Estado Y Libertad En La Identidad De Género

Libertad y Rol del Estado en la Construcción de la Identidad de Género

De la misma forma en que Enrique Van Rysselberghe problematiza la incidencia del Estado en las conductas sexuales y/o identidades de género de las personas, las diferentes organizaciones feministas y sociales debaten álgidamente el tema. La discusión actual de la Ley de Identidad de Género se suma al creciente despertar de las personas con orientaciones sexuales y de género “diferentes” que hoy se organizan y muestran con mucha más fuerza en el acontecer nacional, poniendo en la contingencia los derechos que estas personas poseen y/o deben poseer, y como el Estado asegura las condiciones necesarias para que se cumpla el postulado inicial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:“Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. A mi parecer la incidencia del Estado no debería estar en discusión, puesto que, la intervención e influencia de este ya existe incluso antes de legislar. El Estado en sí mismo es un mecanismo de control cultural que permite y/o propicia las condiciones para que ciertos patrones sean imperantes, dando una hegemonía a un grupo de poder por sobre otro.

Remontándonos por ejemplo a la Ley Zamudio, si el Estado deja de legislar o “intervenir”, sostiene un paradigma heteronormante, e incluso peor, permite el atropello de derechos fundamentales de los individuos, dejándolos desprotegidos jurídicamente ante la discriminación social, laboral y cultural que estos enfrentan día a día. Es por esto que cuando el diputado sostiene que existe una ideología global que busca que el Estado intervenga sin límite en las conductas sexuales, metiéndose en la cama de los chilenos y quitando libertad al individuo de vivir su sexualidad de la manera que estime conveniente, está cayendo en una contradicción importante, puesto que el no legislar también puede provocar el efecto que este menciona, mientras que hacerlo puede mejorar las condiciones de pluralidad en la sociedad. Antes de que Van Rysselberghe diga que el Estado no debe legislar, ya existen legislaciones preestablecidas que ignoran las categorías alternativas que hoy reclaman su espacio en la sociedad, definiendo por ejemplo el matrimonio como la unión entre hombre y mujer y supeditando derechos particulares a este tipo de unión, dejando marginada y desprotegida todo tipo de unión alternativa. Entonces, tanto una intervención como una abstención puede ampliar o disminuir las libertades personales, lo importante es determinar cuándo una ley atropella la libertad individual y cuando la protege.

La Ley de Identidad de Género busca permitir un cambio de sexo registral, que admite una diferenciación entre el “sexo biológico” y el “sexo social” (psicológico o identitario) de esta forma y comprendiendo al Derecho como un discurso ideológico, ligado a una opción política, esta ley es más que una norma legal que instaura una política de reparación en términos de derechos humanos. Es, también, una expresión política ideológica que sostiene un contenido normativo que despatologiza, desestigmatiza y descriminaliza los cuerpos y subjetividades de la diversidad trans. La idea es sostener que la masculinidad y femineidad son nociones políticas más que ontologismos o esencia divina.1 Aquí surge la importancia de la diferencia entre “sexo” y “género”, mientras que el primer término hace alusión a características

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