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Garantias Individuales


Enviado por   •  5 de Noviembre de 2013  •  8.569 Palabras (35 Páginas)  •  547 Visitas

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON

DE LA CARRERA DE DERECHO

GARANTIAS INDIVIDUALES

PROFESORA: CONDE BARAJAS BLANCA ESTELA

PRESENTA:

COTERO AMADOR KAREN

GONZÁLEZ MARTIÑON ABRAHAM SADAI

PONCE TOLEDO STEPHANIE GUADALUPE

SÁNCHEZ CABRERA JESSICA PAOLA

SANTIAGO VELASQUILLO ALBERTO

ÍNDICE

7.1 Artículo 21 Constitucional

7.1.1 El Ministerio Público

7.1.1.1 Facultades de investigación y persecución de los delitos

7.1.1.2 La policía judicial o ministerial subordinada al Ministerio Público

7.1.2 La accion penal como facultad exclusiva del Ministerio Público

7.1.2.1 Ejercicio de la acción penal

7.1.2.2 determinacion de no ejercicio de la accion penal

7.1.2.3 Desistimiento de la acción penal

7.1.3 La impugnación por vía jurisdiccional de la determinación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal

7.

7.1 ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL

En este precepto descubrimos las garantías específicas de seguridad jurídica, la facultad de investigación de delitos, acción penal, imposición de penas, infracciones administrativas, el criterio de oportunidad que considera el Ministerio Publico.

El reconocimiento en cada caso de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por parte del Ejecutivo Federal con la aprobación del Senado ,de la seguridad pública por medio de la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, el establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal por las instituciones de seguridad pública, la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos como la participación social y fondos de ayuda.

7.1.1 EL MINISTERIO PÚBLICO

Tiene vida efectiva en aras del principio acusatorio en materia judicial penal y en cuya observancia se ha fincado la imparcialidad en la administración de la justicia criminal.

7.1.1.1 FACULTADES DE INVESTIGACIÓN Y DE PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS

En relación con la titularidad persecutoria de los delitos, que se imputa con exclusividad por la constitución al Ministerio Publico, se presenta una cuestión de cuya solución pueden derivarse tremendas consecuencias prácticas. En efecto siendo dicha entidad la titular exclusiva y excluyente de la mencionada facultad, teniendo, por tanto, una potestad “soberana” en cuanto a la pertinencia o improcedencia de su ejercicio, puede suceder que el Ministerio Publico se abstenga y legal e ilegítimamente de acusar a una persona como autor de un delito, no obstante que este y la presunta responsabilidad de aquella sean evidentes. El ofendido en este caso, según lo ha asentado la Suprema Corte, no tiene ningún derecho para impugnar jurídicamente el acuerdo del Ministerio Publico en el sentido de no ejercitar la acción persecutoria, por lo que la vida, honra, intereses, etc.; de los sujetos pasivos de una infracción penal queda al arbitrio de la citada Institución.

Incumbe al Ministerio Publico y a la policía Judicial art 102

INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, LA PERSECUCION, ANTE LOS TRIBUNALES, DE TODAS LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL; Y, POR LO MISMO, A EL CORRESPONDERA SOLICITAR LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA LOS INCULPADOS; BUSCAR Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS; HACER QUE LOS JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD PARA QUE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA; PEDIR LA APLICACION DE LAS PENAS E INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE LA LEY DETERMINE.

Esto se da en 2 periodos

a)Averiguación o investigaciones previas, que está integrada por diligencias de comprobación de los elementos consignados en el art. 16 Constitucional para el libramiento judicial de la orden de aprehensión, diligencias que se llevan a cabo exclusivamente ante el Ministerio Publico en forma secreta, o en su defecto, ante las autoridades que tengan facultades legales de Policía Judicial, y

b) Aquel en que el Ministerio Publico figura como parte en el procedimiento judicial tendiente a la determinación de la pena correspondiente, procedimiento que se inicia con el ejercicio de la acción penal ante el juez competente.

Tanto las diligencias de investigación como el ejercicio de la acción penal y la facultad acusatoria, como ya dijimos, son propias y exclusivas del Ministerio Púbico, de tal manera que los jueces que conocen de un proceso penal, en la generalidad de los casos no pueden oficiosamente allegarse elementos de prueba de un delito o de la responsabilidad del acusado, ni iniciar el juicio sin el previo ejercicio de la mencionada acción ni continuar el procedimiento si ha habido desistimiento de esta por parte de su titular constitucional o conclusiones de no acusación .

7.1.1.2 LA POLICÍA JUDICIAL O MINISTERIAL SUBORDINADA AL MINISTERIO PÚBLICO

La Persecución e investigación de los delitos incube solo al Ministerio Público, el cual se auxiliara con un “policía” que estará bajo su autoridad y mando inmediato.

7.1.2 LA ACCIÓN PENAL COMO FACULTAD EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El ejercicio de la acción penal, como facultad exclusiva del ministerio público, se apoya en supuestos definidos, como la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

7.1.2.1 EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

Se entiende por acción penal la facultad de

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