido como Republica libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”.

Los constituyentes, electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño a inicios de la década del ochenta, luego de una desastrosa dictadura militar, “invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres” decretaron y sancionaron una Carta Magna para fortalecer y perpetuar un “Estado de Derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común”.

De tal forma que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en Honduras existe –como lo hemos mencionado en otros artículos vinculados al tema de los Derechos Humanos- un compendio de condiciones que permiten gozar de un pleno Estado de Derecho y consecuentemente, de un régimen de reconocimiento y protección de derechos fundamentales, y garantías individuales.

Un Estado de Derecho que se base en el principio de la delimitación del poder y que este destinado a respetar, garantizar y/o satisfacer los derechos fundamentales del individuo y su plena libertad. Un Estado de Derecho en donde exista una Constitución, justicia para todos, igualdad ante la Ley, separación de poderes, pluralismo y tolerancia, un sistema democrático que haga respetar la soberanía popular, igualdad de oportunidades y marco jurídico -sin ventajas para nadie- para que genere riqueza la actividad económica.

Un régimen de reconocimiento y protección de derechos fundamentales, y garantías individuales, en el cual reconozcan los llamados derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Así que el rol del Estado, en materia de Derechos Humanos es fundamental, ya sea cumpliendo el deber de respetar, proteger y cumplir los mismos; porque para el Estado, “respetar los derechos significa abstenerse de impedir o limitar las capacidades de la gente de disfrutarlos, incluso por la discriminación. La obligación de proteger implica adoptar leyes y otras medidas para impedir que terceros violen loa derechos humanos y para combatir las principales amenazas a ellos, especialmente para proteger a grupos vulnerables. Cumplir los derechos humanos implica adoptar medidas positivas que faciliten y ayuden a la gente a disfrutar de sus derechos, por ejemplo, crear infraestructura necesaria y desarrollar y ejecutar una política coherente para lograr la satisfacción universal de los derechos. Como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “en la protección de los derechos humanos esta necesariamente comprendida la restricción al ejercicio del poder estatal”. Esto es incuestionable, el poder debe ejercerse a favor de los derechos de la persona y no contra ellos, suponiendo esto, que el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos; ese conjunto de reglas que definen el ámbito del poder y lo subordinan a los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana es lo que configura el anteriormente mencionado Estado de Derecho.

En el caso particular de los derechos de primera generación –los derechos civiles y políticos- solo se requerirá la abstención del Estado; inhibición que garantice el ejercicio pleno de tales derechos y la existencia de “esferas personales individuales autónomas”.

Ahora bien, cuando se trata de dar cumplimiento a los derechos humanos de segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales el Estado tiene una cierta “obligación de hacer” consistente en propiciar las condiciones materiales que hagan factible la realización y satisfacción de tales derechos.

En la Constitución de la Republica de Honduras, se incluyen una serie de responsabilidades directamente vinculadas al Estado, con respecto a los ciudadanos, se ofrece a los hondureños un verdadero “paraíso terrenal”, mismo que contrastado con la realidad actual es puro “papel mojado”.

El papel del Estado en materia de aprovisionamiento de los derechos humanos de segunda generación ha sido mediocre, y pareciera que se le puso una carga que no ha podido soportar, fallando a su mandato constitucional.

Por ejemplo, se dice textualmente que:

a) los ancianos merecen la protección especial del Estado;

b) el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia brindándole a esta especial protección a los menores cuyos padres o tutores estén imposibilitados económicamente para proveer a su crianza y educación

c) el Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores… y con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales vigilara e inspeccionara las empresas, imponiendo en su caso las sanciones que establece

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