Ejes Del Plan Bicentenario

¿Cuáles son los ejes estratégicos que se han planteado y cuál es su jerarquización?

1.- DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS:

El Plan Bicentenario considera indispensable relacionar el desarrollo integral y sostenible con la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

Fortalecer la vigencia de estos derechos implica que toda la ciudadanía, sin excepción, tenga acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente. Y que la consolidación de la institucionalidad democrática y de la participación ciudadana permita que, mediante el consenso, se logren reducir al mínimo las inequidades, la pobreza y la pobreza extrema.

El Plan Nacional de Derechos Humanos contempla como uno de los derechos a alcanzar el derecho al nombre y a la identidad, lo que hace necesario optimizar el sistema de identificación y de registros civiles. En la actualidad, las poblaciones mayor de edad y menor de edad identificadas con DNI llegan al 98,9% y 40,3%, respectivamente. Por ello, la meta propuesta para el año 2021 es que todos los peruanos y peruanas ejerzan su derecho a la identificación al 100%.

Hoy en día, apenas el 14,2% de la población tiene una opinión favorable del sistema de justicia. Debemos lograr que el año 2021 esta percepción sea mayoritariamente satisfactoria.

Debemos propiciar la reducción de las diferencias sociales mediante la erradicación de la pobreza y la extrema pobreza y el acceso a la propiedad de la tierra en favor de las comunidades indígenas. Entre los años 2001 y 2009 la pobreza en el Perú ha disminuido de 54,8% a 34,8%. En el 2021 debe reducirse al 10%. Asimismo, entre 2001 y 2009 la extrema pobreza disminuyó de 24,4% a 12,6%. En el 2021 debe reducirse al 5%.

2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS:

El crecimiento con democratización que el Perú se compromete a lograr para el 2021 incluye el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad (educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana). Para alcanzarlo, se requieren estrategias políticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada.

En lo que se refiere a la educación, el Plan Bicentenario considera como meta triplicar la inversión anual educativa por alumno. En el Perú esta inversión fue de US$ 432,75 el año 2008, mientras el promedio en los países desarrollados fluctúa entre los US$ 8000 y 12 000 anuales por educando. El Plan propone para el año 2021 una inversión anual de S/. 5000 (aproximadamente US$ 1780). Nos corresponde persistir en la erradicación del analfabetismo (que ha disminuido del 11,7% al 8,9% entre los años 2003 y 2009), estando ya bastante cerca el logro de la plena alfabetización de la población del país de todas las edades.

Debe obtenerse una mejor posición relativa del país en el ranking mundial del índice de educación superior y capacitación del ICG (Índice de Competitividad Global). El Perú, que actualmente ocupa el puesto 81 entre 133 países evaluados, debería ocupar el puesto 45 el año 2021, alcanzando al país hoy mejor ubicado de América Latina.

En cuanto a la salud, el Plan Bicentenario considera fundamental que la cobertura del seguro de salud, que hoy beneficia al 35% de la población, esté al alcance del 100% el año 2021. También debemos reducir a cero el número de defunciones de niños menores de un año, que en la actualidad es de 20 por cada 1000 niños nacidos vivos.

3. Estado y gobernabilidad:

El Plan Bicentenario ha tomado en consideración la necesidad de reducir la envergadura del sector público, sobre todo en la capital del país, heredera de una secular hipercon- centración del poder. Al mismo tiempo, juzga indispensable hacer crecer las instituciones del Estado en las regiones, como parte del proceso de descentralización y de erradicación del centralismo.

Hoy, el costo de la planilla del sector público representa solo el 5% del PBI, habiendo sido el doble de esta cifra durante el último decenio del siglo XX; actualmente el número de empleados públicos equivale al 8% de la PEA, cuando hace diez años representaba el 15%.

Esta reestructuración debe armonizar los distintos campos de acción del sector público a escala nacional en los tres niveles de gobierno. Así, la evidencia muestra que el gasto público en sectores productivos tiende a ser proporcionalmente menor (11,1% en el año 2008) frente al incremento del gasto en sectores sociales (47,4% en el año 2008) y el gasto administrativo (30,7% en el año 2008); y hacia el año 2021 se debe buscar el equilibrio entre las distintas

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