El futuro de la nación depende de los magistrados del Trife: AMLO

El futuro de la nación depende de los magistrados del Trife: AMLO

Carta de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, a la magistrada y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2012

CC. Magistrada y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

P r e s e n t e s

Señora y señores magistrados:

Antes de que ustedes emitan la resolución sobre la validez o no de la elección presidencial, y dada la importancia que esta decisión tendrá para el destino de México, les expongo de manera clara y precisa los fundamentos y pruebas que aportamos para demostrar que en dicha contienda se violó flagrantemente el espíritu y la letra del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recurro a esta vía con fundamento en los artículos 12.3 y 16.4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque es público y notorio que el Consejo General del Instituto Federal Electoral no cumplió con su función de garantizar que las elecciones se desarrollaran en condiciones de equidad y limpieza. El día 8 de febrero, en mi carácter de precandidato, presenté, ante esa instancia, una propuesta con doce medidas para garantizar la equidad y autenticidad del sufragio. En particular, enfaticé que se debía actuar de manera preventiva y poner en marcha mecanismos para evitar la compra y coacción del voto, así como la utilización ilegal de los medios de información para favorecer a candidatos y partidos. Sin embargo, tres meses y medio después, es decir, el 25 de mayo, el Consejo General del IFE tomó el acuerdo de desechar mis recomendaciones (anexo el escrito y el fallo de los Consejeros).(1)

Lo más lamentable es que los Consejeros del IFE se han convertido en defensores oficiosos del candidato del PRI y del grupo que lo patrocina, al grado que en el informe circunstanciado que presentaron ante ese tribunal, abiertamente descalifican el valor de nuestras pruebas y recurren a tácticas dilatorias para no entregar a tiempo la información sobre las múltiples irregularidades en que incurrieron nuestros adversarios; en específico, en lo referido a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En razón de lo anterior presento a ustedes un resumen detallado de las pruebas que hemos entregado al IFE en tiempo y forma así como otras supervenientes que dan sustento al juicio de invalidez de la elección presidencial.

Se trata de diez fundamentos básicos que, por separado o en su conjunto, confirman la solidez de nuestra denuncia:

1.Actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto.

Es de dominio público el interés de los dueños de los medios de comunicación, en particular de Televisa y Milenio, para imponer a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República; el monitoreo elaborado por la UNAM a solicitud del IFE, constituye una prueba irrefutable de la falta de equidad que prevaleció durante la campaña presidencial. En ese reporte se señala que el candidato del PRI ocupó el mayor tiempo destinado por los noticiarios de radio y televisión, y aun cuando no se calificaron notas informativas correspondientes a los géneros de opinión, análisis y debate, de 3 mil 853 valoraciones de los cuatro candidatos, Peña Nieto tuvo 668 menciones positivas y 480 negativas, mientras, en mi caso, recibí 477 valoraciones positivas y 974 negativas (anexo estudio completo). (2)

2. Manejo de encuestas en medios de comunicación para hacer propaganda a favor de Peña Nieto.

Desde el primer día de la campaña, apareció una lluvia de encuestas y sondeos de opinión que no paró hasta el día de la elección presidencial. En evidente componenda con el candidato del PRI, empresas como GEA-ISA/Milenio, El Universal/Buendía y Laredo, BGC/Excélsior, Consulta Mitofsky/Radio Fórmula/Televisa, entre otras, se dedicaron a difundir resultados que no correspondían a la realidad y cuyo propósito fue proyectar la imagen de que Enrique Peña Nieto era inalcanzable. Por ejemplo, la encuesta GEA-ISA/Milenio se difundió diariamente en periódicos, radio y televisión, durante toda la campaña. Inclusive, el 27 de junio, último día de campaña, este medio de comunicación, en titulares, sostiene que –“tras 101 días de seguimiento diario electoral” Peña Nieto mantiene una ventaja de 18.4 por ciento, casi tres veces superior al resultado oficial (anexo expediente técnico). (3)

Esta descarada manipulación se tradujo en propaganda disfrazada, promovida por los dueños de empresas de medios de información para eludir la prohibición expresa a los particulares de contratar tiempos en radio y televisión. Es decir, se violaron los párrafos 2 y 3 del inciso g), de la base III, del artículo 41 de la Constitución, así como los artículos 49.3 y 49.4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el “Acuerdo General del Instituto Federal Electoral que estableció los lineamientos y los criterios de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012”.

3.Gasto excesivo en propaganda y en movilización en los actos de campaña de Enrique Peña Nieto.

El 26 de abril de 2012 los representantes de los tres partidos de la coalición Movimiento Progresista presentaron una queja por violación al tope de gastos de campaña por parte del candidato priísta y solicitaron “medidas cautelares para hacer cesar la conducta denunciada, a fin de preservar el principio de equidad y garantizar la validez de la elección”. Se entregaron pruebas que sustentan la estimación de que al 24 de abril de 2012 el candidato del PRI, había realizado un gasto de campaña que ascendía ya a la cantidad de $374’920,338.21, tan solo en rubros de gastos como anuncios de bardas y espectaculares, así como en la realización de actos, con lo que rebasaba lo permitido en $38’808,254.05.

Sin embargo,

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