GASTO PÚBLICO vs GASTO SOCIAL

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BARRIOS

FLAVIA

CARINA

GASTO PÚBLICO vs GASTO SOCIAL

“Las dos caras de una misma moneda”

Si caracterizamos al Estado como sujeto de la actividad financiera, llamamos gastos públicos a la totalidad de las sumas que salen de su tesorería para cumplir con los fines de satisfacer las necesidades públicas, lo que no significa que buena parte del presupuesto se vaya en otros fines, lo que en ese caso sería ilegítimo.-  

         En los últimos tiempos, en mi opinión, en Argentina  la expresión “gasto público” viene siendo gradualmente desprestigiado en la generalidad de la opinión pública. Inmediatamente se lo asocia al clientelismo político y su uso sistemático en la continuidad de la maquinaria política del gobierno de turno, estigmatizando a los beneficiarios de los llamados “planes sociales”, quienes en una trampa de dependencia económica, ya no logran escapar.  Con respecto a lo antes expuesto cabe mencionar que el gasto público en los 90 era del 31 % del PBI en promedio mientras que en 2009 ascendía al 43,2 %^[1] donde el mayor incremento se dio en torno al gasto social  “que representaba algo menos del 40% del Gasto Total en 1982 y fue aumentando hasta alcanzar el 67,5% en el 2010, para luego fluctuar alrededor del 65% hasta la actualidad.-^[2]

        Si bien las valoraciones previas para las decisiones en torno al gasto estatal es la “selección de las necesidades de la colectividad que consideran públicas” y la “comparación entre la intensidad y urgencia de tales necesidades” ^[3] existen dudas acerca de si ese incremento ha sido planificado, midiendo y evaluando el gasto y el impacto que tiene sobre las familias; o si ha sido el resultado de una sumatoria de distintos planes, programas y subsidios otorgados por distintos ministerios y secretarías dentro de los tres niveles de gobierno, a lo que se suman las pensiones otorgadas directamente por senadores, diputados y concejales, sin una coordinación realizada en base a un plan estratégico..-

        Bien fuera de un modo o de otro lo real es que en Argentina existen actualmente 58   planes sociales los cuales son otorgados por cinco organismos: La Anses tiene 17 programas para 12.557.647 beneficiarios por $ 30.856 millones. El Ministerio de Desarrollo Social llega a 4.988.606 beneficiarios con 12 programas y $ 25.343 millones; el de Planificación, a 195.280 personas, con 5 planes y $ 5.226 millones; el de Trabajo, a 518.697 personas con 13 planes y $ 2.554 mil millones, y el de Educación, a 257.000, con 11 programas y $ 447 millones.^[4]-

        “El costo de la actividad estatal no puede determinarse en abstracto, sin tener en cuenta lo que el Estado devuelve a los contribuyentes bajo la forma de gasto público”^[5], empero la discusión radica en la uniformidad (o falta de ella más bien) en la que esos ingresos se redistribuyen a la población. Siempre habrá costos y beneficios de cualquier política fiscal donde sin lugar a dudas habrá ganadores y perdedores. Vuelvo a ser positiva… considero que mas ganadores que perdedores.-

        Como lo he planteado hasta aquí pareciera ser que el “gasto público” se reduce única y exclusivamente al “gasto social”, nada más lejos de la realidad, lo que sucede es que los he tomado como línea de referencia y eje central de mi trabajo,  ya que considero a éstos (gastos sociales) el “talón de Aquiles”  de la actividad  financiera por el gran impacto a corto plazo que tiene en la sociedad, ya que como plantea  Villegas (Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Capítulo II. Gastos públicos) “el gasto público no es un simple “dato de hecho” sino uno de los momentos determinantes de la actividad financiera… y que tiene influencias decisivas  sobre aspectos tan esenciales como la plena ocupación, el consumo, el ahorro y la inversión”.-

        En el mismo orden de ideas es oportuno tratar el tema del REPARTO considerando el mismo con relación al lugar  y al tiempo. Con relación al lugar hay diversas teorías una de ellas dice que “el reparto debe efectuarse proporcionalmente a los ingresos que el Estado obtiene de cada región, mientras que otra sostiene   que el gasto debe efectuarse donde sea necesario sin importar el origen de los recursos.

Con respecto al lugar cabe destacar que  la “Zona Norte del país el ingreso per cápita es un 35% inferior al promedio nacional, la pobreza es 4 veces mayor que en la capital y la distribución del ingreso es más desigual”^[6] por lo que el Estado nacional debería poner mucho mayor empeño en desarrollar programas de protección social y fomentar el empleo en estas zonas tan desfavorecidas y vulnerables. Se requiere de forma urgente del diseño e implementación de nuevas políticas públicas para reducir la pobreza en las zonas pobres. Hay un viejo dicho popular que dice “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”… lamentablemente en muchos casos es real.-

Con relación al tiempo, Villegas dice que es “justificado  distribuir el gasto en diversos ejercicios financieros cuando se trata de gastos públicos cuantiosos. El hecho de diferir el gasto en el tiempo representa ciertas ventajas, entre las cuales se indica la de permitir la ejecución de grandes trabajos públicos reduciendo el empleo del ahorro nacional”. Ahora bien, si de obras se trata este es una posibilidad muy beneficiosa, la pregunta es: ¿Qué sucede con las políticas sociales y su sostenimiento en el tiempo? Hasta el momento no hemos podido ser testigos de la suerte que correrán esos “gastos sociales” en su mayoría implementados por el gobierno en turno, pero este “reparto” en el tiempo de estas políticas sociales se verán seriamente afectadas en cuanto las riendas del poder político sean tomadas por otras manos con otras prioridades e intenciones.-

Haciendo referencia a los límites del gasto público, el autor plantea que “ninguna Nación puede disfrutar más de lo que produce”, mientras que otros autores modernos sostienen que “los gastos públicos pueden llegar hasta aquél límite en que la ventaja social que brindan, se compensa con los inconvenientes de las amputaciones hechas al ingreso de los particulares”. Considerando  que los gastos públicos en Argentina ascienden a un 44% del PBI  la discusión gira en torno a la calidad de esos gastos sobre todo a aquéllas cuestiones  relacionadas con la infraestructura que permita mejorar las capacidades productivas y el nivel de vida de la población. Entre el año 2003 y 2012 el gasto total consolidado pasó del 27,5% a un 43,9% siendo alrededor del 80% destinado a  Personal,  Seguridad Social y Transferencias Corrientes al Sector Privado entre las que se incluyen los subsidios a las empresas.^[7]

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